A poco de comenzar el mes de julio, los ministros de Educación de todo el país se reunirán con modalidad online el próximo martes, para sesionar como Consejo Federal de Educación.
Con la presidencia de Nicolás Trotta, titular de la cartera educativa nacional, tendrán dos definiciones muy importantes para un eventual retorno a clases entre fines de julio y agosto.
El primer tema será la aprobación del protocolo sanitario, que establece el uso obligatorio de barbijos y la implementación de “aulas burbujas”, tal como ya trascendió días pasados una parte del mismo.
La otra cuestión, que divide las posiciones entre los Ministros, es permitir que las familias puedan optar si envían a los niños y adolescentes a las escuelas.
El problema que toma fuerza en varios lugares del país, es el temor de las familias por permitir el regreso de los alumnos a los establecimientos, por el temor al contagio de coronavirus, ante una pandemia que no muestra avances en una vacuna como tampoco en una medicina específica.
Además, admiten algunos funcionarios que el contexto que se vive en jurisdicciones como Ciudad y Provincia de Buenos Aires, con el pico de casos de contagio en crecimiento, no fue el mejor para empezar a instalar el regreso a las clases presenciales, si la pretensión oficial era crear un clima de confianza.
Misiones define su posición
En Misiones, cuando se le preguntó al presidente del Consejo General de Educación, Juan Alberto Galarza sobre la posibilidad de permitir que los padres opten, dijo a FM 89.3 Santa María de las Misiones: “Al regreso podemos pensar que quienes necesiten, puedan ir a clases. Hoy no, la asistencia es obligatoria y quien no va tiene falta y por acumulación de faltas queda libre. Muchas veces se pierde el año escolar por quedar libre y no poder reinscribirse”.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN explicaron que el Gobierno educativo misionero podría inclinarse por “el modo optativo”, aunque faltaba la decisión final del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente de la Legislatura Carlos Rovira.
“Hay chicos que tienen enfermedades de base que harán justificadas sus inasistencias. Pero hay padres que pueden sentir temor a pesar de las medidas de prevención que se tomen. A esos padres, si se impone la obligatoriedad, se les aplicarían faltas que harían la situación más compleja”, explicaron las mismas fuentes.
“El modelo de obligatoriedad o no obligatoriedad no debe ser lo que mueva a los chicos a volver a las escuelas sino la seguridad de hacerlo. Esa seguridad no se la dan a los padres haciéndola obligatoria”, planteó un asesor del Gobierno en la materia, que fue consultado antes de que se resuelva el tema.
Del otro lado de la vereda están los técnicos que opinan que sin la obligatoriedad que existe actualmente, no habrá compromiso para continuar en el sistema educativo.
Una vez decidido este dilema, la Provincia deberá generar un plan de inversión de elementos y tecnología para cumplir con el protocolo (termómetros digitales, cabinas sanitizantes, alfombras sanitizantes, toallas de papel, jabones, alcohol en gel, por mencionar algunos). El propio Galarza admitió que será muy importante el dinero que se debe destinar para esto.
Paralelamente quedará determinar qué grados o años de cada ciclo educativo son los que volverán, los días y cantidad de horas en que asistirán a las clases.
Desde la “Rosadita” misionera admitieron que todavía no se hizo una ronda de consulta con los gremios, especialmente el que agrupa al persona no docente, con énfasis en los porteros, por el rol protagónico que tendrán en el regreso a las escuelas.
Hay establecimientos que cuentan con la cantidad suficiente de personal de servicio, otros que apenas cubren los turnos y también están los que no cuentan con el necesario para la limpieza. De todos ellos habrá que escuchar sus planteos y temores y capacitarlos respecto a la etapa que se pretende iniciar en menos de dos meses.
La experiencia de Jujuy
Antes que la provincia de Jujuy volviera a la fase 1 de la cuarentena por un brote de casos de COVID-19, las escuelas del ámbito rural habían vuelto a las clases presenciales de manera optativa.
La ministra de Educación jujeña, Isolda Calsina, explicó a Cadena 3 que la modalidad se eligió para “garantizar la educación a los más vulnerables que no poseen acceso a Internet”.
Fueron unas 70 escuelas rurales con un total de 1.500 alumnos bajo un estricto protocolo que insta al uso obligatorio de barbijo, respetar el distanciamiento social con no más de 15 alumnos por aula y, con normas específicas para los recreos, el comedor, etc.
