Ante la emergencia y la urgencia en la toma de decisiones, el Gobierno nacional dictó por Decreto de Necesidad y Urgencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio que limita acciones y derechos de las personas en pos de la preservación de la salud ante la pandemia por COVID-19.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) emitió una declaración en la que solicitan el pleno ejercicio de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Congreso y Justicia) para la toma de decisiones que den soluciones a los ciudadanos ante la crisis que se vive.
“La pandemia de COVID-19 generó una situación sin precedentes, con graves riesgos para la salud de la población al tiempo que colocó a los gobiernos ante la necesidad de tomar medidas urgentes. La sociedad argentina en su conjunto pudo advertir rápidamente el rol esencial del Estado en la gestión y contención de una emergencia inédita. La crisis sanitaria, que produjo consecuencias de diversa índole y magnitud en el mundo, agudizó en nuestro país los efectos de una ya instalada crisis social y económica”, indicó la ADC.
En circunstancias críticas como las actuales resulta pertinente recordar que es el Estado, en la plenitud y fortaleza de su estructura institucional, el garante último del bien público. La relación de equilibrio y control entre los tres poderes que lo conforman es vital para el mantenimiento del Estado de Derecho y el ejercicio de la ciudadanía”, advirtió la entidad a mediados de este mes.
“El Estado son tres Poderes”
En diálogo con el programa “Primera Plana” de FM de las Misiones 89.3, la directora Ejecutiva de la Asociación, Valeria Milanes, se refirió al tema.
Dijo que “es una cuestión tan básica que se pierde de vista. Hacemos seguimiento de diversas políticas públicas en general, y en particular en este momento tan difícil y tan nuevo. Advertimos que hay una mayor concepción del rol fundamental que juega el Estado como garante del bien público y última instancia de resguardo de la ciudadanía. Pero lo que quisimos remarcar, porque parecía que se estaba perdiendo en la urgencia, es comprender que el Estado son tres Poderes y no es una división caprichosa sino que tiene una razón de ser: un contralor entre Poderes, de dar voz a diferentes pensamientos e ideologías y posiciones”.
Aseguró Milanes que “la suma del Poder nunca es buena y Argentina tiene una característica de hace años: tiene una institucionalidad débil. La vuelta a la democracia ha sido muy bienvenida y ha sido determinante para la mejora de la ciudadanía, pero el juego institucional todavía necesita fortalecerse. Es fundamental que los tres Poderes estén en su pleno funcionamiento como lo han comenzado a hacer”.
La directora Ejecutiva de la ADC indicó que “la crisis no terminó y habrá un montón de cuestiones por resolver en una Argentina que ya tenía una crisis económica previa a la pandemia, hay cuestiones críticas de relaciones contractuales, vinculares y de todo tipo que van a necesitar resoluciones del Congreso, con un debate amplio y, además, que esté el contralor judicial. Por eso nuestro llamado de atención que lo vemos en la escuela pero que toma mayor relevancia en tiempos de crisis como esta”.
“Los DNU no son una carta firmada en blanco”
Para Milanes, “hay decisiones que deben tomarse rápido y las estructuras no están preparadas. Seguirán apareciendo soluciones como hasta ahora pero, que se tomen las decisiones con un Decreto de Necesidad y Urgencia, no quiere decir que se habilite una carta en blanco y que no haya que rendir cuentas, explicar sus razones, que se puedan revisar como lo hizo el Senado con unos 20. Sabemos y es parte de la debilidad institucional, que Argentina tiene una fuerte inclinación por los DNU, es una desviación, una deformación de la potestad constitucional, es como un mal”.
“Perdimos derechos en la crisis”
Valeria Milanes, directora de la ADC admitió que “hay restricciones a derechos y esperamos que se restituyan en la medida de lo posible en la crisis y que las limitaciones tengan una justificación”.
“Esta situación de crisis ha generado diversas restricciones. Pensá que es una restricción que puede parecer obvia en este marco, el no poder circular libremente por el territorio o el mismo cierre de la frontera para entrar y salir del país. Esos son algunos ejemplos de tantos. No son cuestiones menores entonces esperamos que, si es necesario mantener estas medidas, haya un debate en el Congreso donde haya más voces que puedan decidirlo”, agregó.
Desde la entidad propusieron que de igual modo se consigan respuestas a problemáticas económicas vinculado con la emergencia sanitaria.
“Idealmente las soluciones deben salir de un debate parlamentario, porque la decisión de un solo Poder termina siendo no tan afortunada en su legitimidad, para el tipo de soluciones que se requieren para momentos tan dificultosos”, dijo.
Control de constitucionalidad
Valeria Milanes fue consultada si la Justicia debería expedirse sobre las limitaciones de derechos de los ciudadanos en el aislamiento obligatorio.
“La Justicia es la que recepta las cuestiones que las normas no resuelven, la que da lugar a un planteo general o particular de un individuo que está a favor o en contra o considera que un derecho está o no cercenado. La Justicia lo que tiene que hacer es habilitar las instancias para que estas discusiones se den en su seno”, respondió.
“En estas cuestiones tiene que estar la posibilidad de un individuo de confrontar la decisión del Estado. (…) Deben existir las instancias para que las discusiones se den y no naturalizar formas, afectaciones a derecho o modos de tomar decisiones. Que no las normalicemos y no pasen a formar parte de esta realidad a la que nos estamos enfrentando porque, seguramente, lo que nos espera es distinto”, indicó.
A modo personal, Valeria Milanes dijo que le “preocupa el hecho de naturalizar, de no confrontar en el sano sentido de la expresión, de no cuestionar, de poder pensar y hacernos interrogantes respecto a si la situación está bien o no”.
Agregó que “lo peor que nos puede pasar es naturalizar situaciones de excepción que se dan en una crisis, donde Argentina tiene una historia larguísima como, por ejemplo, impuestos que eran de emergencia y siguieron. Hay una historia muy larga y fuerte de normalizar situaciones de excepción. Es lo peor que nos puede pasar que lo hagan funcionarios del Estado, del Poder Ejecutivo que normalicen las formas de funcionar que son muy particulares, que los legisladores se relajen, el Poder Judicial se relaje, es lo peor que nos puede pasar”.
