Motivado por las situaciones de amenazas y nuevas formas de violencia que tienen lugar en las redes sociales e impactan cada vez más en las escuelas, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones presentó ayer un protocolo para ordenar cómo actuar ante hechos de violencias digitales en el ámbito escolar.
La herramienta, que se desarrolló durante el último año junto a otros organismos provinciales, busca servir como hoja de ruta para los equipos escolares, frente a un problema que -según reconocieron desde el propio Ministerio- se volvió más común y complejo en los últimos tiempos.
A través del protocolo, se ofrece una guía de pasos a seguir para dar respuesta ante situaciones que pueden ir desde conflictos leves hasta casos que requieren intervención inmediata de la Policía o la Justicia.
En ese sentido, el ministro de Educación, Ramiro Aranda, puso en valor que el protocolo ofrece una solución a un problema que hoy atraviesan las escuelas y sus responsables.
“Muchas veces los directores no saben cómo accionar ante determinadas situaciones y más en lo que tiene que ver con las violencias digitales, que es (un fenómeno) muy volátil, va cambiando día a día”, aseguró en la presentación.
Guía para el abordaje
El protocolo fue elaborado a lo largo de un año con participación de distintas áreas vinculadas a educación, justicia y seguridad, además de equipos técnicos y directivos. La intención de ese trabajo conjunto fue que pueda aplicarse en todos los niveles y modalidades educativas.
En ese sentido, Aranda explicó que “uno habla de grooming, de sexting, de bullying y en realidad puede haber conceptos nuevos que se anden incorporando. Por eso hablamos de violencia digitales”, al señalar que el protocolo también fue pensado para adaptarse al escenario dinámico que plantean las tecnologías.
En el documento figuran cinco fases claras de actuación: detección, registro, derivación, acompañamiento y cierre. Cada paso está detallado para evitar atrasos, garantizar el resguardo de la evidencia y asegurar la intervención de los actores correspondientes.
Con ese circuito claro de pasos e instituciones que intervienen se espera mejorar los tiempos de la derivación administrativa y/o judicial, para que “la intervención no se postergue ni se fragmente, que no quede olvidada en el tiempo”, explicó el equipo técnico a cargo del protocolo en el encuentro, lo que “refuerza ante las autoridades educativas que la responsabilidad institucional no se limita solamente al aula o al horario escolar, sino que hay un criterio de actuación compartida en cada uno de estos casos”, agregaron.
Por eso, el protocolo se presentó como una herramienta práctica: por un lado, define cómo proceder de acuerdo al nivel de riesgo de la situación que se identifica, y también incluye un anexo con modelos de actas y registros para formalizar cada paso de la intervención, un aspecto que suele generar dudas en los equipos directivos y los docentes.
Cómo funciona el protocolo
El eje central de la guía es el llamado “triaje digital”, un sistema que permite clasificar las situaciones según su nivel de gravedad y definir posibles respuestas.
A partir de esa primera evaluación, se ubica la situación escolar identificada en una escala de tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto, con distintos caminos de intervención.
Por ejemplo, en los casos de riesgo bajo, el abordaje se realiza completamente dentro de la escuela, con trabajo en el aula y talleres de sensibilización.
Cuando la situación escala al nivel medio o alto, la notificación institucional es obligatoria y se activa un registro formal. En estos casos, hay intervención de equipos técnicos o derivaciones.
Vale mencionar que el protocolo se adaptó en formato afiche, donde se resumen los pasos de intervención y los niveles de riesgo, pensado para ubicarse en pasillos y aulas de las escuelas.
También hay una guía rápida de actuación, para que directivos y docentes puedan consultar la información clave sin tener que recurrir al texto completo.
