En el imaginario político de América Latina, pocas palabras generan tanto rechazo como “ajuste”. Evoca imágenes de fábricas cerrando, filas en los comedores populares y una clase media que se desmorona frente a la caída del consumo. Durante décadas, la economía política de la región ha operado bajo una premisa casi axiomática: para bajar la inflación hay que pagar un costo social altísimo, y ese costo lo pagan los más vulnerables. Esta creencia ha alimentado la “guerra de desgaste” descrita por los teóricos: los distintos grupos sociales luchan por no cargar con el costo del ajuste, lo que lleva a un equilibrio ineficiente donde la inflación se mantiene alta por más tiempo del necesario. Sin embargo, ¿y si el costo social mayor no estuviera en la cura, sino en la enfermedad?
Esta pregunta deja de ser retórica para convertirse en urgente en contextos como el de Argentina, Venezuela o Turquía, donde la inestabilidad de precios es crónica. Hasta ahora, la evidencia académica era escasa, basada en muestras pequeñas o metodologías poco robustas. Ese vacío acaba de ser llenado por un trabajo monumental realizado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. El documento titulado “El nexo entre inflación y pobreza: evidencia de un panel de países”, firmado por Martin Trombetta, Joaquín Waldman y Lautaro Souto, ofrece una radiografía sin precedentes. Los autores no se limitaron a mirar un par de años o una región; construyeron un panel de datos masivo que abarca 160 países durante 54 años, desde 1970 hasta 2024. El resultado es un ensayo analítico que sacude las convenciones y ofrece insumos vitales para el diseño de políticas públicas en tiempos de turbulencia global.
Sin embargo, el estudio no valida un modelo único de ajuste, sino que documenta un patrón empírico: cuando los países logran reducir la inflación de forma sostenida, la pobreza tiende a caer. Qué políticas se usen para esa transición -y a qué velocidad- queda fuera del alcance del análisis, pero es precisamente allí donde se define quién paga el costo.
La tesis central del paper es contundente pero matizada: la inflación aumenta la pobreza, sí, pero no de manera uniforme. El efecto es estadísticamente significativo y fuerte cuando se utilizan líneas de pobreza “altas”, es decir, umbrales de 10 y 15 dólares diarios ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPP). Esto es crucial. Significa que la inflación no necesariamente empuja a la gente a la indigencia extrema (vivir con menos de 2 dólares al día), sino que golpea a los sectores vulnerables, a esa clase media baja que vive al día y que, con una corrida de precios, cae por debajo de la línea de bienestar social. En términos políticos y sociales, esto implica que la inflación es un mecanismo de transferencia regresiva que castiga principalmente a las economías de ingresos medios, como las de América Latina, donde la mayoría de la población se encuentra precisamente en ese rango de vulnerabilidad.
Para entender la magnitud del hallazgo, hay que desglosar la metodología. Los autores estimaron modelos de efectos fijos bidireccionales, una técnica econométrica sofisticada que permite controlar por características únicas de cada país (como su cultura, instituciones o geografía) y por shocks globales que afectan a todos simultáneamente (como una pandemia o una guerra). Además, controlaron por el PBI per cápita. Este último punto es la clave de bóveda del estudio. Muchas veces se argumenta que la pobreza sube porque la inflación genera recesión, y la recesión genera pobreza. El estudio del IIEP aísla el efecto: incluso manteniendo constante el nivel de ingreso promedio del país, un aumento en la inflación incrementa la proporción de personas bajo la línea de pobreza. Es decir, la inflación redistribuye el ingreso hacia abajo, independientemente de si el pastel económico crece o se achica.
Los números son elocuentes. Según las estimaciones preferidas por los autores, un aumento del 10% en la tasa de inflación bruta se traduce en un incremento de la pobreza de entre 1.1 y 1.5 puntos porcentuales cuando se usan las líneas de 10 y 15 dólares. Puede parecer poco a primera vista, pero en poblaciones de millones de habitantes, esto representa cientos de miles de personas cayendo en la pobreza por el solo hecho de que los precios se aceleraron. Además, el estudio revela una heterogeneidad fascinante: el efecto es mayor en los países de ingresos medios-altos. ¿Por qué? Porque en los países muy pobres, casi toda la población ya está por debajo de las líneas altas de pobreza, por lo que la inflación no tiene “margen” para empujar a mucha más gente hacia abajo. En cambio, en países como Argentina o Brasil, hay una masa crítica de personas que está justo por encima de la línea de los 10 o 15 dólares, y son ellas las que quedan expuestas a la volatilidad de los precios.
