El Presupuesto Nacional 2027 proyecta crecimiento, desaceleración de la inflación y recuperación de la actividad, pero para el economista y profesor universitario Marcelo Ramal esas metas cuentan apenas una parte de la historia. El profesional considera optimista el escenario oficial y advierte que el verdadero alcance del proyecto aparece cuando se abandona la lectura de las grandes variables y se entra en su articulado: allí surgen cambios sobre la actualización de la AUH, las prestaciones por discapacidad y el financiamiento universitario que, a su juicio, profundizan la orientación de ajuste del Gobierno.
El punto que Ramal ubicó como el más sensible es la Asignación Universal por Hijo (AUH). En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, comentó que el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso elimina la cláusula legal que sostiene la movilidad de las asignaciones familiares y, con ella, la actualización automática de la prestación. La observación tiene respaldo directo en el texto oficial. El artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027 dispone la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. Actualmente, esa norma vincula los montos de las asignaciones familiares y universales con el mecanismo de movilidad previsional, que desde 2024 se actualiza mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Sin embargo, existe una precisión importante: la eliminación de ese mecanismo automático no implica por sí misma que la AUH vaya a quedar congelada durante todo 2027. El proyecto no establece en ese artículo una fórmula alternativa ni una periodicidad de aumento, por lo que, de aprobarse sin modificaciones, desaparecería la obligación legal de trasladar automáticamente la movilidad vigente y los futuros incrementos quedarían sujetos a las decisiones que adopte el Ejecutivo.
Ramal enfocó precisamente allí su cuestionamiento. “El proyecto que se mandó al Congreso elimina la cláusula de ajuste de la AUH”, afirmó, y planteó que una prestación sin actualización suficiente quedaría expuesta a perder capacidad de compra frente a la inflación. Su referencia al 18% responde a la pauta que el propio Gobierno incluyó para el próximo ejercicio: el mensaje presupuestario prevé que el IPC cierre diciembre de 2027 18% por encima de diciembre de 2026.
La cuestión adquiere además una particularidad dentro del propio mensaje que acompaña al proyecto. Allí, el Ejecutivo reivindica la evolución reciente de la AUH, señala que en agosto alcanzó los $150.848 y sostiene que, combinada con otras políticas alimentarias, forma parte de su estrategia de protección social. Al mismo tiempo, el articulado propone retirar el mecanismo legal de movilidad automática que actualmente garantiza sus actualizaciones.
De las metas macro a los ingresos familiares
Para Ramal, esa modificación debe analizarse dentro de una discusión más amplia acerca de qué tipo de recuperación económica proyecta el Gobierno para 2027 y cuánto de esa mejora podría trasladarse efectivamente a los hogares. El presupuesto supone que el Producto Bruto Interno crecerá 4% el año próximo, después de una expansión estimada oficialmente en 3% para 2026. También proyecta que el consumo privado aumentará 3,4%, la inversión 9,2% y el consumo público 0,6%.
El economista consideró que la previsión de crecimiento resulta optimista frente al desempeño reciente de actividades como industria, construcción y comercio, y recordó que las expectativas para 2026 fueron revisándose con el correr del año. “Yo sería muy cauteloso”, resumió al analizar el 4% previsto para el próximo ejercicio.
El propio mensaje del Presupuesto reconoce ahora un crecimiento de 3% para 2026, mientras que el presentado un año atrás había trabajado con previsiones superiores. Para 2027, en cambio, vuelve a asumir una aceleración: estima que la industria crecerá 4,4%, el comercio 5,1% y el consumo privado 3,4%.
Teniendo en cuenta que el 2027 será un año electoral Ramal fue consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno modifique su política económica para mejorar la situación de los hogares antes de las elecciones, a lo que respondió que no observa por ahora un cambio de orientación y sostuvo que las herramientas que identifica están más vinculadas con la expansión del crédito que con una recomposición directa de salarios o jubilaciones.
“Los únicos anuncios que se produjeron en las últimas semanas tienen que ver con medidas de crédito”, planteó, mencionando financiamiento hipotecario y para la adquisición de vehículos. Desde su perspectiva, esa estrategia intenta ampliar capacidad de compra mediante endeudamiento, en lugar de hacerlo prioritariamente a través de una mejora de los ingresos disponibles.
En cunto a la posibilidad de recuperar el consumo interno, Ramal sostuvo que no advierte que una fuerte recomposición del poder adquisitivo sea el eje del programa, y señaló que el Gobierno parece confiar, por un lado, en el crédito y, por otro, en que una menor inflación sea valorada por parte de la población; sin embargo puso una objeción sobre ese último punto: afirmó que tasas de inflación mensuales ubicadas todavía en torno al 1,5% o 2% deben analizarse en relación con una economía cuyo nivel de actividad considera débil. Su lectura es que la desaceleración de precios resulta significativa frente a los niveles anteriores, pero no alcanza por sí sola para resolver la situación de ingresos y consumo que describió durante la entrevista.
Discapacidad y universidades, otros puntos de cuestionamiento
Ramal también incorporó al análisis los cambios previstos para el sistema de prestaciones de discapacidad. En este caso, el proyecto efectivamente modifica el régimen vigente: el artículo 39 establece que el Nomenclador de Prestaciones Básicas dejará de tener valores universales, permitiendo que cada ente obligado determine los montos en su relación con los prestadores. Para las prestaciones financiadas por el Estado nacional, los aranceles deberán determinarse trimestralmente.
