Los usuarios del transporte de pasajeros siguen sufriendo destratos y nadie hace nada. En Posadas y Oberá son cada vez más constantes y fuertes las quejas pero los funcionarios municipales ni provinciales toman cartas en el asunto. A esto se suma la llegada del intenso calor y los sucesivos aumentos del costo del pasaje. Las empresas del Grupo Z “prácticamente hacen lo que quieren” aseguran los vecinos. Pareciera que las autoridades miran para otro lado.
En la Capital provincial hay una demora inexplicable del Grupo Z en incrementar los montos de carga de la tarjeta SUBE. Servicios Urbanos, que es la responsable, solo permite $600 cada vez. Muchos usuarios que usan cuatro veces el colectivo por día tienen que hacer dos cargas por semana, con el problema de que hay pocos puntos de recarga. La situación perjudica el bolsillo de los vecinos que deben pagar el boleto más caro, en efectivo, cuando el saldo no les alcanza. En tanto, en Oberá (ver abajo), la empresa “hace prácticamente lo que quiere”, reduciendo frecuencias, cambiando recorridos, dejando barrios enteros sin servicio y obligando a la gente a “viajar como ganado”.
Seis meses esperando
El concejal de Posadas Pablo Velázquez (JxC) señaló que “hace seis meses Lucas Jardín se comprometió a que se iban a ampliar los márgenes de la SUBE”.
En la sesión del Concejo Deliberante de ayer, Velázquez presentó una nota solicitando que el Municipio de Posadas informe “los motivos por los cuales no se sube el tope de recarga que hoy no puede ser mayor a $500” y “si aún hay faltantes del plástico y si se prevé reponer o sobrepasar esta situación”.
También pidió “frecuencia y recorridos de las unidades; función y tareas que realizan los inspectores actualmente, información sobre la cantidad de usuarios, discriminado por beneficiarios del BEG u otros beneficios como así también los usuarios que efectivamente abonan por el servicio; y la implementación de nuevas conexiones del transporte urbano, en dirección tanto a la terminal de Quaranta como a la de UNaM”.
“Hoy la Ciudad cuenta con uno de los pasajes más caros del país, con lo cual necesitamos información en relación a la calidad del servicio, la frecuencia y recorridos, así como también la situación de los medios de pago actuales y la forma de abonar”, señaló en los fundamentos.
Agregó que “el Ejecutivo municipal es el principal responsable y veedor del transporte público de pasajeros como organismo de contralor, por lo cual desde este Honorable Cuerpo debemos acceder a la información que permita actuar con algunas de las potestades que aún le restan a este cuerpo”. En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, el concejal señaló que “seguir con un tope de $600 parece ridículo. En algún punto pareciera ser que tanto la empresa como la política le toma el pelo a la gente”.
Recordó que “a principio de año planteamos el tema del pago con QR y el aumento de los $600. Fue Lucas Jardín (Secretario de Movilidad Urbana) a la comisión de Transporte que preside el concejal Vancsik y después quedó en la nada, que es lo más llamativo”. Y dijo que “en el acta y la grabación de la reunión de hace seis meses Jardín se había comprometido a que se iban a ampliar los márgenes de la SUBE”.
Sostuvo que “la empresa dice que ‘la culpa tiene la Municipalidad que no nos permite ampliar los márgenes’. Parece la historia del huevo y la gallina porque después la Municipalidad te dice que ‘los aplicativos de la empresa no están preparados para aumentar los márgenes’”.
“Cuando recibimos este tipo de respuesta creo que le toman el pelo a la gente que es la que está esperando una solución concreta para que viajar en colectivo no sea un parto” enfatizó.
Sobre el faltante de tarjetas, que miles de usuarios no pueden renovar, Velázquez indicó que “parece raro porque quienes estos días anduvieron por Buenos Aires siguen diciendo que consiguen el plástico a cada cuadra a $500”. Por esta razón los usuarios exigen que se utilice la SUBE Nacional que se vende fácilmente en cualquier kiosco y otorga más beneficios que la SUBE criolla, que Servicios Urbanos no entrega y dice que “no hay plástico”.