Este hallazgo tiene implicancias profundas para la región. América Latina ha sido históricamente el laboratorio mundial de la inflación crónica y los planes de estabilización. El paper menciona explícitamente casos como los de Argentina, Bolivia y Venezuela. En estos contextos, la discusión pública suele estar polarizada entre quienes priorizan el control fiscal a cualquier costo social y quienes temen que el ajuste recesivo aumente la miseria. El estudio de Trombetta, Waldman y Souto introduce un tercer elemento en la ecuación: el costo social de no hacer nada. La inestabilidad de precios, por sí misma, es un factor de empobrecimiento. Postergar la estabilización bajo el argumento de proteger el ingreso real puede ser contraproducente, porque la erosión inflacionaria del poder adquisitivo actúa como un impuesto regresivo que afecta desproporcionadamente a los que menos tienen capacidad de cobertura financiera.
La literatura económica previa había sugerido teóricamente que la inflación actúa como un impuesto regresivo. Los hogares de menores ingresos suelen manejar más transacciones en efectivo y tienen menos acceso a instrumentos financieros para protegerse (como plazos fijos indexados o dólares). Además, suelen gastar una mayor proporción de su ingreso en bienes básicos (alimentos, energía), cuyos precios suelen ser más volátiles. El paper del IIEP confirma empíricamente esta visión, pero va más allá al cuantificar el efecto en términos de cabeza de pobreza (headcount ratio). Lo interesante es que los autores discuten los mecanismos posibles. Podría tratarse de cambios en los precios relativos: la inflación suele erosionar el valor real de los salarios en términos de bienes transables (que pesan mucho en la canasta de los pobres) frente a los no transables. También podría estar relacionado con el mercado laboral: la incertidumbre inflacionaria empuja a los trabajadores hacia la informalidad, donde los salarios son menores y la protección social nula. Otra hipótesis es la restricción fiscal: la inflación dificulta la planificación presupuestaria del Estado (efecto Olivera-Tanzi), reduciendo la capacidad del gobierno para mantener transferencias de ingresos que sostengan a los vulnerables.
Pero quizás el aporte más provocador del estudio se encuentra en el análisis de los procesos de desinflación. Existe un mito persistente en la economía política: que bajar la inflación implica necesariamente un costo social altísimo en términos de desempleo y pobreza, lo que llevaría a un castigo electoral para el gobierno de turno. Los autores replicaron su análisis en una submuestra de 165 episodios de desinflación identificados en 101 países. Utilizando una metodología basada en la detección de picos y valles en la serie de inflación (siguiendo la tradición de Laurence Ball de 1994), encontraron que los periodos de caída sostenida de la inflación van de la mano con reducciones en la pobreza, controlando por el crecimiento económico. En estos episodios, la inflación pasó de un promedio de 311% en el primer año a 9% en el quinto año, y la pobreza cayó entre 2.5 y 5.9 puntos porcentuales.
Este resultado alimenta un debate de economía política crucial. Si la desinflación reduce la pobreza, ¿por qué los gobiernos suelen retrasar los planes de estabilización? Los autores citan la teoría de la “guerra de desgaste”: los distintos grupos sociales luchan por no cargar con el costo del ajuste, lo que lleva a un equilibrio ineficiente donde la inflación se mantiene alta por más tiempo del necesario. Sin embargo, los datos sugieren que los gobiernos que logran estabilizar precios suelen recibir un “impulso de popularidad política”. La percepción ciudadana de que la inflación es dañina está correlacionada con el ingreso: los pobres identifican la inflación como una preocupación mayor que los ricos. Por lo tanto, hay una paradoja: se teme al ajuste por sus costos sociales, pero la evidencia indica que la estabilidad es, en sí misma, una política social.
El caso latinoamericano es emblemático en este sentido. El paper menciona la experiencia del Plan Real en Brasil, que logró reducir la pobreza mediante la estabilización de precios, la revitalización del crédito y el aumento del salario real mínimo. En contraste, menciona la Convertibilidad argentina, que mostró un patrón en U: la pobreza bajó inicialmente con la desaparición de la inflación, pero luego subió por el desempleo estructural. Esto indica que la estabilización es necesaria pero no suficiente; debe estar acompañada de políticas que sostengan el empleo. No obstante, el mensaje de fondo del estudio del IIEP es claro: la estabilidad de precios no es un fetiche de los banqueros centrales, sino un requisito para la movilidad social ascendente.
