El Proyecto de Presupuesto 2027 que el gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados este martes detalla las partidas para Defensa, diplomacia soberana y logística antártica. De manera puntual, en el texto de la iniciativa, la Casa Rosada proyectó un incremento para gastos para este sector con relación a 2026, y habilita deuda por USD 3.500 millones para tres submarinos y fragatas, en medio de la creciente tensión con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
El Mensaje N° 43-2026, que acompaña el proyecto, establece que el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrán continuidad en el reequipamiento del Instrumento Militar a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), con distribución de créditos en el marco del Decreto 314/26 para el fortalecimiento de capacidades operacionales.
A ese esquema se suma el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), presentado en mayo de 2026, que destina el 10% de lo recaudado por la enajenación, locación o privatización de bienes estatales al reequipamiento militar; en el caso de activos propios de las Fuerzas Armadas, el porcentaje de reinversión directa en el sistema de defensa asciende al 70%.
Entre los ítems más específicos, el proyecto contempla la adquisición de un sistema de armas para recuperar las capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, la compra de munición para reservas estratégicas y operacionales, y avances en el Plan Satelital de la Defensa, que incluye el desarrollo de tecnologías ópticas, electroópticas, criptografía cuántica, radares láser y sistemas de observación.
El texto también menciona la implementación del Plan de Capacidades Militares, el desarrollo de un Comité de Logística Conjunta y la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.
En tanto, la planilla anexa al Artículo 42 del proyecto —que habilita al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público— contiene tres ítems. Dos corresponden a la Armada Argentina: 2.300 millones de dólares para la adquisición de tres submarinos convencionales con destino a la Base Naval Mar del Plata, con un plazo mínimo de amortización de tres años; y 1.200 millones de dólares para la incorporación de dos fragatas multimisión en la Base Naval Puerto Belgrano, también con amortización mínima de tres años. El tercero es el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, por 250 millones de dólares.
La distinción es relevante: el Artículo 42 no asigna crédito presupuestario ejecutable, sino que otorga una habilitación legal para negociar financiamiento. Los submarinos y las fragatas no están entre los proyectos de inversión del ejercicio 2027; su concreción depende de que se consiga el financiamiento y de que el Congreso apruebe el presupuesto en su conjunto.
Lo que sí tiene crédito asignado es la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, por 37.616 millones de pesos, dentro del programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.
Para los submarinos, las negociaciones no apuntan a proveedores estadounidenses. Fuentes del sector de defensa consultadas por este medio reconocieron que se trata de aspiraciones de largo plazo, con costos que pueden extenderse por décadas.
Luego del anuncio en cadena nacional de Milei, el Gobierno había informado que el proyecto de presupuesto iba a contemplar partidas superiores a los 300.000 millones de pesos —unos 200 millones de dólares— para financiar el reinicio de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.
Sin embargo, el texto enviado al Congreso no incluye una asignación desglosada con ese nombre ni ese monto. La base aparece referenciada de manera indirecta, a través del eje logístico Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel, sin una partida específica que se corresponda con los anuncios.
Lo que sí está ejecutado —y no requiere aprobación legislativa— es el primer tramo: a través del DNU 867/2026, firmado la noche del discurso presidencial, el gobierno reasignó 217.954 millones de pesos al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas bajo el ítem “adelantos a proveedores de Defensa y contratistas”, sin desglose por proyecto.
En paralelo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ratificó este miércoles que el inicio de las obras será en enero de 2027. Ya lo había adelantado a Infobae el pasado viernes, durante una recorrida por la península de Ushuaia donde se emplazará la nueva infraestructura militar.
Según el cronograma oficial, se comenzará con la construcción de obradores —necesarios por las condiciones climáticas— para luego avanzar sobre el muelle principal, que tendrá 580 metros en forma de L y permitirá el atraque de embarcaciones militares y civiles.
En paralelo, entre diciembre y marzo, se trabajará en la ampliación de la pista de aterrizaje de la Base Petrel. El costo total del proyecto asciende a 450 millones de dólares, en cuatro años, con finalización prevista para 2029.
