La posibilidad de que Misiones deje atrás la prohibición general del glifosato fue recibida con alivio por sectores del agro que vienen cuestionando esa disposición desde su sanción en 2023. Para Cristian Klingbeil, productor y referente del sector, el problema nunca estuvo en el objetivo de avanzar hacia insumos más amigables con el ambiente, sino en haber fijado una prohibición sin contar previamente con una alternativa que pudiera reemplazar al herbicida en condiciones reales de producción.
Desde esa perspectiva fue que, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, cuestionó la decisión adoptada hace tres años y sostuvo que entonces “se largaron a un piletazo con esa ley y nunca se fijaron si había agua en el fondo de la pileta”. Su crítica apunta especialmente al artículo 7 de la Ley VIII Nº 103, cuya derogación propone ahora el proyecto que tomó estado parlamentario esta semana.
Klingbeil sostuvo que aquella disposición generó desde el comienzo preocupación entre productores, industriales y compradores del exterior, principalmente porque, según explicó, no existía un sustituto aprobado, técnicamente probado y reconocido en los mercados internacionales capaz de ocupar el lugar del glifosato. El impacto fue particularmente sensible para actividades exportadoras como el té, aunque señaló que la incertidumbre también alcanzó a la yerba mate y al sector forestal.
La preocupación, además, no surgió con el proyecto actual. Ya en 2023 Klingbeil integraba el grupo de productores e industriales que reclamaba modificar el artículo 7, en momentos en que compradores externos comenzaban a consultar qué producto utilizaría Misiones una vez que entrara en vigencia la prohibición. Desde entonces se sucedieron reclamos, acciones judiciales, prórrogas y excepciones hasta llegar al planteo legislativo que ahora busca eliminar esa restricción.
Una señal para los mercados externos
Klingbeil considera que, si la modificación finalmente se convierte en ley, el primer efecto será recuperar previsibilidad. Según explicó, la incertidumbre no alcanzó únicamente al té, sino también a la yerba mate, la actividad forestal y otras producciones que dependen de mercados externos.
A su entender, la derogación permitiría comunicar a los compradores que la disponibilidad del glifosato ya no estará sometida a una fecha de prohibición mientras no exista un reemplazo homologado. Eso, sostuvo, quitaría una preocupación que durante estos años permaneció abierta en la relación comercial con determinados destinos.
Sin embargo, puso un límite claro a las expectativas. No considera que la modificación, por sí sola, vaya a abrir nuevos mercados, porque entiende que en la actualidad los principales obstáculos para competir en el exterior provienen de la estructura de costos argentina antes que de las condiciones impuestas desde otros países.
En ese punto, describió un escenario en el que los costos medidos en dólares aumentaron fuertemente y mencionó especialmente el peso de la energía y el gasoil. Como ejemplo utilizó la yerba mate: aun con volúmenes de exportación elevados, sostuvo que el promedio ronda los 1,80 dólares por kilo exportado, una cifra que, según su evaluación, resulta demasiado baja frente a los costos que debe afrontar la cadena.
Por eso diferenció los dos problemas. La eventual derogación del artículo 7 permitiría, en su lectura, retirar una traba que venía entorpeciendo al sector, pero no resolverá por sí misma los problemas de competitividad que hoy condicionan a las economías regionales.
“No es una defensa del glifosato”
Otro de los puntos sobre los que Klingbeil buscó hacer una diferenciación fue el carácter de la discusión. Su planteo, señaló, no supone defender al glifosato como un producto insustituible para siempre, sino reclamar que cualquier reemplazo sea evaluado previamente desde los aspectos ambientales, sanitarios, técnicos y económicos.
Aseguró que, si apareciera una alternativa más saludable para las personas y el ambiente que ofreciera una eficacia equivalente o cercana y pudiera utilizarse razonablemente en las chacras, los propios productores tendrían razones suficientes para abandonar el herbicida actual. El inconveniente, afirmó, es que esa herramienta aún no estaría disponible en las condiciones necesarias.
Para reforzar esa posición recurrió a experiencias internacionales y señaló que países europeos, entre ellos Francia, atravesaron sucesivos debates sobre la prohibición del glifosato, con plazos que fueron revisados o postergados ante las dificultades para encontrar un reemplazo. Su argumento es que si economías con mayor capacidad tecnológica y muchos más años de investigación todavía enfrentan dificultades para sustituirlo, Misiones no debería imponer una eliminación sin haber resuelto antes esa cuestión técnica.
En esa línea, recordó que la discusión internacional sobre el herbicida comenzó mucho antes de que el tema adquiriera relevancia entre los productores locales y sostuvo que justamente esa experiencia debería servir como referencia para evitar decisiones que después resulten difíciles de aplicar en el terreno.
También cuestionó los productos alternativos que fueron puestos a prueba en la provincia. Según relató, los ensayos presentaban dificultades relacionadas con el volumen necesario, la forma de aplicación y la operatividad cotidiana, hasta el punto de considerar inviable su utilización en determinados esquemas productivos.
Para graficarlo, explicó que había formulaciones que demandaban una proporción tan elevada de producto dentro de una mochila pulverizadora que dejaban poco margen para completar la mezcla con agua. Desde su perspectiva, incluso si el insumo fuera entregado inicialmente sin costo, un sistema que exige semejante volumen termina siendo económicamente caro y técnicamente poco práctico.
Por eso insistió en que una eventual alternativa debe superar varias pruebas simultáneas: tener eficacia agronómica, ser aplicable con los equipos disponibles, contar con respaldo regulatorio, resultar aceptada por los mercados de destino y, al mismo tiempo, tener un costo que el productor pueda sostener. Sólo después de cumplir esas condiciones, sostuvo, sería razonable volver a discutir una sustitución obligatoria.
Confianza en que la modificación será aprobada
Klingbeil también se mostró optimista respecto del recorrido legislativo del proyecto. Consideró que el respaldo de todo el bloque de Movimiento por lo que Viene y la posición histórica de los espacios opositores frente a la prohibición hacen prever una mayoría amplia cuando llegue el momento de votar.
Recordó que buena parte de la oposición cuestionó la ley desde su sanción y observó que la correlación parlamentaria actual es distinta de la existente en 2023. Por eso no espera sorpresas significativas en el recinto y estima que existen votos suficientes para avanzar con la modificación.
Más allá de esa expectativa política, para el productor el eje sigue siendo práctico. Después de tres años atravesados por reclamos, discusiones, presentaciones judiciales, prórrogas y excepciones, el objetivo es que cualquier transición futura hacia insumos más amigables parta de una alternativa real y no de una fecha impuesta por la legislación.
La mirada coincide, al menos en ese aspecto, con la fundamentación que ahora sostiene el proyecto oficialista: mantener como horizonte una producción más sustentable, pero hacer que el cambio dependa de la existencia de herramientas autorizadas y disponibles para los productores.
Para Klingbeil, esa diferencia es central. La discusión, concluyó, no debería reducirse a estar a favor o en contra de un herbicida determinado, sino a garantizar que el productor pueda continuar trabajando mientras se desarrolla una opción ambientalmente mejor, técnicamente viable, aceptada por los mercados y económicamente sostenible.
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