Cinco organizaciones de productores yerbateros salieron a responder al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, y cuestionaron uno de los principales argumentos utilizados para defender el proyecto de Reordenamiento Normativo que se debate dentro del organismo: la necesidad de fortalecer la trazabilidad.
El planteo fue difundido este martes mediante un documento firmado por referentes de distintas entidades del sector primario, luego de las declaraciones realizadas por Correa el pasado 25 de septiembre en Radio República. Según las organizaciones, existe una diferencia sustancial entre la manera en que el presidente del Instituto presenta la reforma y los efectos que, a su entender, tendría su aplicación.
La discusión aparece después de que el proyecto promovido por el Gobierno nacional encontrara una fuerte resistencia dentro del Directorio del INYM. La iniciativa propone modificar el esquema de registros y controles, derogar distintas resoluciones y avanzar hacia una mayor utilización de información proveniente de organismos como el SENASA. Finalmente, la propuesta original no consiguió respaldo suficiente y quedó bajo análisis de una subcomisión.
Ahora, las entidades concentraron sus críticas específicamente en cómo funcionaría la trazabilidad bajo ese modelo.
Más exigencias en el origen de la cadena
Según el documento, el esquema proyectado incorporaría al productor primario a un sistema basado en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), polígonos productivos y Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e). Las organizaciones sostienen que eso implicaría trasladar hacia la chacra una mayor carga administrativa y documental para los movimientos de hoja verde.
Para las entidades, esas obligaciones no son neutrales. Advierten que pueden traducirse en mayor necesidad de conectividad, documentación, trámites, asesoramiento o intervención de gestores, especialmente entre pequeños productores que trabajan en zonas rurales. El cuestionamiento, sin embargo, no se limita a la cantidad de trámites.
Los firmantes advierten que, mientras aumentaría la información requerida al sector primario, el mismo proyecto plantea reemplazar progresivamente datos que actualmente genera el INYM por información proveniente de otros sistemas oficiales. Entre los aspectos que, según el documento, quedarían fuera del ámbito de regulación propio del Instituto aparecen la calidad e inocuidad de la materia prima, documentación de movimientos, reglamento de cosecha, registros de cosecha mecanizada, plantas, yerbales y viveros y controles sobre las declaraciones juradas.
El cuestionamiento al DTV-e
Es en este punto donde las asociaciones plantean su principal diferencia con el concepto de trazabilidad defendido por Correa. Reconocen que el DTV-e permite conocer el origen y el destino declarado de un movimiento de hoja verde, pero consideran que esa información no alcanza para reconstruir todo el recorrido posterior del producto.
Según argumentan, conocer cuánto salió de una chacra no permite determinar por sí solo cuánto ingresó efectivamente al establecimiento receptor, cuánto fue transformado, cuánto quedó almacenado en stock ni cuánto volvió a salir posteriormente.
De allí surge una de las frases centrales del pronunciamiento: “La trazabilidad no puede terminar en la tranquera”.
Las organizaciones sostienen que un sistema integral debería permitir seguir el producto desde la producción primaria hasta el consumidor y conservar información sobre todos los eslabones intermedios.
En ese sentido, cuestionan que el DTV-e pueda convertirse en sustituto de registros propios del INYM vinculados con movimientos, existencias y transformación del producto. Para las entidades, la trazabilidad debería construirse mediante el cruce de distintas fuentes y no mediante la eliminación progresiva de información generada por el propio Instituto.
Una disputa que excede los registros
La respuesta de las organizaciones también vuelve sobre el proceso de desregulación que atraviesa la actividad yerbatera. El documento recuerda que el DNU 70/2023 modificó las facultades del INYM vinculadas con la determinación del precio de la materia prima y que posteriormente el Decreto 812/2025 restringió las posibilidades del organismo de adoptar medidas que interfieran en la formación de precios mediante la oferta y la demanda.
Desde el sector productivo vinculan ahora esa pérdida de atribuciones con la discusión sobre los controles y sostienen que una eventual reducción de los sistemas propios de información del Instituto debilitaría todavía más su capacidad para intervenir sobre la actividad.
El conflicto se produce además en medio de una fuerte discusión interna dentro del INYM. En los últimos días, distintos representantes de la cadena rechazaron el proyecto de reordenamiento impulsado por la Nación y lograron que la iniciativa continuara bajo análisis en lugar de ser aprobada en los términos originalmente propuestos.
El nuevo pronunciamiento profundiza ahora uno de aquellos cuestionamientos y apunta directamente contra la idea de que el cambio normativo fortalecería la trazabilidad de la cadena.
El documento lleva las firmas de Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Antonio Franza, de la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay; Julio Alfredo Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; y Salvador María Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones.
Para los firmantes, el punto de fondo es que un sistema de trazabilidad no debería limitarse a identificar con mayor precisión al productor y el movimiento inicial de la hoja verde, sino permitir reconstruir lo que ocurre con el producto a lo largo de toda la cadena.
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