El juez de Menores de Posadas César Raúl Jiménez descartó cualquier posibilidad de investigar penalmente los casos de acoso y abuso sexual denunciados en los últimos días por alumnas del Instituto Roque González, a manos de sus compañeros varones.
Es que, tal y como explicó a la FM 89.3 Santa María de las Misiones, “la ley penal alcanza a menores de 16 y 17 años, los demás son no punibles, por consiguiente no puede haber proceso penal con un menor de 15 ó 14 años“.
En esos casos, “sí se puede trabajar en medidas socio educativas, que establece la Convención (de los Derechos del Niño) y todos los tratados internacionales que son garantías constitucionales; entonces veremos en principio la edad de aquellos que supuestamente han cometido el ilícito”.
“Pero no es menos cierto que podemos trabajar y vamos a trabajar ante la existencia de un tipo penal específico, vamos a trabajar con un gabinete interdisciplinario con el que cuenta este Juzgado: un psicólogo, psicopedagogo, trabajadores sociales… Pero es un proceso especial y el tratamiento no es el mismo que para un adulto“, matizó.
Una vez que “lastimosamente se ha judicializado” el caso, “obviamente es una obligación del Ministerio Público hacerlo” y “tomaré cartas en el asunto”, confirmó Jiménez. Pero advirtió que “la judicialización no va a solucionar este problema, la forma de revertir estas situaciones de conflicto es a través de la ESI (Educación Sexual Integral)”.
“Si no las abordamos desde la raíz, se van a repetir en otras instituciones educativas. Acá necesariamente tenemos que darnos cuenta de que vamos a a tenemos que empezar a a ver la sexualidad con perspectiva de derechos y para esto necesitamos el involucramiento total y definitivo de la comunidad educativa“, remarcó.
Al respecto, adelantó, “vamos a intentar de implementar talleres o seminarios dentro de las instituciones educativas, por supuesto esto va a requerir de todo un trámite administrativo, autorización y todo eso, pero creo que es la salida”, insistió.
Además, advirtió que “es un error pensar en la expulsión o en la sanción como solución del conflicto”. Para el juez, los alumnos apuntados como autores de los mensajes y los maltratos “deben continuar” en la institución educativa, “pero previamente tener la participación importarte con una psicopedagoga, con una psicóloga del colegio“.
Parte de la sociedad
Jiménez, quien la semana pasada se hizo presente en el colegio cuando estalló el conflicto, para reunirse con el colectivo femenino denunciante, describió las “varias sensaciones” que percibió: “Había un grupo angustiado, un grupo con mucho enojo y un núcleo que quería realmente resolver la situación en forma más pacífica. Las sensaciones son muy individuales y, en el caso de los educadores específicamente, también están muy preocupados por la situación”.
Consultado por qué ocurren estos episodios, el juez opinó que “estamos todavía en presencia de un sistema patriarcal y machista en donde un pibe no es que un día salió de su casa para ir a la escuela y se le ocurrió levantar la pollera y tocarle la cola (a una compañera): hay estereotipos que debemos necesariamente desvincular de la sociedad y esta tarea es una tarea que tenemos que hacer desde los diferentes lugares del Estado, pero también la sociedad”, por lo que abogó por la plena implementación de la “Ley Micaela” y de la Educación Sexual Integral.
