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Posadas: el 66% está insatisfecho con el transporte de pasajeros

El estado de los colectivos, la falta de tarjetas SUBE Misionera del Grupo Z, de la ampliación de puntos de recarga y la reducción de las frecuencias aparecen como las críticas más destacadas en una encuesta de la Defensoría del Pueblo. Apenas un 16% aprueba el servicio.

7 enero, 2024

Cuando los medios de comunicación van a las paradas de colectivos del área metropolitana, las respuestas de los usuarios tanto del servicio urbano como del metropolitano (que une a Posadas con Candelaria y Garupá) son más negativos que positivos.

En las redes sociales también se expresan críticas sobre ejes muchas veces centrales de la relación entre un servicio público concesionado, donde el Estado (en este caso provincial y municipal) es el responsable de garantizar la prestación con el poder de policía, y los pasajeros.

En la reciente audiencia pública celebrada el pasado jueves 4 de enero en el Jardín Botánico, la defensora del Pueblo de Posadas, Valeria Fiore, reveló los resultados de un reciente estudio de opinión del organismo que abordó justamente la opinión de los usuarios sobre el transporte público de pasajeros.

“Estamos en este espacio de participación que nos permite compartir conocimientos, experiencias y diferentes perspectivas, como defensora del Pueblo, debo hablar desde la voz del pueblo, por eso, a partir de la convocatoria a la presente audiencia, desde el área social y estadística de la Defensoría, realizamos un relevamiento que quiero compartir a fin de trabajar sobre bases sólidas respecto a lo que nos convoca y nuestro aporte debe ser desde los datos”, indicó Fiore.

En el informe al que accedió PRIMERA EDICIÓN, hay un primer eje muy central donde la insatisfacción se impuso en la opinión púbica. “Con respecto al nivel de satisfacción del uso del servicio de transporte público, donde se contempla el servicio en general como: estado de los coches, limpieza de las unidades, frecuencias, el 66% del total de los consultados expresó estar poco o nada satisfecho con el servicio, en tanto que solo un 16% dijo estar satisfecho o muy satisfecho con el servicio”, reveló la abogada que asumió al frente de la Defensoría el 10 de diciembre del año pasado.
Es decir que lo que se ofrece hoy apenas satisface a menos de un cuarto de los usuarios. Un dato que debe llevar a la reflexión tanto a los empresarios como a la Municipalidad de Posadas y a la Subsecretaría de Transportes de la provincia que preside la comisión del Sistema Integrado, monopolizado por el Grupo Z desde hace décadas.

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS POSADAS

El estudio de opinión abordó el nivel de afectación de las problemáticas relacionadas con el servicio de transporte público.

La defensora indicó al respecto que “el 63,7% consideró que el monto límite para la carga de la SUBE es muy problemático”, en momentos donde solo se permitían 600 de máximo. Cabe recordar que desde la próxima semana esa cifra se elevará a 60.000 pesos.

Después, la funcionaria contó que “El 59% piensa que el costo del pasaje es muy problemático”, con lo cual esta preocupación podría agrandarse cuando las empresas Z pidieron 1.600 pesos por boleto sin subsidio o 1.200 con ellos.

 

La SUBE Z, un problema

Del total de usuarios encuestados, el 55% expresó utilizar la tarjeta SUBE Misionera como medio de pago más utilizado; seguidos por los usuarios que abonan en efectivo, mientras que solo un 15% del total dijo utilizar la App para pagar por el servicio.

La falta de tarjetas SUBE Misionera quedó reflejada en la encuesta ya que “el 50,3% manifestó como muy problemático el faltante de plástico para realización de la SUBE, mientras que 49,7% considera a los pocos puntos de recargas como muy problemático”, confirmó la Defensora del Pueblo.

En tiempos de recortes y de “cambios de hábitos” como pidió el intendente Leonardo Stelatto, “un 45% mencionó como problemática a las frecuencias y el tiempo de espera, todas estas cuestiones representan más del 45% de las problemáticas del total de cada ítems, como muy problemático” según Fiore. En tanto que, las condiciones de viaje representan un 37,9%, el estado de los coches un 25,5% y el uso de la App un 14,4% respectivamente.

“Cabe destacar que en la categoría ‘no representa un problema’, es porque utilizan poco el servicio de transporte y particularmente para el caso de uso de la App porque en su mayoría no la saben usar, representa una dificultad, sobre todo en los adultos mayores. Otro punto negativo del uso de la app ya que es necesario contar con conexión a Internet para su uso”.

Casi nulo reclamo y participación

En las audiencias públicas se participa para exponer las problemáticas. Sin embargo, el resultado del desinterés de la mayoría de los encuestados es preocupante.

“Otras de las preguntas que se les consultó fue acerca de si conocían sobre las audiencias públicas, y el 74% manifestó no saber, esto habla sobre la falta de información o difusión sobre las audiencias. Y de los que dijeron que sí saben de las audiencias públicas, al preguntarles acerca de si participaban de estas, solo el 16% dijo que si participó alguna vez” contó Valeria Fiore.

Finalmente, “lo que respecta a si alguna vez realizó un reclamo sobre el servicio de transporte público, el 89% dijo no. Y al consultarles si sabían dónde realizar un reclamo en caso de que fuera necesario, el 70% expresó que no sabe”, detalló la defensora del Pueblo de Posadas.

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Tags: #PosadasboletazoColectivosDefensoría del Pueblo de PosadasMalestar de usuarios de colectivosquita de frecuenciastarjeta SUBE
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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