La red de atención a personas con discapacidad en Misiones enfrenta una situación límite que podría derivar en el cierre de servicios esenciales en cuestión de semanas. La falta de pagos del Programa Federal Incluir Salud, que depende del Gobierno nacional, dejó a instituciones sin margen financiero y encendió una alarma que ya se replica en todo el país.
“Estamos en una situación extremadamente crítica”, resumió Sebastián Calderón, director del Centro de Día CENEMI, al describir un escenario que combina deuda acumulada, servicios recortados y creciente incertidumbre.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado. Según explicó Calderón, los pagos del programa nacional se interrumpieron entre octubre y noviembre de 2025, y desde entonces no hubo regularización.
“La mayoría de las instituciones están en una situación crítica de funcionamiento porque no se ha podido cobrar ningún tipo de prestación, ni transporte, ni expedientes”, afirmó.
Durante los primeros meses, los centros lograron sostener su actividad con reservas o fondos propios, pero esa estrategia ya se agotó. “Estamos en abril y esos recursos ya no existen. La realidad es que no hay forma de seguir sosteniendo el servicio en estas condiciones”, advirtió.
El impacto no es uniforme, pero sí generalizado. En toda la provincia hay instituciones que atienden desde niños en primera infancia hasta adultos con discapacidad, y muchas ya comenzaron a ajustar sus prestaciones.
“Hay centros que directamente no están pudiendo prestar el servicio completo. Otros sacaron la alimentación o el transporte para poder sostener lo mínimo”, detalló.
En ese contexto, el riesgo de cierres parciales o totales empieza a ser una posibilidad concreta. “No estamos hablando de una sola institución. Esto es en toda la provincia y también en todo el país”, remarcó.
El trasfondo: fondos que existen pero no se liberan
Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el origen de los recursos. Según Calderón, el financiamiento del sistema de discapacidad no depende de reasignaciones discrecionales, sino de mecanismos establecidos por ley.
“Los fondos de discapacidad salen de un sistema de integración que está vigente hace muchos años. No es que se saca dinero de otro programa. Por eso decimos que esto es una decisión política de pago”, sostuvo.
Y lanzó una pregunta directa: “¿Dónde está ese dinero? Porque no es que se dejó de recaudar. Entonces debería estar disponible”.
En esa línea, apuntó a los niveles más altos de decisión. “Acá hablamos de decisiones que dependen del Ministerio de Economía y de la Presidencia. Por más esfuerzo que haga la provincia, la liberación de fondos no depende de ellos”, explicó.
En otro tramo de la entrevista, Calderón señaló que a la falta de pagos se suma otro factor que incrementa la incertidumbre y es la posibilidad de que el Programa Incluir Salud sea modificado o incluso desarticulado.
“No tenemos información concreta, pero sí trascendidos de que en algún momento se habló de desintegrar el programa. Y eso sería una catástrofe”, advirtió Calderón.
El motivo es estructural: las provincias no tienen capacidad para absorber la demanda que hoy cubre el sistema nacional. “No están preparadas para atender a esa cantidad de usuarios. Sería un colapso inmediato”, sostuvo.
Detrás de la crisis hay miles de personas que dependen de estas prestaciones para su calidad de vida e incluso su supervivencia.
“Hay pacientes que necesitan medicaciones de altísimo costo, de 6, 7, 10 o hasta 20 millones de pesos por mes. Son familias que no podrían afrontar eso sin el programa”, explicó.
Por eso, el director del CENEMI insistió en la necesidad de abordar el tema con responsabilidad social. “La salud y la discapacidad no tienen color político. Nos puede pasar a cualquiera de necesitar un tratamiento de un día para el otro”, afirmó.
Reclamo regional y presión nacional
La crisis no es exclusiva de Misiones. En el NEA, más de 45 instituciones de Corrientes, Chaco y la provincia comparten el mismo diagnóstico y comenzaron a coordinar acciones conjuntas.
“El problema es en toda la Argentina. Estamos hablando de más de mil prestadores en la misma situación”, subrayó Calderón.
En ese marco, representantes del sector viajarán para mantener reuniones con autoridades nacionales en busca de una respuesta urgente. “La idea es llevar el listado de expedientes pendientes y plantear la gravedad de lo que está pasando”, adelantó.
“La salud pública está en terapia intensiva”
El deterioro no se limita al área de discapacidad. Calderón vinculó la crisis con un contexto más amplio de recortes en salud pública.
“Lo que está pasando con programas como Remediar también es preocupante. Pasó de tener más de 70 medicamentos a solo tres. Eso habla de un sistema que se está achicando”, señaló.
Mientras las gestiones continúan, el margen de maniobra se reduce día a día. Sin pagos, sin certezas y con costos crecientes, las instituciones advierten que el sistema está entrando en una zona crítica.
“La situación sigue creciendo en nivel de preocupación. Ya no es una advertencia, es una realidad”, concluyó Calderón.