Además, advirtió que las actualizaciones dejarían de seguir automáticamente la inflación ya que el texto oficial establece que, si la determinación trimestral del Estado nacional no se realizara dentro del período previsto, el Ministerio de Salud deberá fijar los valores tomando como referencia el IPC del INDEC. Además, los artículos 40 y 41 introducen cambios en las pensiones no contributivas y derogan distintas disposiciones de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
El tercer frente señalado por Ramal fue el financiamiento universitario. En este punto contrapuso el pedido elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con la partida incluida por el Ejecutivo.
El CIN aprobó a comienzos de septiembre una solicitud de $11 billones para 2027, monto que los rectores consideran necesario para sostener el funcionamiento del sistema. El artículo 12 del proyecto nacional, en cambio, fija $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
Ramal habló de una diferencia cercana al 50%. Con los montos ahora contenidos en los documentos oficiales, la brecha entre ambas cifras es de alrededor de $3,65 billones, equivalente a aproximadamente 33% menos que lo solicitado por el CIN. Su planteo de fondo, de todas maneras, fue que la partida oficial consolida una distancia importante respecto de los recursos reclamados por las universidades para recuperar funcionamiento, salarios, becas y otras necesidades del sistema.
Inflación, tasas y un dólar bajo discusión
Al ser consultado acerca de si el Gobierno había alcanzado su objetivo de llevar la inflación hacia niveles cercanos a cero, Ramal respondió que no y sostuvo que, teniendo en cuenta la debilidad de la demanda que observa, los precios deberían mostrar una desaceleración todavía mayor y puso el foco en otras tensiones que, según su interpretación, continúan alimentando costos, entre las que mencionó las tasas de interés y el costo del financiamiento, y afirmó que el crédito para consumo, inversión y capital opera con intereses muy superiores a la tasa de inflación. “Esos intereses exorbitantes, de una manera u otra, se trasladan a los precios porque la economía se financia a ese costo”, sostuvo.
La cuestión cambiaria abrió otro capítulo en el cual el economista caracterizó al dólar como “subsidiado” o “deprimido” y vinculó su evolución con el ingreso de capitales de corto plazo atraídos por el diferencial entre tasas en pesos y la variación del tipo de cambio, mecanismo conocido como carry trade. Según explicó, un inversor ingresa dólares, los cambia por pesos, obtiene una rentabilidad financiera y posteriormente vuelve a dolarizar la posición.
El Gobierno describe de otra manera el funcionamiento del mercado cambiario. En el mensaje presupuestario sostiene que desde abril de 2025 rige un sistema de bandas dentro del cual el tipo de cambio fluctúa según oferta y demanda y afirma que el dólar se mantuvo dentro de esos límites. Para 2027, el proyecto utiliza como supuesto un tipo de cambio de $1.847,60 en diciembre, frente a los $1.600 previstos para el cierre de 2026.
Para Ramal, en cambio, el diferencial entre el movimiento del dólar y las tasas de interés genera condiciones especialmente favorables para operaciones financieras de corto plazo. “Se ha construido un negocio muy lucrativo”, sostuvo, y consideró que esa dinámica depende de que el tipo de cambio mantenga una evolución inferior al rendimiento que ofrecen los instrumentos en pesos.
Qué ocurre si la inflación supera el 18%
Al ser consultaddo acerca de hasta qué punto las proyecciones presupuestarias pueden cumplirse, Ramal definió esas previsiones como un “dibujo” que se construyen sobre supuestos que después pueden desviarse. Su ejemplo fue precisamente la inflación. Si el IPC termina superando el 18% previsto, explicó, también podrían crecer nominalmente por encima de lo presupuestado determinados ingresos tributarios asociados al nivel de precios y mencionó particularmente el IVA, cuya recaudación aumenta nominalmente cuando aumenta el valor de las operaciones gravadas. Su argumento es que una inflación superior a la estimada puede generar recursos mayores a los originalmente calculados y, con ello, ampliar el margen de ejecución del Ejecutivo.
La cuestión tiene además un componente institucional. El propio proyecto otorga al jefe de Gabinete facultades para distribuir los créditos aprobados y contempla, bajo determinadas condiciones, modificaciones presupuestarias vinculadas con mayores recursos, financiamiento y partidas específicas. Por lo tanto, la existencia de ingresos superiores a los estimados no equivale literalmente a una suma sin regulación, aunque sí puede alterar el escenario presupuestario sobre el que originalmente se autorizó el gasto.
Precisamente por eso, Ramal insistió en mirar más allá de los grandes números utilizados para presentar el Presupuesto. Para él, la discusión no debería quedar circunscripta a si el país crecerá 4%, si la inflación llegará al 18% o si el dólar cerrará en $1.847,60, sino también a qué mecanismos de protección de ingresos permanecerán vigentes, qué recursos recibirán áreas sensibles y sobre qué bases se pretende recuperar el consumo. Dentro de ese conjunto, ubicó a la AUH como la señal más clara.
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