Para cumplir con dar inicio al debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó este lunes en el Senado, donde alertó sobre las consecuencias “desestabilizantes” que tendría caer en default, debido a la carga récord de vencimientos que la Argentina tiene para este año y el que viene, de alrededor de 40 mil millones de dólares.
Como hace una semana atrás en Diputados, fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el primero en hacer uso de la palabra. Tras su extenso discurso, pasadas las 15.30, arrancó Guzmán remarcando la importancia de que se discuta en el Parlamento un acuerdo entre el Gobierno nacional y el Staff del Fondo Monetario Internacional. “Es un proceso que nos enriquece como república”, resaltó.
Tras repudiar en el inicio de su exposición “el acto de violencia contra las oficinas de la Vicepresidenta de la Nación” registrado el jueves pasado, el funcionario comenzó explicando qué se busca con este acuerdo, y señaló en primer lugar “poder abordar el problema que se presenta en la balanza de pagos de la Argentina para el año corriente y los próximos dos años”.
“Argentina tiene una carga récord para el corriente año de 19.000 millones de dólares, y de 20 mil para 2023. Estos son montos de niveles tales que no hay ninguna posibilidad de hacerles frente sin financiamiento”, explicó el ministro de Economía, que alertó sobre un “potencial desestabilizante con consecuencias potenciales cambiarias, inflacionales, de producción, de empleo y sociales severas”.
Así las cosas, Guzmán sostuvo que “la Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante que constituiría no poder hacer frente a estos pagos programados”. Y agregó: “Buscamos evitar que la Argentina tenga una situación de profundo estrés con consecuencias negativas sobre el empleo, la pobreza y la distribución de los ingresos”.
Todo esto es producto del programa stand by acordado en 2018, por el cual se desembolsaron 44.500 millones de dólares, lo que consideró un “récord histórico para el FMI. Nunca se dio una situación en la cual una nación recibiera un financiamiento de esos montos”, remarcó.
Al ser acordado, sostuvo, se hizo sobre la base de un esquema de políticas que se argumentaba que iban a ser efectivas para “restablecer la confianza en la Argentina y atacar el problema inflacionario. Nada de eso ocurrió”, afirmó, enfatizando que el propio Fondo “indicó que el programa falló en alcanzar todos los objetivos que se habían planteado. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció que los distintos pilares en los que se basó el programa fueron inconducentes en el sentido del programa que se había trazado”.
Guzmán señaló que el financiamiento otorgado “fue utilizado en buena medida en financiar la formación de activos exteriores y salida de capitales. Se utilizó otra parte del financiamiento para afrontar pagos de deuda privada que luego fueron clasificados de insostenibles”, por lo que la totalidad del préstamo de 44.500 millones de dólares “fue para hacer frente a pagos de deuda con acreedores privados que muchos considerábamos que eran insostenibles y a financiar la salida de capitales de la Argentina”.
“Las consecuencias se ven en estos momentos cuando comienzan a vencer las cuotas de amortización de capital”, remarcó.
A continuación planteó el contexto internacional “sumamente delicado y complejo” que se vive hoy en el mundo. A la pandemia agregó ahora el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania “que ha implicado impactos significativos en los precios a nivel internacional”, con impacto en la canasta alimentaria argentina, agregó.
“Hoy se ve en los precios que se pagan en los commodities, con un aumento significativo de precios” y puso el caso de alimentos que insumen trigo, huevos, aceite. “Esto está afectando la situación económica de la Argentina”, advirtió, considerando que en este contexto “es responsabilidad de nuestro Gobierno construir certezas en un contexto de incertezas”.
Por eso consideró necesario “resolver las tensiones en la balanza de pagos”, y por ello habló en primer lugar del objetivo de poder contar con el financiamiento para hacer frente a los financiamientos establecidos en el programa stand by de 2018.
Para ello, dijo, “se requiere acordar un programa que incluye una serie de compromisos y metas de política económica. Lo que el Gobierno nacional ha hecho es negociar un conjunto de condiciones que san conducentes con los objetivos económicos y sociales que apuntamos”.
Guzmán contó que con el Fondo se negocia en dos niveles. Con el staff, en construir condiciones que den lugar a un programa con los objetivos dados; y con los accionistas, que son los países del mundo, para construir condiciones financieras que protejan las distintas economías del mundo, en especial la Argentina.
Desde el punto de vista estructural del programa, el ministro señaló que “ha ido dándose un proceso de construcción de entendimientos. Se considera que la principal restricción al crecimiento es la externa, la restricción de divisas”, dijo, por lo cual “es fundamental contar con la capacidad de dar desarrollo a los sectores con capacidad de generar divisas”.
Habló de la necesidad de profundizar el desarrollo del mercado de capitales y de la deuda pública en nuestra propia moneda, para que haya mayores capacidades de financiamiento.
Resaltó que se ha logrado establecer un esquema diferente de lo que históricamente han sido los programas del FMI, que se han enfocado en reformas del tipo laboral, jubilatoria… No hay en este programa acordado “reformas que desde lo estructural quiten derechos”, aseguró nuevamente Guzmán.
En otro pasaje el ministro de Economía habló del objetivo de lograr un crecimiento de reservas que sería del orden de los 5.800 millones de acumulación para este año y 15.000 para el período 2022/2024.
