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Qué recortes aplicará Caputo para mantener el déficit cero en febrero

Tras alcanzar sorpresivamente el equilibrio fiscal en enero, el ministro pretende acelerar los recortes de gastos para repetir el objetivo este mes.

15 febrero, 2024

Tras alcanzar sorpresivamente el equilibrio fiscal en enero, Luis Caputo pretende acelerar los recortes de gastos con el fin de repetir el objetivo en febrero, un mes en el que la recesión se habría agudizado, lo que impactará en la recaudación, en especial de impuestos ligados al consumo, como el IVA.

Con la venia del presidente Javier Milei, Caputo le da más puntadas al plan de ajuste a pesar del rechazo del Congreso a la Ley Ómnibus. El ministro de Economía ya explicó que la caída de esa ley no complica sus planes de ordenar las cuentas públicas. Su objetivo es bajar en forma drástica los gastos.

Según trascendió en las últimas horas, el primero de los ejes del plan fiscalista es el bloqueo de las transferencias a las provincias -el Gobierno está convencido de que la relación con los gobernadores por ahora está rota y no tiene marcha atrás- y las obras sociales, a las que se les iría retirando un subsidio.

En la CGT ya tomaron nota y prepararían otro paro, esta vez de 24 horas, hacia la última semana de febrero. En las provincias advirtieron que en enero las transferencias de la Nación cayeron un 98%, por lo que distritos como Córdoba, Santa Fe y Mendoza podrían tomar medidas fiscalistas, que incluirían el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos, para paliar el impacto de los recortes.

 

Impuestos a los Combustibles Líquidos

Otro foco en el que tiene puesta la mirada Caputo es el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que ya fue descongelado la semana pasada por el Gobierno y que tendrá una nueva actualización, es decir, seguirán subiendo las naftas.

Entre las ideas que se barajan, figura la de aplicar un fuerte ajuste de la alícuota, para alcanzar superávit en marzo y dar una señal clara a los mercados de que esta vez el recorte fiscal va en serio.

En círculos financieros trascendió que Caputo podría evaluar aplicar el Impuesto PAIS al bono para importadores, el Bopreal, una medida que desataría una polémica en el mercado.

Como parte del plan de recortes, ya se avanzó en la eliminación de los subsidios de servicios públicos para usuarios residenciales de altos ingresos, comercios, industrias y entidades civiles en el caso de la electricidad. Se profundizaría en marzo y abril ampliándolo a más sectores.

 

Piqueteros, en alerta

Los piqueteros están en alerta, además, por un dato que trascendió en las últimas horas: Caputo estudia eliminar la actualización de los planes sociales, atados al Salario Mínimo Vital y Móvil, justo cuando el Gobierno acaba de convocar a una nueva reunión para definir el nuevo sueldo básico.

También estudia eliminar todos los ítems no remunerativos que conforman el sueldo de los trabajadores estatales, lo que podría implicar una feroz quita salarial para miles de personas, ya que la mayoría de los haberes están conformados por esas sumas.

Todo indica que el Gobierno buscará avanzar por decreto con algunos puntos incluidos en la Ley Ómnibus y volver a embestir sobre el Congreso recién en 2025, cuando Milei espera tener una mayor representación legislativa, que se sumará a la alianza en marcha con el PRO.

Pero el impacto del rechazo en el Congreso se sintió fuerte en el Ejecutivo, porque la Ley Ómnibus le habría dado al Gobierno armas para aplicar su plan de ajuste. Ante ese escenario, el plan es continuar la vía del recorte fiscal que comenzó con las primeras medidas anunciadas por Caputo en diciembre.

Esto incluye los aumentos de tarifas en el transporte y los servicios, así como probablemente una nueva devaluación. Esto último ya es pedido por los mercados ante el nuevo crecimiento de la brecha cambiaria entre el blue y los dólares financieros.

 

La guadaña Caputo

Entre las partidas con mayores ajustes en términos reales respecto de enero del 2023 figuran la obra pública, con una retracción del 70,5%, las transferencias a provincias con 58,9%, y las jubilaciones y pensiones con 43,2%.

Los fondos para programas sociales se recortaron el 40,8%, y las asignaciones familiares y AUH un 19,8%, en forma interanual.

En términos reales, respecto de enero de 2023, el gasto en personal permanente cayó 17%, en planta temporaria 35,3% y en contratados 24,1%. Además, el gasto destinado al gabinete de autoridades superiores se redujo 78,5%.

Al analizar la distribución del gasto en salarios, según los distintos poderes que integran el Estado, en enero de 2024 el 81% se concentró en el Ejecutivo, mientras el 14,2% se destinó al Judicial y el 4,8% restante fue para el Legislativo.

Sin embargo, el ajuste salarial del sector público no se distribuyó de forma uniforme respecto de enero de 2023: el gasto cayó 12,6% en el PEN, 20% en el Poder Judicial y 34,5% en el Poder Legislativo.

La única partida con aumentos fue la de los subsidios económicos, con un incremento del 63,1%, debido a los aportes al transporte. Y, al igual que en enero del año pasado, no se hicieron transferencias por subsidios a la energía.

 

Qué puede pasar en marzo en el Congreso

Si finalmente se concreta la alianza entre libertarios y el PRO, que daría lugar a un bloque más fuerte de legisladores en la Cámara de Diputados y el Senado, tal vez la dupla Milei-Caputo intente el envío de algunos proyectos al Congreso, para ir avanzando sobre determinadas áreas de interés.

El Gobierno pretende vender algunas empresas públicas este año, con el fin de seguir recortando el gasto. Pero la estrategia de volver al Parlamento deberá hacerse sobre bases firmes, aclaran desde Balcarce 50.

“No le vamos a dar el gusto al kirchnerismo de tener un segundo resbalón. Para eso, preferimos seguir gobernando por decreto”, dicen los mileístas. Igual, habrá que seguir de cerca cómo se reconfiguran las relaciones de poder si Mauricio Macri se integra con el PRO al gobierno, y cuáles serán las espadas que el expresidente pretenderá incorporar a una pelea que, se sabe, será dura, en un 2024 cuyo primer semestre ya está condenado a la recesión.

 

Perspectivas

Según la consultora EcoGo, si se mantiene el sistema actual con la inflación pronosticada, el gasto en jubilaciones y pensiones se reducirá del 6,8% del PBI en 2023 al 5% en 2024. Para Analytica, podría haber una caída aún mayor en las pensiones. Estimaron que alcanzaría el 1,4% del PBI si se aplicara la fórmula de ajuste por inflación, pero sería del 2,2% de mantenerse la actual que combina aumento de salarios con ingresos fiscales.

El objetivo es incrementar la recaudación y bajar de manera drástica los gastos, para lograr déficit cero en continuado. Los recortes ya empezaron con el cese de transferencias a provincias y a las obras sociales de los gremios.

Si se toma el gasto primario en billones de pesos constantes de enero de 2024, la erogación fue de $2,8 billones contra $4,5 billones de enero de 2023, lo que representa una caída del 36,9%. En jubilaciones, pensiones y PAMI, se pasó de $1,5 billones este enero a $2,6 billones en igual mes del año pasado, lo que implica una baja real interanual del 43,2%, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“En enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero, y sin ley. Todo lo que hemos planeado está pasando y mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaba”, destacó Caputo.

Que el FMI haya girado los fondos para el repago del primer vencimiento del año de la deuda con el organismo está vinculado con el equilibrio financiero al que se refiere el titular de Economía.

Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales

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Tags: #economíaAjusteArgentinaCaputoDéficit
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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