La empresa Servicios Urbanos Sociedad Anónima (SUSA) no se presentó a la Audiencia convocada por la Dirección de Defensa del Consumidor el 19 de septiembre en el marco de una denuncia efectuada por la empresa Bencivenga, que la acusa de no permitirle utilizar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) Misionero en sus colectivos.
Bencivenga argumentó dos cosas: que SUSA no le otorga las máquinas lectoras para que los usuarios puedan utilizar el beneficio del boleto subsidiado o gratuito a pesar de aportar fondos; y que tampoco le provee la información para comprar los equipos precisos y poder brindar el mismo servicio que las otras empresas del Grupo Z.
Miles de usuarios de Posadas se encuentran perjudicados por este comportamiento, ya que no pueden acceder al boleto subsidiado ni al boleto estudiantil gratuito. La empresa efectuó la presentación para que, justamente, se “defienda” a esos usuarios.
Entre los documentos presentados en la denuncia se encuentra un acta firmada el año pasado por la Provincia y todas las empresas, mediante la cual el Gobierno le otorga a SUSA el 7% de todos los fondos que se destinan al transporte público urbano de pasajeros de Posadas, Garupá y Candelaria (subsidios nacionales, provinciales y municipales) para que se encargue de brindar el servicio para todos los usuarios. Bencivenga también aporta a SUSA pero no recibe las máquinas lectoras de la tarjeta.
En el acta mencionada, Servicios Urbanos se compromete a realizar una inversión de US$ 3.000.000 para renovar el equipamiento tecnológico y mejorar la SUBE, inversión que no se habría efectuado hasta la fecha.
Las otras empresas prestadoras del servicio pertenecientes al Grupo Z no tienen inconvenientes y reciben todo el equipamiento de parte de SUSA. Esto estaría relacionado a que esas empresas fueron aportantes económicos para la creación de SUSA y tienen una clara vinculación (de acuerdo a una denuncia efectuada en la Legislatura).
Abastecimiento y lealtad
En una cédula de notificación a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, Defensa del Consumidor señala que la cuestión (expediente 1568/23 Bencivenga SRL C/Servicios Urbanos SA) podría afectar los derechos de los usuarios del transporte que deseen utilizar los servicios brindados por la firma Bencivenga, haciendo uso de los beneficios que subsidian la tarifa como los de boleto gratuito.
Agrega el organismo que surge del Acta que SUSA “es la responsable de la administración, actualización y aplicación de dicho servicio que es puesto a disposición de los usuarios a los fines de hacer uso de los beneficios de gratuidad y tarifas subsidiadas”.
Y resalta que “los usuarios que deseen usufructuar los beneficios que las normas les otorgan necesariamente deben utilizar los servicios del SUBE y de ello es claro que existe relación entre el usuario y el proveedor del servicio correspondiente al SUBE, en este caso Servicios Urbanos”. En otras palabras, sostiene que la empresa responsable de la tarjeta debe lograr que todos los usuarios de todas las empresas de colectivos puedan acceder al sistema.
Como estrategia de defensa, SUSA señala que Defensa del Consumidor es incompetente para entender en el tema porque se trata de un conflicto entre empresas y no un problema de “consumidores”.
Y el organismo le responde recordando que el artículo 1° de la ley 24.240 expresa que el servicio de transporte público se encuentra dentro de la ley de Defensa del Consumidor y se debe regir por sus disposiciones.
“Lo que aquí se ventila es si la prestadora cumple con sus obligaciones con relación al consumidor” señala el organismo que dirige Alejandro Garzón Maceda y rechaza “la incompetencia planteada” determinando que SUSA deberá “seguir los autos en trámite previstos en la ley 24.240”.
Y finaliza estableciendo que en el conflicto “podrían verse involucradas en las presentes actuaciones las incidencias contempladas en la ley de Lealtad Comercial y la Ley de Abastecimiento, las cuales también esta Dirección de Comercio Interior es autoridad de aplicación”.
La referencia a la Lealtad Comercial se señala por la negativa a Bencivenga a otorgarle el sistema SUBE y el Abastecimiento se indica porque miles de usuarios que usan esa empresa no pueden acceder a la SUBE, al boleto subsidiado ni al boleto gratuito.
Crece el rumor de que licitarían las líneas de bencivenga
Los usuarios de la empresa Bencivenga vienen escuchando hace varias semanas que hay una intención de desplazarla y licitar sus líneas. Y esta medida sería la culminación de una secuencia de acciones lineales que se observan con la finalidad de “acomodar” a otra empresa en ese lugar.
a) Se le niega la posibilidad de utilizar la tarjeta SUBE, no se le otorgan los equipos ni tampoco la información técnica y precisa para comprar los equipos con fondos propios, impidiendo a sus pasajeros acceder a los beneficios del transporte urbano.
b) No se le permite ingresar a las estaciones de transferencia de la UNaM ni de Quaranta con el argumento de que no aportó fondos. Pero la empresa solicitó autorización para construir una nueva estación y no se le respondió.
c) El Gobierno provincial no le paga el subsidio que se genera mediante el fideicomiso para el transporte urbano desde octubre del año pasado, a razón de casi $60 millones de pesos por mes. Sin embargo, las empresas del Grupo Z, que son socias estratégicas y aportantes a la creación de SUSA, cobran más de $600 millones de pesos al mes. Este fideicomiso se creó con la única finalidad de asistir los gastos del transporte urbano de la Capital (ahora se habría extendido a Oberá), pero el resto de las empresas de la provincia, urbanas y suburbanas, no acceden a ese fideicomiso. Sería casi hecho a medida.
d) La empresa consultó en la Municipalidad si tenía alguna infracción o algún incumplimiento que justifique el recorte de los subsidios y le respondieron que no existía documentación en ese sentido. Hacienda igual sigue sin pagarle.
