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Kinesiólogos: por bajos aranceles de las obras sociales, piden cobrar un coseguro

Desde la Asociación de Kinesiólogos y fisioterapeutas afirmaron estar en una “situación crítica” y solicitaron autorización para cobrar un coseguro a los pacientes.

14 mayo, 2022

Muchas veces el sistema de pagos de las obras sociales pone en jaque a los profesionales de la salud que deben cerrar convenios por menos del valor ético establecido y esperar meses por el pago de sus honorarios.

Este es el caso de los kinesiólogos que por los aranceles bajos y pagos con retrasos de hasta 90 días solicitaron a las obras sociales cobrar un coseguro a los pacientes. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Misiones, Juan José Gómez, a la FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Si bien indicó que en este momento hay una cadena continua de pagos, “la situación con las obras sociales se está poniendo muy difícil ya que el pago siempre viene con un atraso de hasta 90 días, imaginate que hoy estamos cobrando lo que trabajamos hace tres meses, es decir con aranceles de hace tres meses. La inflación se lo devora”, explicó Gómez.

Ante esto, desde la asociación están “tratando de mejorar la calidad de los aranceles, sin embargo, a veces tenemos negativa de parte de las obras sociales, o plantean contrapropuestas muy bajas que ni si quieran llegan al valor ético que tenemos nomenclado, así que estamos complicados”, afirmó.

En contrapartida, explicó que la kinesiología en general brinda una gran variedad de técnicas y tratamientos, con insumos caros valuados en dólares, sin contar los años y el costo que implica tomar una especialización, “por ahí la gente piensa que la kinesiología es sólo ponerse un aparato, hacer masajes y ejercicio, y nada más lejos, hay muchas especialidades, técnicas y elementos que nosotros utilizamos, los cuales no están nomenclados en los códigos de las obras sociales”.

Por su parte, en el caso particular de las prepagas y obras sociales sindicales, “quieren que sus afiliados tengan el 100% de cobertura pero aumentan la cuota al afiliado y esto no se ve reflejado en el arancel que brindan a los profesionales”, expresó el kinesiólogo. “Estamos en una situación muy crítica y estamos prohibidos de cobrar un plus, que en realidad no es un plus, es un coseguro y a veces uno cobra por prácticas que no están nomencladas”.

 

Suspensión y coseguro

Ante esta situación, la asociación, apeló a presentar varias notas, agotando todos los medios de comunicación con las obras sociales, para que éstas consideren una readecuación de los aranceles. También, han propuesto que las mismas autoricen el cobro de un coseguro al paciente para llegar al monto del arancel ético, “algunas han contestado con la suba de los honorarios y otras todavía no”, explicó Gómez.

Es decir, “ya que no pagan lo que los profesionales pedimos, solicitamos que nos autoricen a cobrar a los pacientes un coseguro y que se realice de forma legal”, algo que, según la Asociación entienden muy bien los pacientes.

Es así que las obras sociales que no dan respuesta (en reiteradas ocasiones) al pedido de aumento de los aranceles, son suspendidas y se inhabilita a que los todos profesionales hagan acuerdos con éstas de forma individual, bajo un código de disciplina aprobado el año pasado.

Es decir, el afiliado de estas obras sociales suspendidas queda sin cobertura total ya que ningún profesional puede atenderlo.

“Es una lucha constante, imaginate esta situación: si estamos recuperando al paciente y en plena recuperación se suspende la obra social. Ahí la persona tiene que pagar y muchas veces no puede hacerlo todos los días a pesar de que necesiten atenderse a diario; es decir pierde su recuperación hasta que la obra social regularice su situación”, afirmó.

Finalmente indicó que las únicas obras sociales que están capitadas, es decir que tienen asignada la cantidad de sesiones, son las del Estado: PAMI e IPS; que si bien cumplen siempre con los pagos en el margen previsto, siguen pagando un arancel mínimo, por debajo del valor ético y son “un buen trato” únicamente por la cantidad de afiliados que tienen, lo que significa más trabajo.

 

Tags: CoseguroFM 89.3juan José GómezKineiólogosMisiones
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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