Luego habló del sendero fiscal, persiguiéndose objetivos de corto y mediano plazo. En ese sentido destacó el rol que para el Gobierno nacional cumple el Estado en la economía, para “apuntalar la recuperación económica en curso y contribuir condiciones que den lugar a un mayor dinamismo de la economía”.
Tras señalar la necesidad de evitar ajustes del gasto real que “desestabilicen la recuperación en curso”, se refirió a la reducción gradual del déficit fiscal para poder fortalecer el crédito público y la moneda en un contexto en el que las restricciones crediticias son operativas en Argentina.
Martín Guzmán planteó la necesidad de reducir la emisión monetaria y dijo que se plantea un objetivo de resultado primario fiscal de 2,5% en 2022; 1,9 en 2023 y 0,9 en 2024; y financiamiento del Banco Central al Tesoro del 1% del producto en 2022; 0,6 del producto en 2023, convergiendo a 0 en el 2024.
El ministro de Economía cerró valorando la herramienta que dispone requerir la aprobación del Congreso “porque son decisiones que tienen impacto en la vida de los argentinos y las argentinas por generaciones. Entonces no es sano que un gobierno de turno pueda actuar en una forma que sin un amplio respaldo implique la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Argentina”.
Fuego amigo
Algunos de los cuestionamientos más duros al programa económico acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional llegaron desde la propia coalición oficialista. Más allá de la crítica “política” al resultado de la negociación, que mira de reojo cómo se llegó a este desenlace o qué cuestiones podría haber discutido con más dureza el ministro Martín Guzmán, subyace además una reprobación del sendero de políticas económicas consensuado con el FMI.
Así, para algunos economistas y centros de estudios con afinidad al kirchnerismo, crítico de la negociación con el Fondo, un programa de estas características es “inconsistente”, implica medidas que interrumpirán la tendencia de recuperación económica y provocarán una recesión, una caída mayor del salario real y de las jubilaciones, un aumento de la pobreza y además, afirman, tiene metas económicas poco cumplibles y con un Poder Ejecutivo que perderá margen para actuar por los propios límites que le impone el acuerdo.
En la Cámara de Diputados el proyecto de ley para autorizar la refinanciación de la deuda con el FMI contó con más votos positivos desde la bancada opositora que desde el propio oficialismo. La Cámpora votó por la negativa al igual que dos legisladores de Patria Grande. En definitiva, el Frente de Todos tuvo 28 votos negativos y 13 abstenciones en sus filas. Consultados por Infobae, desde el Ministerio de Economía no realizaron comentarios sobre las críticas económicas al acuerdo que partieron desde la propia coalición.
Para la consultora Programa Económico, de la exdiputada Fernanda Vallejos “el diseño del programa no resulta consistente con la expansión del consumo y la inversión, lo cual reduce las probabilidades de evitar un sendero de ajuste (estancamiento o retracción del PBI), como consecuencia del programa de políticas, mientras que la regla fiscal no parece dejar espacio para una expansión significativa del gasto público”, mencionaron en un informe reciente.
En ese sentido, cuestionaron también las proyecciones de inflación acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que prevén para este año una suba de precios en un rango de entre 38 y 48%.
“Es un objetivo desafiante, teniendo en cuenta la reaceleración inflacionaria de diciembre (3,8%) y enero (3,9%), en un contexto de precios internacionales al alza, impactados por el contexto bélico en Ucrania, junto con la regla cambiaria que propone el programa (aceleración de la tasa de devaluación) y la nueva política tarifaria que el mismo plantea”, apuntó ese centro de estudios.
“Pareciera que quieren proscribir a la parte mayoritaria”
La media sanción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sirvió para visibilizar heridas internas profundas en el Frente de Todos, muchas de las cuales se arrastran desde el quiebre surgido en septiembre del año pasado tras la dura derrota oficialista en las elecciones primarias.
Esta vez, la fractura se expuso dentro y fuera de la Cámara. Primero con las divisiones a la hora de votar el proyecto enviado por la Casa Rosada y luego por la reacción de la coalición de gobierno frente al ataque a pedradas al despacho de Cristina Kirchner.
Andrés “Cuervo” Larroque, que el fin de semana se quejó públicamente ante la falta de una condena pública del Presidente a los incidentes en la oficina de la Vicepresidenta, acusó ahora al sector del Frente de Todos liderado por Alberto Fernández de intentar proscribir al kirchnerismo.
“Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la metralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, aseguró.
Y ante una repregunta durante un reportaje concedido a Víctor Hugo Morales en AM 750, Larroque reiteró: “Pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de la fuerza y tenemos que actuar rápido”.
Producto del malestar interno que hay en el Frente de Todos, el ministro bonaerense de Desarrollo Comunitario reclamó el sábado en redes sociales por el silencio y la parsimonia de la Casa Rosada luego del ataque al despacho de la Vicepresidenta. Este lunes, “El Cuervo” explicó el contexto de su enojo: “Veíamos con muchos compañeros que no había un pronunciamiento público contundente del núcleo central del Gobierno ante un hecho que tiene una inusitada gravedad; esto es como si hubieran destruido el despacho del Presidente”.
“Nos llamaron mucho la atención las diferencias: cuando hubo una situación con el Grupo Clarín, que nosotros como organización (La Cámpora) repudiamos, el Presidente, el ministro Aníbal Fernández y la vocera Gabriela Cerruti lo repudiaron”, comparó.
