La Federación de Inquilinos reclamó que se extienda hasta marzo del año que viene el decreto que impide desalojos y aumentos en los alquileres.
Es que la situación es angustiante y de acuerdo a los últimos resultados de la encuesta mensual que realizan a inquilinos de todo el país: el 30% respondió que no puede pagar el mes de agosto y la mitad acumula deudas de dos meses o más de alquiler.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, Adrián Torres, manifestó a la FM 89.3 Santa María de Las Misiones que “hay preocupación desde el sector” por el vencimiento de este decreto.
“Se ha presentado a través de la Federación Nacional de Inquilinos una carta manifestando esta preocupación y creemos que debe ser prorrogado. De todas maneras el Gobierno está analizando distintas alternativas, entre ellas calculamos también la posibilidad de otorgar créditos como para reactivar el sector”, reveló Torres.
Advirtió además que a partir de octubre “se tendrán que pagar las deudas que muchos inquilinos no pudieron absorber en este tiempo de pandemia”.
“El pago podrá ser desde tres y no más de seis cuotas, iniciando a partir de octubre y no deberían tener intereses punitorios, sí compensación económica, pero creemos que alguna alternativa saldrá desde el Gobierno porque se entiende cuál es la preocupación”, dijo.
Y añadió que “no es mágico, no es que a partir del vencimiento del decreto el inquilino solucionará su problema y podrá absorber todos los gastos”. “Hay sectores en distintas etapas de lo que es la pandemia a lo largo y a lo ancho de todo el país”, sentenció.
Señaló además que si bien el decreto se aplica a todos los inquilinos por igual, “hay que entender que hay sectores que no tuvieron ese problema y si desde el otro lado se puede acreditar que la persona está haciendo uso y abuso del derecho, estaríamos en un problema. Si el inquilino no tuvo problemas de adquisición, sea de haberes o si pudo explotar su comercio, no tendría porqué no pagar los alquileres”.
Comentó que, más allá de los inquilinos, “hay muchos propietarios de bienes de renta que han manifestado que el único ingreso que tenían como para equilibrar su economía era la explotación de un alquiler o dos, y hoy también se ven complicados”.
Por este motivo, Torres afirmó que “a través de un crédito, a tasa cero, el inquilino podrá pagar su deuda, y aquel propietario de bien de renta que tenía eso como única alternativa podrá también regularizar su situación”. En este sentido, asestó que el panorama en Misiones “es un poco distinto teniendo en cuenta que la economía está un poco más abierta que en aquellos lugares donde están en fase uno, donde la gente realmente no puede hacer absolutamente nada”.
Ley de alquileres
Con respecto a la nueva Ley de Alquileres, Adrián Torres consideró que “a lo largo del tiempo se verá en qué beneficia al sector. Muchos propietarios han desistido porque al tener una sola propiedad y al verse obligado a inscribirse en Rentas para declarar prefieren no alquilarla. Todas las medidas que se han tomado se verán con el tiempo”. También deslizó que “supuestamente la esencia de la modificación de la ley es para equilibrar el mercado” y que “ni siquiera implica un gran beneficio para el inquilino”.
“Es muy difícil analizar la situación, por ejemplo hay muchísimos locales comerciales que han tenido que cerrar sus puertas, que han tenido que hacer una pausa, que han tenido que resolver el contrato porque no podían continuar, la población estudiantil que alquila también se ha minimizado, por lo tanto no estamos en condiciones de saber cómo será el comportamiento del mercado normal. Tenemos que esperar un tiempo para ver cómo se va desarrollando todo esto”, explicó.
Consultado sobre si esta medida disparará los niveles de informalidad, Torres consideró que no porque esto generaría un doble riesgo para el propietario que decida alquilar. “Ya estar al margen de la ley y no declarar una propiedad es un riesgo en sí; después se te complica a la hora de que te quieran ajustar a derecho, porque si bien no existe un contrato formal, sí existe lo que se llama un contrato de hecho y es más complicado para un futuro desalojo o para cualquier causa que se quiera defender, por lo tanto es un tema complicado”, aclaró.
En este contexto, sostuvo que la nueva ley vendrá a “sanear el mercado de alguna manera y a terminar con la especulación. Sí invita la informalidad pero el riesgo es mayor”.
Sobre la posibilidad de aumentos, el titular de la Asociación de Inquilinos opinó que “durante los últimos 10 o 15 años los alquileres se han pagado con una suba anual del 30 o el 40%, y en la renovación de los contratos otro 30%”.
Sin embargo, expresó que “ahora entre la devaluación y depreciación que tuvo el peso, un ajuste del 50% tampoco suena tan descabellado”.
Aunque recordó que de acuerdo a la ley “este ajuste será un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA)”.
“Poca demanda y mucha oferta”
El presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, Adrián Torres, reveló que en este momento hay poca demanda y mucha oferta de locales comerciales.
En el caso de las casas, observó que “la situación ha cambiado en cuanto a la implementación de la nueva ley, por lo cual hay muchas dudas por parte de los propietarios y deciden no alquilar”.
Cabe destacar que los principales puntos de la Ley 27.551 son:
• El índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).
• El plazo mínimo de la locación de inmueble serán de tres años.
• El importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler.
• Introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos. En caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que realice alguna reparación urgente, el locatario puede realizarlas por sí con cargo al locador, una vez transcurridas 24 horas de la notificación.
• El locatario no tiene a su cargo el pago expensas comunes extraordinarias ni aquellos gastos inherentes a la propiedad como Impuesto inmobiliario, Alumbrado público y otros gastos municipales.
• Faltando 3 meses para finalizar el contrato cualquiera de las partes puede convocar a la otra a efectos de acordar la renovación del contrato. En caso de silencio o negativa del locador de un acuerdo, el locatario puede resolver el contrato sin pagar indemnización.
