El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableció nuevas condiciones obligatorias de bioseguridad y Buenas Prácticas Acuícolas para todos los establecimientos comerciales dedicados a la producción de peces para consumo, una medida que tendrá especial impacto en Misiones por tratarse de la provincia con mayor cantidad de piscicultores del país. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 793/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a establecimientos ubicados en tierra como a aquellos instalados en cuerpos de agua continentales o marítimos.
En Misiones, el alcance potencial de la normativa es significativo. La provincia cuenta con más de 4.000 unidades productivas vinculadas a la piscicultura, aunque no todas poseen la misma escala ni grado de comercialización. Un relevamiento difundido este año ubicó a la provincia como la jurisdicción con mayor cantidad de productores acuícolas del país y tercera en volumen producido.
La actividad tiene además una fuerte presencia de pequeños productores y familias rurales que integran la cría de peces con otras producciones de chacra, un esquema diferente al modelo industrial predominante en provincias patagónicas como Neuquén y Río Negro.
Qué tendrán que cumplir los productores
Entre las principales exigencias, el SENASA estableció que los establecimientos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y contar con un Técnico Acuícola acreditado por el organismo nacional.
También deberán incorporar controles de ingreso de personas y vehículos, barreras sanitarias, procedimientos de limpieza y desinfección, separación de áreas productivas y sistemas para evitar la contaminación cruzada.
La nueva normativa exige además un seguimiento más estricto de la calidad del agua. Los productores deberán analizar periódicamente las aguas utilizadas para el cultivo, mientras que los efluentes no podrán descargarse directamente en cursos naturales sin un tratamiento previo capaz de evitar la propagación de agentes patógenos.
Otro de los cambios relevantes será la obligación de realizar una inspección visual diaria de los peces, con seguimiento de parámetros como oxígeno disuelto, temperatura y pH del agua, además de registrar signos de enfermedad, lesiones o comportamientos anormales. También se deberá recolectar diariamente la mortalidad y disponerla mediante sistemas seguros como compostaje, ensilado, incineración o enterramiento bajo condiciones específicas.
Manuales y registros obligatorios
Los establecimientos tendrán que elaborar un Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas Acuícolas, donde queden establecidos los procedimientos de prevención, limpieza, desinfección, manejo sanitario y bienestar animal. Además deberán contar con un Manual de Contingencia para responder ante episodios de alta mortalidad o sospechas de enfermedades de notificación obligatoria.
La resolución también exige mantener registros documentales de las medidas de bioseguridad, movimientos de animales, controles sanitarios, accesos y otros procedimientos. Estos registros podrán confeccionarse en formato digital o impreso.
Para el traslado de peces o material reproductivo será obligatorio utilizar el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) y garantizar condiciones adecuadas de temperatura, oxigenación y hermeticidad durante el transporte.
Noventa días para presentar un diagnóstico
Uno de los puntos centrales de la resolución es el esquema de adecuación. Los titulares de establecimientos alcanzados tendrán 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la normativa para presentar ante SENASA un informe sobre su nivel de cumplimiento. Ese documento deberá funcionar como un autodiagnóstico, especificando qué requisitos ya se cumplen y cuáles permanecen pendientes.
Los establecimientos que acrediten todas las exigencias pasarán a ser considerados “establecimientos ictícolas con condiciones mínimas de bioseguridad y BPA”. En cambio, aquellos que presenten un cumplimiento parcial deberán elaborar un Plan de Adecuación, detallando las mejoras necesarias y los plazos previstos para realizarlas.
El SENASA estableció que ese proceso de adecuación no podrá extenderse más de 24 meses.
Un sector que viene creciendo en Misiones
La nueva regulación aparece en un momento de expansión de la piscicultura provincial. PRIMERA EDICIÓN informó recientemente que Misiones concentra más de 4.000 piscicultores, aunque alrededor de 1.200 productores reportaron producción y comercialización durante 2025. La provincia representó aproximadamente el 6,85% de la producción acuícola nacional.
La producción misionera se basa principalmente en especies como pacú, carpas, surubí, tilapia, dorado, sábalo y boga, con predominio de pequeñas y medianas unidades familiares.
El sector también comenzó a mostrar avances en comercialización e infraestructura. En diciembre pasado Misiones concretó la primera exportación argentina de dorado y surubí provenientes de cultivo, con un envío de nueve toneladas hacia Brasil certificado por SENASA.
Además, durante este año se habilitó en Apóstoles una nueva sala de faena destinada a mejorar las condiciones sanitarias y facilitar la comercialización de pescado producido por pequeños piscicultores de la zona.
La propia resolución nacional señala que las nuevas exigencias buscan reducir riesgos sanitarios, evitar la propagación de enfermedades y mejorar las condiciones necesarias para acceder a mercados internacionales, aunque reconoce la heterogeneidad de los productores y por eso establece una adecuación gradual.
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