La designación de la hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi como directora del Banco Nación muestra una irregularidad que acontece habitualmente en la Argentina: con el mayor desparpajo se produce la ocupación del Estado por parte de familiares, amigos o militantes del partido en el poder, tal y como un botín de guerra. Son pocos los países en el mundo que conservan estos hábitos decimonónicos, incompatibles con la idea de una democracia moderna. Lo primero que cabe señalar es que el “spoil system” o sistema de expolio del Estado formó parte de las tradiciones del viejo capitalismo del siglo XIX. Pero los países más avanzados pusieron coto a estos sistemas de patronazgo y clientelismo en forma temprana.En los Estados Unidos la denominada Ley Pendleton se aprobó en 1883 y dio origen al sistema de servicio civil (civil service) de la Administración Pública. A principios del siglo XX el sistema ya se había implantado en los países europeos más avanzados como Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia.La concepción del servicio civil se basa en el hecho de que la incorporación de los funcionarios a la Administración Pública debe hacerse a través de un procedimiento de reclutamiento objetivo que favorezca la designación en base al mérito y la formación profesional. Se considera que, de este modo, se consigue no sólo una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, sino fundamentalmente obtener la imparcialidad y neutralidad que deben regir como principios de una administración eficiente.En estos sistemas se contemplan también procedimientos para garantizar la capacitación de ese personal y su formación continua. De esta manera, existe una carrera que facilita el ascenso de los mejores.En Francia es famosa la Ecole Nationale d’Administratio y en el Reino Unido la Civil Service Comission. En el caso de los Estados Unidos, excepcionalmente, se contempla la contratación de personas con experiencia que provienen del sector privado, cuando existen pruebas indiscutibles de su capacidad.De este modo se ha establecido la prohibición absoluta de los nombramientos por razones políticas. Los concursos de mérito para incorporarse a la Administración pública son rigurosos y se realizan sin excepción, con control de sindicatos y partidos políticos. Lo que dista enormemente de los amañados “concursos” que se celebran en la Argentina, dirigidos a enmascarar la contratación de militantes y seguidores políticos. En las democracias avanzadas los cargos de designación política (ministros y subsecretarios) quedan reducidos a un número acotado que está previamente establecido por Ley y que no suelen superan los 200 nombramientos que tienen lugar cuando se produce el cambio de Gobierno. El resto son funcionarios de carrera que van ascendiendo en función de sus méritos.De este modo, al directorio de un banco público sólo podría llegar una persona con decenas de años de experiencia.Es curioso que en la Argentina los partidos políticos que reclaman una mayor intervención del Estado sean luego los que se apropien en forma partidista del Estado, una contradicción que muestra el grado de cinismo de cierta clase política que considera que la victoria política legítima luego la privatización oportunista de los cargos públicos.Mientras la Argentina no resuelva este grave problema que arrastra desde tiempo inmemorial, no habremos entrado en la modernidad. No es concebible una democracia moderna con semejante lastre.
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