La fiscal de la Fiscalía Correccional y de Menores 1, María Laura Álvarez requirió ayer instrucción formal contra seis menores, todos alumnos del Colegio Roque González “por surgir de los términos de las publicaciones de los medios y de las capturas de pantallas de chat entre los menores imputados ‘prima facie’ la comisión del delito de distribución de material con contenido sexual, previsto y penado en los artículos 119 y 128 del Código Penal Argentino”.
Según fundamentó la fiscal, “de la información obtenida, los alumnos les levantaban las polleras, le sacaban fotografías de las partes genitales de sus compañeras de curso y las distribuían con fines sexuales a grupos de Whatsapp, y las manoseaban, vulnerando así su derecho a no involucrarse con comportamientos sexuales no deseados y disponer libremente de su cuerpo y su sexualidad. Sin perjuicio de ello, los mensajes hacen alusión a violación, torturas y hasta rapto hacia sus compañeras de curso”.
Calificación legal
Según el pedido de instrucción, “de lo relatado surge ‘prima facie’ la comisión de los ilícitos penales que este Ministerio Público estima, encuadra en los tipos penales del delito previsto en los artículos 119 y 128 del Código Penal”.
Estos artículos establecen que “será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”, además, según establece el inciso a) “producir, financiar, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir representaciones de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
Ordenó secuestro de celulares
Por todo ello, la fiscal solicitó que se cite a la denunciante (madre de una de las alumnas afectadas) a que ratifique, rectifique o amplíe su denuncia a los fines de aportar mayor información sobre los hechos denunciados a los menores imputados.
Además, la fiscal propuso que se ordene la atención psicológica de la víctima. En tanto, dispuso que se notifique a los menores imputados de la instrucción y se invite a designar abogados de su confianza bajo apercibimiento de designarse defensor oficial. Ordenó también el secuestro de los celulares de los menores imputados y se ponga a disposición de la Secretaría de Delitos Informáticos.
