Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones no tendrán que realizar ningún trámite ni presentar documentación para acceder al pago de las movilidades previsionales pendientes. Así lo confirmó el diputado provincial José Luis Pastori, quien explicó que el primer tramo del cronograma aprobado por la Legislatura comenzará a reflejarse automáticamente en las cuentas de los beneficiarios durante noviembre.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el legislador aclaró que la medida comprende a todo el universo de jubilados y pensionados provinciales, independientemente del sector en el que hayan desarrollado su actividad laboral o de que hayan iniciado reclamos para obtener los ajustes adeudados.
“Nada, no tienen que hacer nada. A partir de noviembre ya van a ver reflejada en sus cuentas la primera cuota o el primer tramo de este cronograma de pagos”, aseguró Pastori al ser consultado sobre los pasos que deberán seguir los beneficiarios.
La aclaración llega después de que la Cámara de Representantes sancionara, el jueves 22 de octubre, la ley que establece plazos concretos para regularizar las movilidades que permanecen pendientes. La normativa busca resolver una situación que, según explicó el diputado, comenzó a profundizarse en 2024, cuando la falta de transferencias nacionales afectó el financiamiento de la caja previsional provincial.
El legislador fue enfático al señalar que la regularización comprende a todos los beneficiarios del organismo. “No es para un sector en particular, es para todos los jubilados y pensionados del IPS. No es solamente para el sector docente”, remarcó.
Qué sucede con quienes iniciaron reclamos
Otro de los puntos que aclaró está relacionado con los jubilados que, ante la demora en la aplicación de las movilidades, habían iniciado gestiones administrativas para reclamar los incrementos correspondientes. El diputado aseguró que esas personas también están comprendidas en el cronograma de regularización y que no habrá distinciones entre quienes reclamaron y quienes no lo hicieron.
“Sí, por supuesto, les toca a todos, sin distinción”, respondió cuando se le consultó específicamente por esos casos. Sin embargo, estableció una diferencia respecto de las situaciones que puedan encontrarse judicializadas. Según explicó, quienes hayan iniciado ese tipo de acciones deberán evaluar cómo continúa cada expediente, aunque ello no modifica el alcance general del esquema aprobado.
Cómo se aplicarán los pagos hasta julio de 2027
La ley sancionada establece tres etapas para avanzar con la aplicación de las movilidades previsionales pendientes, mediante porcentajes mínimos que deberán cumplirse en fechas determinadas.
La primera etapa comenzará en noviembre de 2026, cuando deberá hacerse efectivo al menos el 25% de los ajustes adeudados. En marzo de 2027 deberá alcanzarse como mínimo el 50%, mientras que a partir de julio del próximo año tendrá que completarse la totalidad de las movilidades pendientes. El esquema modifica el artículo 10 de la Ley VII N.º 103 y establece además que el 31 de julio de 2027 finalizará el condicionamiento que vinculaba la efectivización de esos ajustes con el cumplimiento de los compromisos financieros de la Nación hacia la caja provincial.
Además, Pastori destacó que el establecimiento de fechas concretas constituye uno de los aspectos centrales de la normativa, porque permite a los beneficiarios conocer cuándo comenzarán a percibir las actualizaciones que estaban esperando. “Lo que hicimos fue llevarles seguridad a los jubilados de que van a cobrar esa movilidad atrasada y la tranquilidad de saber específicamente las fechas y los porcentajes”, explicó.
El legislador vinculó las demoras con la interrupción de los recursos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) debe transferir a las provincias que conservaron sus propios sistemas jubilatorios. Según señaló, la situación comenzó a generar atrasos en 2024, y agregó que “en las mesas de trabajo que hemos tenido con todos los sindicatos quedó clarísimo desde qué momento se empieza a generar este atraso de la movilidad”.
Recursos propios
Pastori sostuvo que Misiones asumirá con recursos provinciales el cumplimiento del cronograma, sin esperar a que el Gobierno nacional regularice las transferencias previsionales reclamadas. La decisión implica, según reconoció, un desembolso importante para las finanzas provinciales, aunque aseguró que el esquema fue elaborado con criterios de responsabilidad fiscal.
