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“Gran Posadas” se suma a la “nueva” ruta del exilio venezolano

15 agosto, 2018
Toro Mejías y la familia de su esposa viven en un salón de Garupá y desde allí orientan a los compatriotas que van llegando.

Mientras miles de venezolanos a diario intentan escapar a la crisis económica y política de su país y jaquean las redes de contención social de sus vecinos Brasil, Colombia y Ecuador, los nuevos emigrantes buscan alternativas más lejanas donde poder instalarse y desarrollar su nueva vida.

En ese contexto de “saturación”, que ya incluye también a las grandes ciudades de Perú, Chile y Argentina, las provincias periféricas de esos países se erigen como tierra de oportunidades para las nuevas “oleadas” de exiliados.

Es por eso que -si bien no existen cifras oficiales- se calcula que más de un centenar de venezolanos llegó a Misiones en los últimos meses y de ellos casi la mitad se instaló en la zona metropolitana de Posadas, Candelaria y Garupá.

En esta última ciudad, un total de 46 personas se vincula directamente a través de un centro que funciona en un predio cedido temporalmente por la Iglesia luterana por razones humanitarias, ya que quienes llegan lo hacen con las manos absolutamente vacías.

Allí los recibe José León Toro Mejías, un venezolano que, tras un largo periplo regional a la salida de su país, desembarcó en Montecarlo el 25 de marzo pasado y dos semanas después se trasladó a Posadas.

Desde hace dos meses, cuando pudo recibir a su esposa y el resto de su familia, está “al frente” del centro en Garupá que se encarga de recibir, orientar y asistir a los compatriotas que van llegando.

En el lugar, cercano a la avenida de las Américas, están viviendo actualmente nueve personas y otras 37 concurren todos los domingos para hacer lo que Toro Mejías define como “sopaterapia”: narran sus historias, tratan de ayudarse y diseñan estrategias para la radicación en el país y resolver otros problemas puntuales del día a día.

“Yo trato de articular con otros venezolanos que tienen más tiempo acá para buscar un alojamiento económico que pueda ajustarse al presupuesto que traen los nuevos”, explicó sobre su “función” este profesor en Ciencias Sociales de 46 años que se “erigió” como una especie de asesor local de los venezolanos que buscan un futuro mejor.

“Nosotros los recibimos, los orientamos, los ubicamos, los alimentamos, les damos ropa (en el lugar se armó un ropero comunitario producto de donaciones solidarias). El apoyo es integral, porque hay una contención psicológica y hacemos todos los esfuerzos para la vinculación social e incluso para la inserción laboral, aunque no estemos en el mejor escenario en Argentina y en esta región no haya un parque de trabajo muy grande”, describió.

La mayoría de los venezolanos en el “Gran Posadas” lleva entre dos y tres meses en la provincia, de los cuales ninguno lleva en el país más de dos o tres años. “Todos llegaron primero a Buenos Aires y de allá decidieron pasar para acá, en busca de lugares con ‘mejor vibra’”, según el referente local.

Entre los llegados hay dos hermanas procedentes de Táchira y un chico de Lara que tenía una chacra con ganado hasta que los políticos le obligaron a vender. Un hombre aún sufre el shock por una mala experiencia sufrida al salir por Roraima (frontera entre Venezuela y Brasil).

Aunque hay dos familias completas residiendo en Garupá y Posadas, el resto de los venezolanos llegados al Sur de Misiones son individuos solos (hombres y mujeres), de entre 20 y 46 años, todos profesionales, con títulos universitarios o terciarios (hay ingenieros, profesores, publicistas, entre otros) y que en su país eran “de clase media acomodada, incluso muchos de ellos trabajando para el Estado, que es el principal empleador, pero que tuvieron que correrse por el desprecio por nuestras profesiones: tenías que acatar órdenes absurdas, firmar informes con los que no estabas de acuerdo, a cada momento estabas amenazado de ser traidor a la patria si expresabas ideas que no le gustaban al Gobierno”, explicó.

El principal problema con el que se encuentran todos ellos es la radicación formal. Si bien “llegamos bajo las condiciones del convenio del Mercosur y bajo esta figura tenemos ciertos beneficios, con un tratamiento más flexible y diligente, necesitamos el certificado de antecedentes penales del país de origen y Venezuela no está entregando documentos. Estamos teniendo dificultades con eso”.

“Pero lo que más nos traba es la cuestión económica: a todos nos cuesta conseguir los 3.000 pesos de arancel del trámite”, teniendo en cuenta que todos llegan sin dinero (lo poco que pudieron reunir lo gastan en salir de su país y el resto del viaje) y sin perspectivas laborales a corto plazo, precisamente por su ingreso informal.

Por ello, contó Toro Mejías, “ya nos hemos contactado con el INADI, Derechos Humanos e ingresamos un recurso de consideración ante Migraciones para ver qué se puede hacer o cómo se puede facilitar (la radicación). Entretanto seguimos saliendo y entrando del país para que no venza el visado”.

Además de la necesidad de radicación para buscar fuentes laborales sólidas, el otro problema de los venezolanos que llegan a Posadas y su zona metropolitana es de documentación de los niños más pequeños, debido a las trabas burocráticas que ponen en la propia Venezuela.

“Allí se da la cédula de identidad a los 9 años y, en caso de necesitar salir del país antes de esa edad, se usa el pasaporte, pero Venezuela no está entregando documentos, así que los menores llegaron a Argentina sin nada”.

“Hay dos chicos de 5 y 6 años a los que esto les está afectando directamente, porque están yendo a la escuela, pero no van a poder pasar de grado si no solucionan su situación este año”, graficó Toro Mejías.

En cuanto a asistencia sanitaria, reflejó que “en las salitas de salud normalmente nos reciben sin problemas, pero para emergencias nos cuesta más, porque no tenemos dinero para pagar el arancel que se cobra a los extranjeros en la salud pública y entonces dependemos siempre de la solidaridad de otras personas”.

Más allá de estos obstáculos, asegura que, en el día a día, la mayoría no tuvo problemas de adaptación a su nueva vida y que la población misionera los recibió con una atención y calidez digna de agradecer. Incluso los menores de esas familias “han reaccionado perfectamente bien, porque los chicos se adecuan mejor que los adultos”.

Tags: #PosadasGarupáInmigrantesVenezuela
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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