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Movilización: “Koki” Duarte y Pedro Andersson “no cometieron ningún delito”

Fueron las palabras de Mónica Gurina, referente de la ATE y CTA, quien encabeza el apoyo a las ex autoridades de la CELO frente al Juzgado de Instrucción 1 de Posadas. Ratificó que existe una "persecución judicial".

25 julio, 2022

Como se había anticipado, organizaciones sociales tenían previsto reunirse esta mañana frente al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Posadas, para movilizarse en contra de la supuesta persecución judicial que repercute en el ex presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), Pablo “Pilo” Andersson, y su ex vicepresidente, Jorge “Koki” Duarte. Efectivamente así lo hicieron, y desde las 9 están concentrados en la sede judicial de avenida López Torres casi Mitre.

Mónica Gurina, referente de los gremios ATE y CTA en Misiones, mencionó a la FM 89.3 Santa María de las Misiones que también están reunidos miembros de otras organizaciones. Dijo que el objetivo de la manifestación es “reivindicar” y a poyar a los compañeros denunciados.

Los antecedentes que, en palabras de Gurina, dieron paso a la “persecución” de “Koki” Duarte “comenzaron en 2003 y se agudizaron en 2006”. En ese lapso, “por distintos mecanismos se le fue restringiendo la independencia al Poder Judicial. Todos aquellos jueces que tenían independencia se fueron jubilando, retirando, y apareció el Concejo de la Magistratura y la designación de jueces a dedo”, apuntó Mónica Gurina.

Dicho esto, la referente de los gremios argumentó que advierten “que existe un mecanismo de criminalización contra Duarte y Andersson, contra aquellos que son referentes sociales, gremiales o militantes históricos de la causa ambiental o social”.

Concentración de organizaciones sociales frente al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Posadas.

En este marco, Gurina ratificó y aseguró que depositan toda su confianza en que las ex autoridades de la CELO “no cometieron ningún delito” y que mantienen una “trayectoria marcada por la honestidad“. En este punto, reivindicó el funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica de Oberá por los servicios que garantiza.

“Que hoy quieran dilapidar su historia nos duele, desde el Gobierno encontraron mecanismos y artilugios para sacarlos del medio”, apuntó Mónica Gurina.

De todas maneras, es preciso remarcar que la causa continúa en proceso de investigación para determinar si efectivamente ocurrieron irregularidades en la gestión anterior de la CELO. Justamente, este lunes ambos ex directivos tenían cita ante el juez Marcelo Cardozo y prestarían declaración indagatoria.

Por último, la integrante de la CTA mencionó que “en el país prácticamente todas las cooperativas eléctricas están en la misma situación, en la provincia hay cooperativas como Eldorado u otras que deben más que la CELO. El planteo desde la Cooperativa de Oberá fue que habiliten el pago del capital y produzcan la quita de intereses, que ese es el mayor de los problemas, y resulta que a la CELO no le habilitan, pero a las otras sí”, criticó Gurina.

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Tags: #Corrupción#OberáCELOCTADenunciaFM89.3InvestigaciónKoki DuarteManifestaciónPedro Andersson
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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