
Un centro de estudios clínicos próximo al Hospital Ramón Madariaga, fue allanado ayer por orden del Juzgado de Instrucción 3 para determinar si en ese lugar una mujer ingresó con su hija de 12 años para que le realizaran una ecografía y confirmar si estaba embarazada. En el procedimiento no se obtuvieron registros en ningún soporte, pero uno de los profesionales que allí trabaja remarcó haber atendido a una mujer mayor de edad y una niña en ese estado.
El operativo lo realizaron efectivos de la Dirección Homicidios y Policía Científica, y correspondió además para que se tomen datos e imágenes del lugar que podrán ser cotejados tanto con la madre como la menor.
Este allanamiento se concretó 21 días después del desplegado en una vivienda del mismo barrio donde la niña habría sido llevada para que le practicaran un aborto clandestino, pero no precisamente como parte del protocolo ante casos de abusos sino para encubrir al supuesto abusador, su padrastro de 55 años detenido desde mayo pasado, tal como lo publicó este Diario.
También fueron investigadores de Homicidios y peritos de Científica quienes relevaron con fotografías el inmueble, tomar todos los datos escritos posibles y demás material que será cotejado con la víctima, oportunamente y bajo los cuidados para evitar la revictimización de la menor.
En este lugar se buscaron pruebas y evidencias para fundamentar el relato en Cámara Gesell de la niña, que confirma que fue abusada y apunta a su padrastro como el responsable pero también involucra a su madre como presunta encubridora del delito contra la integridad sexual para el que habrían llevado a este sitio para que se le practicara una intervención quirúrgica e ilegal, porque no fue denunciada y con la firme sospecha de haberse realizado a cambio de dinero, en condiciones de salubridad bajas o nulas.
La vivienda corresponde a un médico, fallecido hace pocos días, condenado a diez años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en 1976. Estaría descartado que el aborto practicado se realizó varios meses antes que el médico falleciera. Por lo que no quedaría involucrado en la causa como imputado en el encubrimiento por estar extinta para la ley su responsabilidad.
Denuncia paterna
El jueves 20 de mayo de este año un hombre de 55 años fue detenido por investigadores policiales en Garupá. Lo buscaron por orden del juez Verón por el delito de “abuso sexual agravado” de su hijastra quien habría sido obligada a abortar clandestinamente y, se presume, con el consentimiento de la progenitora de la víctima.
El sospechoso con domicilio en el barrio Rocamora, fue atrapado en el acceso al casco urbano de Garupá gracias a un operativo con policías de civil apostados en lugares estratégicos, ya que el presunto abusador intentaba esconderse o escapar de la provincia.
La denuncia fue presentada ante la fiscal de Instrucción 3, Adriana Marcela Verónica Herbociani quien acompañó el pedido de aprehensión emitido por Verón pero también avanzó en los análisis para determinar la participación de la madre de la niña. Quien fue excarcelada en julio bajo caución y continúa supeditada a la causa.
El denunciante es el padre (48) biológico de la víctima y habría recurrido a la Justicia apenas la menor le confesó su padecimiento.