“Es una decisión muy fuerte que tomó el gobernador Passalacqua y también es un desembolso muy grande que va a hacer la provincia”, señaló. En ese sentido, explicó que la propuesta surgió de un trabajo técnico entre el Ministerio de Economía provincial y representantes de las organizaciones sindicales, con el objetivo de encontrar una solución que atendiera las demandas de los jubilados sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
“Encontramos ese punto de equilibrio con mucha responsabilidad. Pudimos darle solución a esa demanda sin comprometer las cuentas fiscales de la provincia”, sostuvo.
El diputado indicó que el proceso de negociación se extendió durante aproximadamente un mes y medio y permitió reunir posiciones inicialmente diferentes entre los sectores involucrados. Agradeció especialmente la participación de los gremios, que, según describió, asistieron a las reuniones con propuestas y planteos respaldados por información técnica.
“Discutimos, disentimos y nos pusimos de acuerdo. Con números concretos, blanco sobre negro, después de ese casi mes y medio de reuniones encontramos ese común denominador”, recordó.
Para el diputado, el resultado también refleja la importancia del consenso alcanzado entre los bloques legislativos y los representantes de los jubilados y consideró que la metodología utilizada para elaborar la normativa debería servir como referencia para futuras iniciativas, mediante espacios de diálogo que permitan escuchar a los sectores afectados antes de adoptar decisiones.
Una deuda estimada en $500.000 millones
El nuevo cronograma se implementará mientras continúa el conflicto entre Misiones y el Gobierno nacional por los fondos destinados al financiamiento del sistema previsional provincial.
Consultado sobre el monto acumulado, Pastori estimó que “al día de hoy debe rondar los 500.000 millones, medio billón. Estimo que esa es más o menos la deuda que tiene la Nación solamente por este tema”.
El legislador recordó que el esquema de financiamiento de las cajas previsionales no transferidas tiene antecedentes en los acuerdos federales establecidos entre las provincias y el Estado nacional, y sostuvo que la obligación de aportar recursos se encuentra contemplada en compromisos legales vigentes. Por eso, aclaró que la decisión provincial de afrontar las movilidades pendientes no significa renunciar al reclamo por las transferencias nacionales.
Según explicó, el texto sancionado conserva herramientas para que el Poder Ejecutivo continúe gestionando la recuperación de esos fondos. “Es un reclamo político, vía administrativa, vía judicial, vía lo que haga falta”, afirmó.
También cuestionó la política fiscal del Gobierno nacional y sostuvo que los recursos destinados a las cajas provinciales deberían transferirse conforme a los compromisos asumidos. En ese marco, señaló que espera que la Nación deje de utilizar, según su interpretación, fondos correspondientes a los jubilados misioneros para sostener el resultado fiscal nacional.
El impacto de los atrasos en la economía de los jubilados
Más allá de los aspectos legislativos y financieros, Pastori hizo hincapié en las dificultades que atraviesan los adultos mayores para sostener sus gastos cotidianos.
Consultado sobre las preocupaciones que expresaron los gremios durante las reuniones, señaló que el problema no se limita a un rubro específico, sino que comprende alimentos, medicamentos, alquileres y servicios. “Es un combo, todo junto”, resumió.
El diputado cuestionó especialmente el impacto del ajuste económico nacional sobre los haberes previsionales. En ese contexto, afirmó que el 40% del ajuste aplicado para sostener el programa económico nacional recayó sobre los jubilados, una proporción que mencionó durante la entrevista sin precisar la fuente ni el período de referencia.
“Imagínense lo que significa para una persona que cobra una jubilación mínima poder pagar el agua, la luz, los servicios y comprar comida”, expresó.
Desde su perspectiva, la regularización de las movilidades pendientes constituye una reparación para uno de los sectores más afectados por el deterioro del poder adquisitivo.
También relacionó la medida con los anuncios salariales realizados durante la semana, entre ellos el incremento del 8,5% para empleados estatales y los acuerdos paritarios alcanzados con el sector docente activo. En esa línea, defendió la intervención provincial frente a lo que considera un retiro del Estado nacional de determinadas obligaciones de financiamiento.
Finalmente, al ser consultado sobre las necesidades que todavía quedan pendientes para mejorar las condiciones de vida de los jubilados misioneros, reconoció que la aprobación de esta ley representa solamente una parte de una tarea más amplia.
“Lo que sigue haciendo falta es tratar de que puedan tener una vida digna, que la jubilación les alcance para sus necesidades, para pagar los servicios y para poder vivir dignamente”, manifestó.
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