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La inflación le ganó otra vez a los salarios

4 mayo, 2021

La recuperación en términos reales de los salarios es uno de los objetivos que se planteó el equipo económico para este año, luego del golpe a la actividad que significaron la pandemia y la cuarentena adoptada por el Gobierno, con aumento de la pobreza y caída del empleo. Es que, desde su inicio en marzo, los salarios subieron 10 puntos menos que la inflación en el período.

Así se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que reportó que el índice de salarios subió 4,3% en febrero, frente a un incremento de los precios de 3,6% en ese mes, por lo que recuperó lo perdido en enero. Los salarios privados formales tuvieron un mejor desempeño, al trepar 5,1%, pero los informales avanzaron apenas 2,8%. Los públicos treparon 3,8%.

De esta manera, en los 12 meses que van desde marzo de 2020 a febrero, la inflación interanual superó el 40,4%, mientras que el índice de salarios avanzó 30,2%. Así, el deterioro en términos reales es de 7,3% en el período.

En el desagregado, el peor desempeño se observó en el sector público, que avanzó 27,7% en el período, con una caída real de 9%, seguido por el privado registrado, que avanzaron 29,3% nominalmente, lo que arroja una baja real de 7,9%.

En tanto, el sector privado informal perdió sólo 3% en términos reales, con una suba nominal interanual de 36%. Si bien fue el segmento salarial más golpeado en la fase más estricta al inicio de la cuarentena, con la apertura tuvo una recuperación más dinámica dada su sensibilidad a la actividad por la flexibilidad que permite.

Este contexto refuerza las necesidades típicas en cada año electoral que tiene el oficialismo de robustecer el poder adquisitivo de los ingresos. Una de las medidas, dirigida a los salarios brutos de entre $100.000 y $150.000 fue liberarlos de abonar el impuesto a las Ganancias.

Si bien la medida impactará en el pago del año que viene, significará el reintegro de lo retenido por las empresas en los primeros meses del año, una cifra que oscilará entre los $10.000 millones y los $15.000 millones y que se volcará al consumo.

Por ello, el Gobierno se aferra a su meta de inflación de 29% que fijó en el Presupuesto 2021, para lo cual por un lado apuesta al retraso del ajuste de tarifas de los servicios públicos y por otro a anclar el tipo de cambio con una disminución del ritmo de depreciación (lo que los economistas denominan crawling peg).

Además, desde la Secretaría de Comercio se refuerzan los controles de precios y se buscan extender los acuerdos sectoriales para lograr cierta convergencia a la meta, al igual que por el lado de las paritarias salariales.

 

 

No obstante, el dato de inflación de marzo de 4,8% y un acumulado de 13% en el primer trimestre, deja severamente comprometida la meta oficial: necesita que en los nueve meses sucesivos el promedio mensual se mantenga en 1,5%, un guarismo que consiguió solamente en dos de los últimos 40 meses, los dos más estrictos de cuarentena que paralizaron la actividad.

“Es muy poco probable que veamos una recuperación que supere la aceleración de los precios. Parecen haber factores que están generando presiones de primera y segunda ronda, que afectan directamente a la evolución de la canasta de bienes y servicios, y que difícilmente se vean compensados por la suba de los salarios”, consideró Joel Lupieri, economista de la consultora EPyCA.

Abril viene complicado en materia de aumentos, puntualmente en el rubro alimenticio. La consultora LCG registró una inflación mensual de esta división de 4,4% en su relevamiento semanal que realiza en el Gran Buenos Aires.

Los analistas prevén un dato general de 3,5% y 4%, que dejaría el acumulado entre 17% y 17,5% y constituiría un listón bastante elevado para la mentada recuperación salarial en términos reales.

Si bien LCG espera cierta estabilidad entre el avance de los precios y del índice de los salarios en el corto plazo, prevé que en términos reales 2021 constituya el cuarto año consecutivo de caída: desde 2018 el deterioro acumularía un 27%.

“Aunque el cierre de paritarias podrá traer algo de alivio para el poder adquisitivo de los trabajadores, los acuerdos se concentran entre el 30% y el 35% anual, por encima de la pauta de inflación establecida en el Presupuesto pero por debajo de la inflación esperada para este año, cercana al 45%”, concluyó LCG.

 

Proyecciones

Aunque la medición del INDEC se conocerá recién el jueves 13 de mayo, el consenso del mercado estimó que la inflación de abril cerró cerca del 4% y acumula más de 17 puntos porcentuales en el primer cuatrimestre del año, volviendo incumplible la meta oficial del 29% incluida en el Presupuesto 2021 elaborado por el Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán. Economistas consultados por Infobae coincidieron con Guzmán en que en los próximos meses la inflación amainará, pero no descenderá tan rápido como para satisfacer las metas oficiales presentadas a mediados de septiembre.

 

El factor de la segunda ola

La segunda ola de COVID-19 tiene efectos ambiguos sobre el nivel de precios.

Si las restricciones llevan a una caída fuerte de actividad y fuerzan un esfuerzo fiscal importante de ayuda a los sectores más afectados, pueden llevar a un aumento del déficit fiscal y por ende a más combustible inflacionario.

Del otro, el cierre de algunos sectores o actividades también puede acarrear precios “cerrados” (bienes y servicios que se dejan de ofrecer y de consumir) que tira abajo los índices, como sucedió en 2020, durante los meses de más estricta cuarentena.

Un informe de Abeceb considera a la inflación como el “mayor problema económico del Gobierno” de cara a las elecciones legislativas y si bien reconoce que “las autoridades han intentado dar algunas pautas, el índice de precios fue impermeable a esas pautas”.

Tags: #economíaINDECInflaciónSalarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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