El edil adelantó que también pedirán información sobre los motivos por los cuales la Terminal de Transferencia cierra a las 22 horas. “No puede ser que un día no hay plástico, otro día no funciona el aparatito y otro día alguien no amaneció” y la gente tenga que aguantarse todo.
Cantidad de usuarios
En años anteriores el Concejo Deliberante recibía cada tres meses un informe de SUSA, del SUBE misionero sobre la cantidad de boletos que se utilizaba a través del sistema, pero en el último año dejaron de recibir esa información.
“Nosotros en el Concejo Deliberante desconocemos la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio de transporte”, dijo y consideró importante tener injerencia en que al menos se visualice la enorme cantidad de problemas y quejas.
“No hay barrio que yo no pise donde la gente se queje o porqué el servicio no se cumple en horario o por el estado de las unidades que eso era algo que no ocurría. Evidentemente está habiendo problemas con el servicio y queremos conocer al menos de parte de la Intendencia cuáles son los controles”, finalizó.
Más de 30 actas de infracción pero ninguna sanción a las empresas
El drama y el pesar por el deficiente servicio de colectivo urbano en Oberá suma todos los días una arista nueva, que afecta a miles de usuarios del transporte, en manos del Grupo Z.
A raíz de esto, los concejales Mara Frontini y Marcelo Gazzo, del Bloque PRO – Juntos por el Cambio, impulsaron un pedido de informes para que el municipio dé respuestas por el paro de colectivos del 1 de septiembre que dejó a la deriva a los obereños. ¿Cuál fue el motivo del paro?; ¿Cuáles fueron las sanciones o infracciones que le realizaron a las empresas de transporte Next y Guacurarí?; ¿El Ejecutivo municipal estaba al corriente de este paro?; ¿Cumplirá el Municipio la sanción estipulada en la Resolución 251 (Regímenes de Infracciones)?
En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, Frontini explicó que “hay muchísimos reclamos, hay muchas irregularidades de este servicio nuevo”.
Contó que “el 1 de septiembre realizaron un paro sorpresivo y las personas no tuvieron como movilizarse. Ese mismo día presenté una nota al Ejecutivo municipal para que me explique cuál fue el motivo del paro de colectivos y cuáles van a ser las medidas de sanción a la empresa. No obtuve ninguna respuesta”. Seguidamente, luego de unos días, junto al concejal Gazzo “como Bloque, hicimos nuevamente una nota al Ejecutivo municipal”.
Al día de hoy, casi un mes después, no tuvieron respuestas.
Mencionó que en la Resolución 251 del Ejecutivo obereño se establece penas contra la empresa de transporte de hasta 15 mil VTB (Valor Tarifario del Boleto) por cese parcial de servicios y la prestación irregular del servicio, es decir, por paros sorpresivos, o suspender líneas y frecuencias, como está ocurriendo en este momento en la ciudad obereña. En ese sentido, alertó que “hay más de 30 actas de infracciones, solo actas, pero la sanción en sí no se está ejecutando”, dijo. Y esperan, a través del pedido de informe, acceder al registro de todas las actas de infracciones que han realizado a estas empresas. “Quiero constatar de que es cierto”, afirmó Frontini.
Además, mencionó otra falencia: el recorte de frecuencias de la línea 2-B, que lleva a usuarios del barrio 180 Viviendas a la zona céntrica de Oberá. Sobre esto dijo que “hubo una protesta generalizada de usuarios por esta línea específica. Esta línea recortó la frecuencia, entonces las personas llegan tarde a las escuelas o como están llenísimos los colectivos, no llegan a la escuela. También, los empleados del hospital SAMIC llegan tarde y les sacan el presentismo que representa $45 mil”.
