El año 2023 terminará con cinco aumentos en el precio del boleto de colectivo urbano de la capital misionera, llevando el costo a $150 con SUBE Misionero y $200 sin la tarjeta. De esta manera y con estos números, Posadas se ubicará en el podio de los servicios más caros del país, comparando con otras capitales y grandes ciudades del resto de las provincias.
Para colmo, cada vez son más los usuarios que no tienen posibilidad de utilizar la SUBE y deben pagar el costo más alto, $200 en efectivo, debido a que la empresa designada para administrar la tarjeta, Servicios Urbanos SA, desde enero dejó de entregar plásticos con el argumento de que no se consiguen insumos.
El año había comenzado con el boleto a $50 con SUBE y $70 en efectivo. En junio se conoció el decreto del intendente Leonardo Stelatto donde se estableció una seguidilla de aumentos, cinco en total, a aplicarse hasta diciembre cuando los valores serán $150 y $200 respectivamente. Implica una suba de $300 en menos de un año.
Además de que no reciben el plástico de parte de Servicios Urbanos, las empresas del Grupo Z se niegan a instrumentar la tarjeta SUBE nacional, que se puede comprar a precio más económico en cualquier kiosco, se puede cargar saldo sin límite y otorga mayores beneficios para los usuarios, como descuentos por la cantidad de kilómetros recorridos.
Desde hace años los usuarios reclaman la SUBE nacional pero el Grupo la rechaza, porque quedaría expuesto a los controles de la Nación y se transparentarían sus números, algo que viene evitando a toda costa desde décadas. Hoy en día el Grupo presenta la venta de boletos y los kilómetros recorridos mediante declaración jurada, que nadie controla.
Ranking de los más caros
Solo Posadas y Corrientes cerrarán el 2023 con el boleto tocando los $200. Todas las provincias del resto del país tienen tarifas más económicas. Neuquén, que tenía el costo más alto en mayo, pasó de $130 a $174 hace tres semanas.
Mar del Plata tenía el segundo más caro en mayo, ahora se incrementó de $119 a $165. El tercero del ranking hasta mitad de año era Bariloche que en junio aplicó un aumento elevando la tarifa de $115 a $158.
Por su parte, la vecina provincia de Corrientes pasó hace dos meses de $100 a $170 y en diciembre pegará otro salto hasta los $200.
Lo mismo que Posadas, que ahora se pone entre los primeros del ranking con una tarifa que llegará a $150 con SUBE y $200 sin la tarjeta. Y ese monto afecta cada vez a más personas que no pueden renovar el plástico por la caprichosa negativa del grupo. En Chaco, otra de las provincias del NEA; el pasaje sigue costando $85.
El único gran perdedor
En todo este lío, el usuario es el único gran perdedor. Si pierde el plástico, por el motivo que fuere, la empresa se niega a tramitarle el de reposición con el argumento de un problema de suministro de chips y plásticos. Por ende, miles de personas son empujadas a bajarse la aplicación SUBI para poder gozar del descuento o de lo contrario resignarse a pagar de más.
Pero, si eso no fuera suficiente manoseo, quien sí tiene el plástico o en su defecto la aplicación, se tiene que conformar con el insignificante saldo de $600 como máximo que permite el sistema. Con las subas, ese dinero no significa absolutamente nada para un empleado que trabaja en horario cortado, ya que la carga máxima le alcanzará para los cuatro viajes de un solo día. Por lo tanto, muchísima gente se ve empujada a peregrinar buscando puntos de recarga (que escasean), para no tener que pagar de más.
Si por ejemplo se ampliara el cupo de carga, en el caso que se autorice un monto de $3.000, le alcanzaría para pagar los boletos de una sola semana al mes.
Sin duda, otro abuso contra la población por donde se mire.
Los subsidios al transporte más injustos
De acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo (CESID) se destaca la marcada concentración de la distribución de las transferencias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando una fuerte asimetría en términos de federalismo.
Según precisó el organismo, el Estado nacional transfirió al sistema de transporte público $498.663 millones durante 2022. Esto equivale al 16,9% del déficit fiscal primario de la Administración Pública Nacional (APN), el 2,9% del gasto total y el 0,6% del PBI.
Los subsidios al transporte terrestre de pasajeros se concentraron en el AMBA, donde alcanzaron el 87% del total en el 2022 -la población que vive en ese distrito representa aproximadamente el 30% del total país-. El 13% restante se repartió entre las demás jurisdicciones del país.
Si bien es lógico que, por ser la región de mayor concentración demográfica, el AMBA concentre la mayor parte de los subsidios de la Nación, desde CESID aclararon que el reparto es proporcionalmente desparejo. Al tener en cuenta el tamaño de la población y la infraestructura de transporte, se observa que hay provincias que están en relativa desventaja con el AMBA. “Si los subsidios nacionales al transporte se distribuyeran federalmente, todas las provincias recibirían mayores fondos. En 2022, Córdoba habría sumado +$27.503 millones, Santa Fe +$29.953 millones, Entre Ríos +$17.997 millones, San Juan +$10.448 millones y Mendoza +$10.183 millones”, detallaron. Las brechas son más claras cuando se analiza el reparto de subsidios provincia por provincia. De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Transporte de la Nación y tomando en cuenta todos los medios de transporte (colectivo, ferroviario y aerocomercial), en 2022 el AMBA obtuvo el 78% de los subsidios, el resto de la provincia de Buenos Aires recibió el 1,9%; Córdoba, recibió el 3,3%; Santa Fe el 2,9% y San Juan 1,3%, por mencionar algunas de las provincias argentinas. Misiones solo recibe 0,6%.
La jurisdicción que más subsidios recibió en 2022 (AMBA), cobró 12.302,6 veces más que la que menos recibió (Santa Cruz). Ahora bien, si se toma en consideración la población de cada ciudad -según último censo de INDEC- se encuentra que el año pasado el AMBA recibió $13.194,81 por habitante, mientras que Santa Cruz obtuvo solo $44,98 por habitante.