La experiencia argentina reciente: un matiz crucial
Aquí es donde la historia se complejiza. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, Argentina transitó bajo la presidencia de Javier Milei un proceso de desinflación acelerada que parece validar la tesis del IIEP: la inflación cayó de 211% a 31,5% anual, y según estimaciones oficiales, la pobreza se redujo de 54,8% en el primer trimestre de 2024 a 26,9% en el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, el camino estuvo marcado por cierres industriales, despidos masivos y una contracción del tejido productivo que no puede ignorarse.
Más de 22.000 empresas cerraron y se perdieron más de 300.000 empleos formales en dos años, según datos de la asociación Industriales Pymes Argentinos. Casos emblemáticos como el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar o la suspensión de 2.300 trabajadores en Mondelez ilustran el impacto en el sector industrial. La industria manufacturera cayó 9,2% en 2024 y continuó en retroceso durante 2025. La apertura comercial acelerada y la apreciación cambiaria generaron una “avalancha de importaciones” que afectó desproporcionadamente a las pymes industriales, que no pudieron competir con productos extranjeros más baratos.
¿Cómo se explica entonces que la pobreza haya bajado a pesar del desempleo? Primero, porque la medición de pobreza se basa en ingresos y consumo, no en empleo formal. Segundo, porque la estabilización de precios permitió que los salarios reales recuperaran poder adquisitivo tras el “sinceramiento” inicial de tarifas y tipo de cambio. Tercero, porque las políticas de transferencias focalizadas amortiguaron el impacto en los sectores más vulnerables. El estudio del IIEP ayuda a iluminar esta paradoja: la estabilidad de precios actúa como una política social en sí misma, especialmente para las líneas de pobreza de 10 y 15 dólares que capturan a la clase media baja latinoamericana. En Argentina, esa dinámica se observó: la inflación dejó de ser el “impuesto regresivo” que erosionaba mes a mes el ingreso de los hogares, permitiendo que millones recuperaran capacidad de consumo.
Pero la experiencia argentina también introduce un matiz crucial que el paper del IIEP no puede capturar por diseño metodológico: la velocidad y el diseño del ajuste importan. La desinflación no es un proceso aséptico; sus efectos distributivos dependen de las políticas complementarias que la acompañan. Una estabilización que prioriza la baja de precios por encima de toda consideración productiva puede lograr el objetivo macroeconómico, pero dejar heridos en el sector industrial que tardarán años en recuperarse. Esto no invalida la tesis del IIEP -la estabilidad reduce la pobreza-, pero la complejiza: no toda desinflación es igual, y no todo camino hacia la estabilidad genera los mismos resultados sociales.
En síntesis, el caso Milei no refuta el hallazgo del IIEP, pero lo enriquece. La estabilidad de precios puede reducir la pobreza, sí, pero el diseño de la transición determina quién paga el costo y quién se beneficia. La lección para la región no es elegir entre inflación o ajuste, sino diseñar transiciones que protejan tanto el poder adquisitivo de los hogares como la capacidad productiva del país. Esto implica políticas graduales de apertura comercial, mecanismos de compensación para sectores vulnerables, y una estrategia industrial que no sacrifique el tejido productivo en el altar de la estabilización.
En un mundo pospandemia y con conflictos geopolíticos que han reavivado la inflación global, los hallazgos de este documento de trabajo de marzo de 2026 son de una vigencia absoluta. La inflación no es solo un número que mira el mercado de bonos; es un fenómeno que define quién come bien y quién no, quién accede a la salud y quién queda excluido. La distinción entre líneas de pobreza es el ángulo narrativo más potente del estudio: la inflación no mata de hambre inmediatamente al indigente extremo (que ya está en el suelo), pero aplasta a la clase trabajadora que intenta salir de la pobreza. Esto redefine la lucha contra la misma no como una tarea técnica de control monetario, sino como una batalla por la equidad distributiva.
Finalmente, el estudio deja abiertas preguntas para futuras investigaciones, especialmente sobre los mecanismos cuantitativos exactos y el rol de las políticas fiscales compensatorias. Pero la dirección está marcada. En economías de ingresos medios, tolerar la inflación es tolerar un aumento estructural de la pobreza. La evidencia de 160 países durante medio siglo pesa más que cualquier intuición política coyuntural. La estabilidad, concluyen los autores, ofrece una justificación para el apoyo popular que suelen recibir los gobiernos que logran domar los precios. En última instancia, el paper nos invita a pensar la inflación no como un mal necesario para crecer, sino como un obstáculo directo para el bienestar social. Para los formuladores de políticas en la región, el mensaje es claro: no hay inclusión social sostenible sin estabilidad monetaria, pero tampoco hay desarrollo sostenible sin una estrategia que proteja la base productiva. El costo de la inacción es, literalmente, más pobres; el costo de un ajuste mal diseñado puede ser, también, menos industria.
