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La ONU exigió a Paraguay que esclarezca el asesinato de las dos niñas argentinas

6 septiembre, 2020
PRESIDENTE. Mario Abdo en la polémica imagen el miércoles cuando se afirmaba que las abatidas eran jefas del EPP.

PRESIDENTE. Mario Abdo en la polémica imagen el miércoles cuando se afirmaba que las abatidas eran jefas del EPP.

El gobierno de Paraguay, presidido por Mario Abdo, en el centro de las críticas por el crimen.

El Gobierno paraguayo debe investigar “sin demora y de forma imparcial” la muerte de dos niñas en un operativo de fuerzas de seguridad contra un grupo rebelde en el norte de Paraguay, dijo este domingo la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Fuerzas militares y policiales se enfrentaron el miércoles con integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un pequeño grupo armado sindicado como responsable de secuestros y ataques en la última década en el país, en la zona de Yby Yaú, unos 370 kilómetros al norte de Asunción.

Luego del combate el Gobierno paraguayo informó que durante este habían muerto dos menores de edad de sexo femenino, sin mayores detalles sobre su identidad.

Sin embargo, el sábado, tras la exhumación de los cuerpos, un médico forense dijo a periodistas en Paraguay que las fallecidas eran dos niñas de 11 años y que presentaban heridas de bala.

“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos”, dijo Jan Jarab, representante en América del Sur del ACNUDH, según un comunicado de la entidad.

Jarab pidió al Gobierno del presidente Mario Abdo “investigar sin demora y de forma imparcial” las muertes de dos niñas y advirtió que su oficina había recibido “información inquietante” sobre intentos de manipular evidencias de lo ocurrido.

La Cancillería paraguaya dijo este domingo en respuesta al pronunciamiento de ACNUDH que el procedimiento fue autorizado y acompañado por representantes del Poder Judicial y que las investigaciones posteriores eran “imparciales e independientes”.

A su vez, reiteró su rechazo a lo que el Gobierno paraguayo sostiene como práctica del EPP de “utilizar a niñas, niños y adolescentes como escudos humanos, con el agravante que en algunas situaciones estos menores son incluso parte del núcleo familiar” de sus líderes.

El operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) paraguaya desató críticas de opositores al Gobierno de Abdo, al que acusaron en un comunicado de apresurarse “en enterrar los cuerpos de estas niñas sin que siquiera hayan sido identificadas”.

Según la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, las niñas eran sobrinas de la militante del EPP Carmen Villalba, quien se encuentra presa en Asunción, y habían ido a visitar a familiares.

El Gobierno argentino demanda al Gobierno paraguayo el urgente esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos argentinas de 11 años. Rechazamos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades.https://t.co/rEm4t62jzB pic.twitter.com/o0ioB2TDS0

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) September 4, 2020

La Cancillería argentina también pidió a Asunción que aclare e identifique a los responsables de la muerte de las niñas, las cuales reconoció el viernes como ciudadanas argentinas. “Rechazamos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades”, dijo el ministerio que conduce Felipe Solá. Sin embargo, el Gobierno paraguayo sostiene que existen evidencias que las niñas eran de nacionalidad paraguaya.

MARÍA CARMEN Y LILIAN MARIANA. Últimas imágenes de las niñas antes de partir hacia Paraguay en noviembre de 2019 para conocer a sus respectivos padres.
Cancillería paraguaya califica de irresponsable a representante de la ONU por “insinuar alteración de los hechos”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay calificó de irresponsable al representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por “insinuar una posible alteración de los hechos”, al pedir que se esclarezca la muerte de dos niñas en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Yby Yaú, el pasado miércoles.

“(La Cancillería) Rechaza rotundamente las expresiones del comunicado que aluden a las normas del Protocolo de Minnesota y considera irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado“, señala el comunicado que emitió la cartera estatal en la tarde de este domingo.

“(Este) hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo”, añade el escrito.

Mientras tanto, en el comunicado difundido por Cancillería paraguaya, se manifiesta que la institución no recibió ninguna solicitud por parte de la Oficina dependiente de la ONU y considera que “sería sumamente constructivo que dicha oficina se nutra igualmente de la información oficial para emitir pronunciamientos más equilibrados y objetivos”.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay también aclara en su respuesta al representante de Naciones Unidas que “el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no es un grupo armado no estatal, como erróneamente afirma dicha oficina, sino una organización criminal, con objetivos y acciones terroristas, como ya ha sido confirmado en fallos firmes y ejecutoriados por los tribunales de la República”.

 

Fuente: Ámbito/Última Hora.

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Tags: #ParaguayArgentinaEPPGuerrillerosNiñas asesinadasONU
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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