A poco más de cinco meses de la muerte de una joven que vivía en la comunidad mbya Tarumá Poty cercana a la localidad de San Vicente, la Justicia avanza con las pruebas que obran en contra de quien era su pareja, un cacique de 36 años.
En los últimos días más testigos aportaron su testimonio en la causa y apuntaron contra el hombre sobre quien se sospecha mató deliberadamente a María Solange Diniz Rabela (24), quemó su cuerpo y la enterró para ocultar el crimen.
El caso es investigado por el magistrado Gerardo Casco, titular del juzgado de Instrucción 3 de San Vicente. Este martes y miércoles fueron citadas a la sede judicial dos mujeres que conocían al acusado y a la joven asesinada. Según se pudo saber, ambas señalaron que la relación de pareja entre el cacique y la joven era violenta y confirmaron que había maltratos físicos y verbales.
Si bien eso lo definirá la Justicia, estas declaraciones comprometerían aún más al cacique, dado que así se sumarían más elementos en contra de la coartada que esgrimió cuando fue detenido. Cuando la policía inició las averiguaciones, le preguntaron que había sucedido con su concubina y él les respondió que se había muerto sin más, de un día para el otro, pero como había tenido un cuadro de fiebre, temió que hubiera fallecido por COVID-19, por lo cual decidió incinerar el cuerpo y luego enterrar las partes cerca de la aldea.
Entre las cenizas la policía encontró restos de una cama, que se supone fue donde la puso para prenderla fuego. Ante esta situación el juzgado ordenó que se detuviera al sospechoso bajo la presunción de femicidio.
En el expediente figura además el testimonio de una médica que hacía atenciones en la aldea. El acusado la había involucrado en el caso, puesto que manifestó que le había pedido que revisara a María Solange. Pero según dijo el sospechoso, la facultativa ni siquiera se acercó a observar el cadáver y le habría dicho que siguiera con los rituales para la inhumación.
Esto fue desmentido categóricamente por la doctora en su declaración testimonial. Señaló que había ido a la aldea pero para revisar a unos niños, pero no supo nada de la joven. Por lo tanto, no podía haberle dicho al cacique que tal vez murió de COVID-19 y menos aconsejar que la incineraran.
El caso se conoció el 17 de abril, luego que el padrastro de la víctima se dirigiera a la seccional Primera de San Vicente a dar aviso de la muerte de la chica, pero con la sospecha que había sido víctima del cacique.
Desde el juzgado solicitaron además un informe a la comisaría para determinar si hay registros de un aviso previo en la sede policial acerca de esa situación, dado que el hecho había ocurrido al menos cinco días antes.
