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“La innovación tecnológica produce mejoras sustanciales e inmediatas en el acceso a la justicia”

La Universidad Gastón Dachary (UGD) lanzó la Diplomatura en Innovación Tecnológica aplicada al Derecho, con un encuentro virtual del cual participaron diversos especialistas.

30 junio, 2024

La tecnología y la innovación, especialmente la inteligencia artificial (IA), vienen revolucionando a paso incesante el sector legal y judicial en Latinoamérica. La automatización mediante redes neuronales y algoritmos, está creando un ecosistema legal más eficiente y avanzado. Este cambio exige, entre otras cuestiones, que las instituciones educativas se adapten a las demandas formativas, ofreciendo programas que permitan a los profesionales del derecho incorporar estas herramientas.

Bajo esta premisa y valiéndose de un plantel docente especializado, la UGD incorpora a su oferta académica, la Diplomatura en Innovación Tecnológica aplicada al Derecho, una instancia dirigida a profesionales del derecho, como ser abogados, escribanos o procuradores.

Las personas funcionarias del poder judicial, que no posean el título de grado, podrán inscribirse para asistir a los Workshops, que se cursan en noviembre 2024 y en junio 2025.

Dirigida por la Mgtr. Alejandra Elizabeth Barrionuevo, esta Diplomatura se desarrolla en el marco de la modalidad virtual, con una carga horaria de total de 120 hs. y una duración de dos cuatrimestres, a lo largo de un año.

 

La importancia de una visión proactiva de la tecnología

Días atrás, la UGD organizó una master class de lanzamiento de la Diplomatura, encuentro virtual que contó con la presencia de destacados invitados, que brindaron exposiciones relativas a su trayectos y expectativas en el campo de la innovación tecnológica aplicada al ejercicio del derecho.

Uno de los expositores fue el abogado Marco Rossi, quien además de coordinar el Laboratorio de IA, Innovación y Transformación Digital de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se desempeña en un juzgado 100% digital en su provincia, una experiencia única en el país. Rossi celebró la apertura de la Diplomatura en la UGD, y destacó la importancia de “tener una visión proactiva de la tecnología y no temerle al cambio”.

En este sentido, el abogado y activista tecnológico indicó que “la digitalización no solo mejora la eficiencia, sino que también aumenta la transparencia y el acceso a la justicia. Es esencial proporcionar apoyo y recursos para que todos los involucrados puedan adaptarse. En nuestro caso, ser pioneros con pocos recursos nos mostró que la voluntad de innovar puede superar muchas barreras”.

 

La experiencia del primer juzgado 100% digital

Rossi también compartió con los participantes del Zoom de lanzamiento de la Diplomatura, parte del recorrido del Juzgado Laboral IX de Tucumán. “Una de las innovaciones clave fue la notificación electrónica. Tradicionalmente, las notificaciones se hacían en papel, lo que era ineficiente y lento. Decidimos utilizar códigos QR para notificar electrónicamente. Esto se ha incorporado tanto en el Código Procesal Civil y Comercial como en el Código Procesal Laboral de Tucumán. Además, desarrollamos una página web con videos explicativos sobre cómo conectarse a audiencias virtuales y consultar expedientes”.

En relación al impacto de la digitalización en la eficiencia del sistema judicial, Rossi señaló que fue “significativo”, ya que “al digitalizar las notificaciones y otros procesos, logramos reducir el número de revocatorias y nulidades, lo que mejoró el acceso a la justicia y aceleró los tiempos procesales. También eliminamos muchas chicanas legales, ya que todo era más transparente y accesible”.

 

Una formación en sintonía con nuevos paradigmas

Por su parte, la directora de Silicon Misiones, Paula Franco, también invitada a la master class, opinó que “esta iniciativa de la UGD resulta fundamental, ya que se está produciendo un cambio vertiginoso en el desarrollo de nuestra labor profesional, por la incorporación de nuevas tecnologías y también de nuevos paradigmas de trabajo que creo que serán abordados en esta Diplomatura”.

Así mismo, Franco comentó que “desde el gobierno provincial de Misiones, se impulsan diversas iniciativas que tienen que ver con el uso y con la formación desde instancias muy tempranas, desde la escuela como es la última ley de Inteligencia Artificial, proyecto de ley que se ha presentado en Misiones, y que justamente tiene como objetivo que desde muy temprana edad los chicos ya puedan cambiar el paradigma y la mentalidad en cuanto al uso de la tecnología”.

El Dr. Alfredo Poenitz, vicerrector de la UGD, al brindar las palabras de bienvenida, sostuvo que “como objetivo académico, buscamos que las diferentes ofertas de grado con las que cuenta nuestra institución, se complementen con formaciones específicas como diplomaturas o carreras de posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados. Así que esta Diplomatura viene a cumplir un gran propósito, un objetivo de nuestra institución, y lo hace a partir de un eje fundamental como el de la innovación tecnológica en el marco del Derecho”.

 

Competencias

El Diploma Universitario de Posgrado en Innovación Tecnológica Aplicada al Derecho, brinda competencias a sus egresados para “acceder a las últimas tendencias y herramientas en materia de tecnología aplicada al derecho (IA, Data Analisys), analizar el impacto de la incorporación de las innovaciones tecnológicas en el ámbito del derecho; comprender e identificar las implicaciones legales del uso de innovaciones tecnológicas aplicadas al derecho; gestionar innovaciones tecnológicas como herramienta aplicada a la práctica del derecho; y desarrollar habilidades prácticas en la gestión de inteligencia artificial”.

Las personas interesadas en conocer más información pueden acceder al link https://ugd.edu.ar/es/oferta-academica/diplomas/diplomatura-en-innovacion-tecnologica-
aplicada-al-derecho, también escribir a [email protected] o comunicarse directamente al
WhatsApp: +54 9 (376) 5180053

Tags: CapacitaciónCarrerasDerechoInnovación TecnológicaInteligencia Artificialoferta académicaUGDUniversidad Gastón Dachary
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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