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Sector privado de salud constituyó comité de crisis y pide medidas para evitar el colapso

Piden al Gobierno provincial que subsidie el costo del oxígeno, condiciones diferenciales en los servicios y tratamiento tributario. A las obras sociales que paguen antes en tiempo.

3 enero, 2024
SANATORIOS. Cada vez más proveedores exigen pagos en efectivo y las prestaciones las cobran después de 3 meses.

SANATORIOS. Cada vez más proveedores exigen pagos en efectivo y las prestaciones las cobran después de 3 meses.

Los Círculos Médicos de Zona Sur, Centro y Alto Paraná, el Colegio Médico de Misiones, la Federación Médica de Misiones, cooperativas médicas de Puerto Rico y Apóstoles, además de sanatorios y clínicas de la provincia se constituyeron en un “comité de crisis de la salud privada” para alertar a la sociedad de la gravedad de la situación del sector y pedir medidas concretas a las obras sociales y prepagas y al Gobierno provincial.

A través de un comunicado, advirtieron a la población que por la gravedad de la emergencia a raíz de la situación económico financiera, hay “riesgos inmediatos en las prestaciones”.

Advirtieron que tanto los consultorios como los grandes sanatorios, “nos encontramos sobrepasados por el impacto de los aumentos continuos e indiscriminados de los costos de los insumos, sueldos, presión fiscal y la falta de correlación entre el valor real de aranceles. Esta situación trae aparejada la imposibilidad de hacer frente, prever y planificar el cumplimiento con los plazos de pago a los proveedores, empleados, impuestos y servicios”.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el director médico del Sanatorio GVF-IOT, Guillermo Vymazal, indicó que “estamos pasando muy mal los sanatorios, en nuestro caso no gerenciamos ninguna obra social y vivimos exclusivamente de las prestaciones de salud por lo que se nos complica el día a día, no podemos aguantar deudas millonarias con el Estado ni con ninguna obra social porque para que el proveedor nos baje el oxígeno tenemos que pagarle por adelantado y la última factura vino con un 100% de aumento”.

 

Piden que se declare la emergencia

Los integrantes de este Comité de Crisis pidieron al Poder Ejecutivo provincial que declare la Emergencia del Sistema Provincial de Salud -artículo 13 y 15 de la Ley XVII N° 58 -ex Ley 4388- del cual el sector privado es parte.

Y que en el marco del “estado de emergencia” se implementen condiciones diferenciales en los servicios de agua y energía en sanatorios y clínicas. Solicitaron además “un tratamiento tributario (provincial y municipal) de exenciones que permita mitigar a las instituciones médicas la difícil situación”.

Pidieron a la provincia que establezca un subsidio al costo del oxígeno, un insumo fundamental en las instituciones médicas cuyo precio creció sin techo en los últimos meses.

Casi la mitad de la población misionera (el 45%) cuenta con obra social o prepagas y se atienden en sanatorios y clínicas. En tanto, desde el sector, estimaron que alrededor de 5.000 familias dependen en forma directa de las instituciones del sector y profesionales.

“Seguiremos trabajando para el bienestar de la población como lo venimos haciendo a través de los años, pero sin duda es imprescindible, ante la acuciante situación, la participación activa de todos los actores del sistema para que la atención de salud, bien tan preciado, no decaiga. Desde ese compromiso que venimos sosteniendo y lo reafirmamos es que se hace imprescindible aunarlos para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos”, indicaron los integrantes del Comité de Crisis.

Plazo de pago de pago

En tanto, sanatorios, clínicas y las instituciones médicas que encabezan este comité de crisis expresaron la necesidad de que las obras sociales y prepagas acorten los plazos de pago ”en un lapso de no más de tres meses, el pazo de pago de 5 días de presentada la facturación, sujetos a auditoría posterior, que hoy algunas obras sociales y prepagas están abonando con plazos de 60 a 90 días con la consiguiente depreciación de valores”.

Al respecto, Vymazal indicó que “si tengo una cardiocirugía mañana y le pido a la droguería la medicación para esa intervención, tengo que hacer el depósito en forma previa; mientras que nosotros cobraremos por esa cirugía en el mejor de los casos dentro de 60 días de la prestación, lo que hace que sea cada vez más inviable con la inflación que tenemos”.

Expusieron además que los aranceles médicos y sanatoriales deben actualizarse mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) siguiendo las directrices del Colegio de Médicos de Misiones y la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA).

Integran el Comité de Crisis el Círculo Médico de Misiones Zona Sur, ex presidentes del Círculo Médico de Misiones Zona Sur, Círculo Médico Zona Centro, Círculo Médico Zona Alto Paraná, Federación Médica de Misiones, Colegio de Médicos de Misiones, Cooperativa Médica UNIMED Libertador General San Martín de Puerto Rico, Coorperativa Médica UNIMED CAL de Apóstoles, Sanatorio Posadas, Sanatorio Camino “Complejidad Médica”, Sanatorio GVF-IOT, Instituto Simes y Sanatorio Gauto.

 

Cobro a pacientes: “No todos tienen dinero para una cirugía”

El director médico del IOT admitió que siempre existe la posibilidad de cobrar al paciente, pero es la última alternativa para los prestadores sanatoriales.

“Todavía no decidimos cobrarle al paciente porque todos sabemos que vivimos en una provincia donde la mayoría es empleada del Estado y, los que son del sector privado, tienen haberes promedio incluso por debajo al del sector estatal. No todos tienen el dinero para hacerle frente a pagar una cirugía o una internación”, reflexionó Guillermo Vymazal.

Claramente no es lo mismo cobrar un plus por consulta que por día de internación.

Además, según admitió el médico “la gente considera que en salud no debe gastar porque aporta todos los meses un porcentaje de su sueldo para la obra social o porque paga una prepaga. Así que si a esa persona se le pide además un adicional se molesta mucho, pero la realidad es que nosotros no estamos llegando a cubrir costos en este momento”, señaló.

En promedio, según precisó, el tiempo de internación de los pacientes en el sanatorio IOT se mantuvo en 1,7 días en los últimos cinco años, pero “lo que a principios de 2023 costaba de medicamento en internación 3.500 pesos por paciente ahora ascendió a 25.000 pesos porque la inflación de medicamentos no es lineal a la del INDEC, pues algunos se dispararon el 500%, otros 200% y otros 20%”.

Los aumentos en la salud superaron a los de las obras sociales y prepagas “que no alcanzaron a cubrir ni siquiera la inflación, mucho menos la inflación de medicamentos”. indicó.

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Tags: colapsoComité de crisisMisionesSalariosSalud privadasanatorios
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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