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Alertan que la pobreza podría superar el 60% a medida que avanza el ajuste

Agustín Salvia, titular del Observatorio Social de la UCA, advirtió que en este marco se puede esperar un febrero “todavía más complicado”. El especialista indicó que se trata de “un problema estructural” en la Argentina.

19 febrero, 2024

El avance de la pobreza en la Argentina no se quedó en el 57% detectado en enero, sino que avanza hasta ubicarse por encima del 60% en febrero, a medida que los precios de los bienes y servicios se incrementan y los ingresos de la población no corren al mismo ritmo.

En ese escenario, cada vez más familias tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, y en el caso de las que tienen que pagar un alquiler la situación es alarmante.

Agustín Salvia, titular del Observatorio Social de la UCA, advirtió que en este marco se puede esperar un febrero “todavía más complicado”.

“Es de esperar que se agrave”, indicó Salvia, quien advirtió que la pobreza lleva muchos años instalándose como “un problema estructural” en la Argentina.

“La pobreza estructural en la Argentina no es nueva y es de esperar que se agrave, como también que febrero sea más complicado”, advirtió.

Un estudio publicado por el Observatorio Social de la UCA indicó que la pobreza alcanzó en enero a 57,4% de los argentinos (cerca de 27 millones de personas), medición que en un mensaje en sus redes sociales el presidente Javier Milei consideró como “la verdadera herencia del modelo de la casta”.

“La situación es complicada y grave, no es un fenómeno nuevo, sino que es un problema que se viene acumulando”, explicó Salvia.

El especialista detalló que la indigencia alcanzó en enero pasado al 15% de los argentinos (unas 7 millones de personas), mientras que la pobreza superó el 57%, números que marcaron una sensible suba respecto de las cifras de fines de 2023, cuando se las estimaba en 14% y 49%, respectivamente.

La medición del Observatorio de la UCA alertó que la pobreza se encuentra en el nivel más alto de los últimos 22 años: en 2002 había alcanzado el 54%.

Salvia recalcó que los procesos que llevan a semejante deterioro son consecuencias de largo plazo, pero puntualizó también que la dramática situación social que recibió la administración de Javier Milei, vio agravarse los índices en enero por “un proceso constante de inflación, el inicio de una recesión económica y porque no hubo ajustes salariales importantes”.

Por ese cuadro es que estimó que posiblemente “febrero sea más complicado” y enfatizó que a diario se suman “nuevas clases medias que caen en la pobreza”.

“En los últimos 20 años se mantuvo en general la estadística que marcaba que el 30% de los argentinos era pobre, pero el proceso actual es el más grave en más de 20 años”, indicó Salvia.

Ese dramático porcentaje que midió la UCA en enero, y que teme que se agrave, dijo que “será muy difícil que se reduzca en el corto plazo”, aunque estimó que una cifra similar a la suba de enero “si podría bajar si la inflación se sitúa en un dígito y se logra estabilidad macroeconómica, desarrollo e inversiones productivas”, que son los objetivos que menciona Milei.

 

Los planes no alcanzan

Un aspecto aún más asombroso de la profundidad del calado de la crisis económico-social es que a pesar del constante aumento del porcentaje de población que a lo largo de los últimos 20 años recibió distintos planes de ayuda social y de alimentación es que, precisa el informe, los residentes en hogares beneficiarios de políticas sociales presentaron un nivel de pobreza del 76,5% en el tercer trimestre de 2023, un 81,9% en diciembre de 2023 y un 85,5% en enero de 2024”. Esto es, menos del 15% de quienes reciben ayudas sociales puede salir, gracias a esas ayudas, de la pobreza.

A su vez, en el mismo grupo de hogares destinatarios de políticas sociales el nivel de indigencia, que en el tercer trimestre de 2023 era del 19,7% de las personas, en diciembre de 2023 aumentó a 28,8% y en enero decreció al 23,8% “como consecuencia de las políticas compensatorias”.

Si bien el foco del estudio es el impacto sobre la situación social del golpe inflacionario de los últimos meses, esos hallazgos no dejan de ser impresionantes y cuestionar la eficacia de las políticas de ayuda de los últimos 20 años. El propio informe precisa que la proporción de hogares perceptores de programas sociales se incrementó constantemente entre 2006 y 2023 “dando cuenta del relevante y creciente papel del Estado para satisfacer necesidades básicas de los hogares y la población”.

 

La inflación no da tregua

Tras alcanzar el 20,6% en enero, la inflación de febrero podría mostrar una nueva moderación. Sin embargo, esa tendencia descendente no se repetiría en marzo, según estimaciones privadas. Los principales impulsores de la suba de este mes serían transporte y las cuotas de la medicina prepaga.

En el primer mes de 2024, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC se desaceleró luego del pico de 25,5% en diciembre y marcó un aumento interanual del 254,2%. Los rubros que la impulsaron fueron Bienes y servicios varios 44,4%, Transporte 26,3% y Comunicación 25,1%. En tanto, la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (20,4%).

En febrero, los precios de los alimentos se moderaron en los primeros días del mes, pero volvieron a acelerarse en la segunda semana, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En este sentido, el relevamiento de la consultora LCG arrojó que los precios de los alimentos avanzaron 3,4% en la primera semana del mes, marcando una desaceleración respecto a la semana previa; mientras que en la segunda, subieron 4% en promedio.

Para la división salud, la desregulación de los precios implicó la actualización de cuotas de las prepagas con aumentos del orden del 29% en febrero. En contraste, según el CEPA, los medicamentos no se incrementaron en los primeros días del mes.

Por otro lado, a principios de febrero se incrementaron las tarifas de colectivos y trenes alrededor del 250% en el AMBA. En el resto del país hubo subas similares que se intensificarán con el anuncio de la eliminación del Fondo de Compensación al Interior.

Adicionalmente, en febrero se aplicó un ajuste del 6,4% en combustibles.

Respecto a vivienda, la derogación de la Ley de Alquileres a través del Mega DNU rubricado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado se tradujo en un salto adicional al de la inflación del orden de 50% a 100% para quienes tienen que renovar los contratos.

Así, el CEPA estima que la inflación de febrero rondará el 20%.

En marzo, frente a lo que prevé el mercado, Di Pace dijo: “Consideramos que quizás la inflación puede ser un poco mayor porque siempre hay una alta estacionalidad por el rubro educación, por ejemplo. Además, habrá subas de precios regulados. Probablemente haya un impacto en transporte público y energía. Prevemos un dato muy similar al de febrero”.

Manuel Cerdan, economista de Invecq, afirmó: “Tanto en febrero como en marzo vemos una inflación similar a la de enero, por encima del 15%. Hubo y va a haber nuevos aumentos de transporte, telefonía móvil, medicina prepaga, combustible, educación, etc. que dejan un piso alto”.

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Tags: InflaciónJavier MileiObservatorio Social de la UCAPobrezaUniversidad Católica Argentina (UCA)
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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