La Base de Ushuaia forma parte de un esquema mayor. El gobierno, además de polo logístico, la concibe como el centro de un sistema integrado de vigilancia permanente del Atlántico Sur que combinará varios componentes para “mejorar el monitoreo de milla 201″, según detallaron desde Defensa a este medio.
El componente espacial tiene financiamiento concreto. El DNU 867/2026 asignó 119.289 millones de pesos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con 49.000 millones para equipos de comunicación, 11.000 millones para el diseño y fabricación de cuatro satélites SARE II A, y 21.355 millones para la tercera etapa del programa de Misiones Satelitales. La pieza más avanzada es el satélite SABIA-Mar, con lanzamiento previsto para el primer semestre de 2027.
El presupuesto que se presentó ayer suma, además, la puesta en servicio de dos radares móviles tridimensionales RPA-200M, también desarrollados por INVAP, para la vigilancia del espacio aéreo.
Al margen del presupuesto, Presti detalló en diálogo con Radio Rivadavia el proceso de modernización que el gobierno ejecuta en el marco de su alianza estratégica con Estados Unidos. El año pasado, Argentina adquirió ocho vehículos blindados Stryker, desplegados en una brigada en La Pampa.
Esa compra habilitó el acceso a un lote adicional de 235 unidades del mismo modelo, de las cuales entre 50 y 60 llegarán antes de fin de año. En paralelo, el Ejército Argentino incorporó los primeros ocho camiones Unimog U4000 de un paquete total de 64 unidades, destinados a renovar la flota táctica de transporte terrestre.
En materia aérea, el presupuesto establece como meta concreta la incorporación de seis aeronaves F-16 durante el ejercicio 2027, parte del contrato global firmado con el Reino de Dinamarca por 24 cazas supersónicos. Para sostener esa incorporación, el texto asigna 10.090 millones de pesos a obras de modernización y actualización tecnológica de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.
Además, se autorizan contrataciones plurianuales para la recuperación del servicio de rampa militar en 15 brigadas, bases y destacamentos de la Fuerza Aérea, y la recuperación de la capacidad de mantenimiento de pistas y helipuertos en El Palomar. La segunda tanda de F-16, prevista para la semana próxima, se suma a ese proceso.
El gobierno firmó también la documentación para la adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk bajo el sistema de Ventas al Exterior (FMS) de Estados Unidos. La cifra de 140 millones de dólares que circuló corresponde al paquete estándar que el Congreso estadounidense autoriza formalmente, pero el costo real de la operación asciende a 38 millones de dólares, según confirmó Presti.
Ese monto incluye los cuatro aparatos, sistemas de mantenimiento, motores y capacitación de pilotos y mecánicos. El Ejército Argentino ajustó el paquete a sus necesidades operativas reales, descartando sistemas que ya posee o no utiliza.
Se evalúa realizar la capacitación inicial en Colombia, que opera el mismo modelo, lo que reduciría costos y aceleraría los plazos. Los primeros dos helicópteros llegarán en el primer trimestre de 2027 y los restantes durante el segundo semestre.
Ante la pregunta de si el nivel de adquisiciones podría interpretarse como preparación para un conflicto, sobre todo por la tensión en relación a las Islas Malvinas, Presti fue categórico: “Todo este material es parte de robustecer nuestro sistema de defensa, para nuestra protección y para brindar seguridad e integridad territorial. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”, sostuvo.
Y agregó: “La soberanía y el reclamo de las Islas es por vía diplomática y vía pacífica”.En materia diplomática, el presupuesto asigna 6.384 millones de pesos a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería, dentro del Programa 23.
Los fondos se destinarán a acciones bilaterales y multilaterales ante la ONU y otros foros para sostener el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, el Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El proyecto también contempla la continuidad de pensiones para veteranos de guerra y la gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
FUENTE: infobae.com
Discussion about this post