La sanción de la Ley 27.432 en 2017, que estableció que partir del 31 de diciembre de este año se llevará a cabo el recorte de asignaciones específicas de recursos para la cultura y la comunicación, genera preocupación en el ambiente cultural.
En este contexto, el pasado lunes se realizó una manifestación de trabajadores y cineastas frente al INCAA (Buenos Aires), que puso de manifiesto la grave situación que atraviesa el sector.
Al respecto, el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), Mario Giménez, contó a FM 89.3 Santa María de las Misiones, su pesar porque se trató de una manifestación pacífica, después de varios intentos de lograr una reunión entre organismos provinciales y la Comisión directiva del INCAA, con el fin de acercar propuestas y tratar de sobrellevar la difícil situación que atraviesa el cine y la producción audiovisual a nivel nacional, pero “se llegó a una instancia límite que encima terminó de la peor manera con lo que todos vimos, con la policía reprimiendo como si fuera que se trataba de un acto belicoso, cuando en realidad fue una manifestación ordenada de lo más civilizada e insisto, llega luego de muchos intentos de dialogar”.
En relación a la gestión del cineasta Luis Puenzo, frente al INCAA, Giménez, comentó que a su parecer “escuchó muy poco al interior del país” y parte de ello se vio, se reflejó en las recientes manifestaciones frente al organismo nacional . A su vez explicó que hay dos cuestiones y una es la preocupación que existe con respecto a la caducidad de los fondos específicos para este año que se va a dar “si no prospera un proyecto de Ley que está en la Cámara de Diputados y que establece prorrogar las asignaciones específicas”.
Cabe recordar que dichos fondos provienen de una serie de impuestos de los cortes de entradas a todas las salas, como así también de los espacios televisivos y que parte de esa recaudación va directamente al INCAA y “si no se logra prorrogar este mecanismo a partir del año que viene, todo eso va a ir a Rentas Generales y el INCAA va a perder la autarquía, porque va a tener que solicitar a la Administración Central que le transfiera partidas con lo cual se va a producir una merma y una relentización de la producción, sobre todo en la producción federal”, advirtió.
En este sentido, el titular del IAAviM, manifestó que es “la producción que se da en el interior del país, que son las casas productoras más chicas y que dependen fundamentalmente de la financiación pública. Las grandes empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires, en general tienen vinculación con las plataformas internacionales o tienen otros mecanismos financieros que les permiten, a lo mejor, sobrellevar la situación con mayor independencia, pero la producción del interior del país es la que garantiza esa polifonía de voces que realmente necesita del fondo público, que es un fondo genuino”. A su vez el funcionario, agregó que por ello se le reclama, estos últimos años una cierta inacción por parte del INCAA, algo que “lo venimos planteando hace mucho desde Misiones en todas las asambleas generales. Desde el 2020 en adelante venimos alertando sobre esa preocupación que tenemos”, advirtió.
Otras de las situaciones que “colmó el vaso” en el sector cultural tuvo que ver con el borrador de un Decreto que empezó a circular desde el INCAA en el cual por un lado se establece un costo de una película de audiencia media en 96 millones de pesos. “Es muchísimo, es muy alejado de la realidad de la producción del interior del país”, comentó el funcionario, quien a su vez, indicó que en tal caso el INCAA financiaría únicamente un pequeño porcentaje, lo que significaría, que para realizar una producción audiovisual harían falta “fondos privados que en general, suceden solamente en la ciudad de Buenos Aires, el resto del país en general, no tienen esos mecanismo financieros para valerse ante esta retirada del INCAA”, advirtió.
A su vez, Giménez celebró que la Secretaría de Estado de Cultura provincial, a cargo de Joselo Schuap, se ponga al frente de este reclamo y aclaró que será el interior del país, el más afectado con esta situación “es algo que lo venimos manifestando hace mucho tiempo”.
Además, el referente lamentó que no se haya tomado en cuenta la colaboración de las provincia en buscar una solución para “tratar de frenar esto y ahora tenemos que salir a la calle y de alguna manera manifestarnos y hacernos sentir, porque esto si realmente sucede sería prácticamente poner a la cultura nacional en terapia intensiva y esto es, no solamente restar nuestra idiosincrasia como comunidad, sino también un montón de fuentes de trabajo amenazadas y que hoy por hoy, están realmente en la cuerda floja”. Y agregó que más allá de los trabajadores de la industria audiovisual esta situación involucra a la comunidad en general porque “es una cuestión de soberanía”, finalizó.
Problema en puerta
En 2017 se sancionó la Ley 27.432, que estableció un límite temporal a un conjunto de asignaciones específicas de recursos para la cultura y la comunicación. Ese límite está fijado el 31 de diciembre de 2022.
