Los referentes barriales manifestaron su malestar luego de que los empresarios de colectivos consiguieron mayor flexibilización que cualquier otra actividad, nada menos que para el transporte público de los pasajeros. El único concesionario del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano logró que se le permita aumentar la cantidad de pasajeros en cada unidad, incluso de pie, para no incrementar las frecuencias en los barrios de Posadas, Garupá y Candelaria.
La decisión no es menor: el transporte de pasajeros es considerado un espacio de alto potencial de contagio del COVID-19. Hasta el momento ninguna otra provincia se animó a sumar pasajeros parados.
Antes de la pandemia, la queja recurrente era que los usuarios iban “como ganado”, en referencia a lo apretados que viajaban en las unidades, precisamente por deficiencia en el número de frecuencias. Con la pandemia, la regulación fue estricta y ayudó que menos actividades estaban autorizadas a trabajar. Al punto que se fijó un tope del 60% de capacidad de asientos.
Ahora, “autorizan nuevamente a viajar como ganado en el colectivo. ¿Quién asume la responsabilidad si empiezan los contagios por COVID-19 por viajar de esa manera?”, son algunos de los puntos que expusieron desde la Unión de Comisiones Barriales.
Al respecto el titular de la Unión, Daniel Morel, dijo en conversación con FM de las Misiones 89.3 que “los vecinos están cansados que este grupo empresarial quite las frecuencias. Al principio todos iban sentados, pero muchos tenían que esperar otra línea”. Contó que éste fue uno de los puntos expuestos al presidente del Concejo Deliberante de Posadas, Facundo Sartori.
En cuanto a la nueva medida, advirtió que “si en la provincia ya no tenemos COVID-19 que nos digan, pero el Ministro de Salud manifestó que había transmisión comunitaria”. “Que nos avisen y así volvemos a la normalidad”, insistió. Morel aseveró que “uno de los lugares donde más se transmite este virus es el transporte público de pasajeros”.
Según el decreto, desde ahora se habilita a llevar el 60% de la capacidad máxima de cada unidad entre pasajeros sentados y parados, aglutinando más personas que un local comercial, que un bar o restaurante incluso que un aula cuando retornen a clases.
En el escrito se detalla que “las unidades de 90 pasajeros podrán transportar un máximo de 54 pasajeros entre sentados y parados. Las de 100 pasajeros podrán transportar 60; los vehículos articulados con capacidad de 160 pasajeros podrán transportar un máximo de 100”. Teniendo en cuenta estos números, se puede deslizar que es difícil respetar los metros cuadrados de distanciamiento social que establecen los protocolos sanitarios; incluso si se sacaran los asientos no se podría cumplir con la distancia establecida.
La preocupación también radica en el control de la cantidad de pasajeros por unidad. “Nunca le han controlado, ni lo harán”, dijo Morel.
Con respecto a las frecuencias, apuntó que “desde los inicios de este sistema venimos con quejas de los vecinos, que no sólo sufren por demoras sino que también por el hacinamiento en las estaciones de transferencias”.
Morel deseó que los intendentes “estén a la altura de las circunstancias y no cometan un error que traerá consecuencias graves porque en vez de tener los colectivos llenos, vamos a tener los hospitales repletos”. Aseveró que “este decreto es inviable porque se le da la libertad a la empresa que haga lo que quiera y como quiera”.
“Me parece que nos toman el pelo. Estamos muy decepcionados y esperamos que los intendentes no se adhieran”, aseveró .
Queja constante
Por su parte, Luis Gilardoni del Movimiento de Acción Vecinal dijo a la radio de PRIMERA EDICIÓN que “el tema del transporte es un problema que lo padecemos todos que viajamos en colectivo”. “Desde diciembre las frecuencias no se normalizaron”, afirmó.
Consideró que “con este nuevo decreto no se exige que se habiliten más unidades sino que hace que se infrinjan las medidas de seguridad, como el distanciamiento”.
Gilardoni subrayó que “nos preocupa porque tenemos 40 diputados, 14 concejales y un intendente que debe ejercer el poder de policía para ver lo que pasa, pero el problema es que ellos no se mueven en colectivo y no se preocupan por el pueblo, por eso la empresa sigue manejando a voluntad”.
Especificó que “el control lo ejerce la misma firma. El monopolio es completo porque tienen la SUBE y los inspectores son de ellos”.
Recordó que “tenemos una ley que habla de la SUBE nacional y que expone que no se les otorgaría más subsidios a las empresas si no tenían la SUBE nacional, pero acá seguimos igual”. Finalmente apuntó que “en 2022 vence la concesión y esperemos que se revea la situación y se deje ingresar a otra empresa para que haya competitividad”.
Sistema de contralor
El diputado del bloque del PAyS, Isaac Lenguaza habló sobre el Sistema Integrado de Transporte y reconoció que “me parece que el sistema dejó sin contralor para cada una de las ciudades que lo integran”.
Subrayó que “lo que falta es el ente regulador de este servicio público porque acá no hay un lugar donde la participación del usuarios sea fundamental”. Agregó que “el usuario está alejado de ese contralor del servicio público”.
En consecuencia, reflexionó sobre “de qué manera los grandes grupos empresarios hacen presión para tener beneficios sin importarles la salud y la comodidad que tiene que ver con estos tiempos que estamos atravesando y que tenemos que ser responsables, se debe cuidar al otro”. Expuso que “lastimosamente hay gente que no quiere perder nada”.
Insistió en la SUBE nacional ya que con su aplicación se podrá saber los verdaderos números de la cantidad de pasajeros.
