La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó firme una sentencia histórica que reconoce el daño genético causado por los agroquímicos, establece una distancia mínima de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres en la comuna de Piamonte y ordena fomentar la agroecología en la zona de resguardo.
La resolución del máximo tribunal obliga a esa localidad a adecuar su normativa local al fallo y pone en debate la necesidad de una reforma de la Ley Provincial 11.273. “Desde ahora, la sentencia puede ser invocada en toda la provincia para establecer distancias preventivas que garanticen el derecho a la salud, la vida y el ambiente”, explicó la abogada Eugenia Boccio, representante de la familia que impulsó el amparo ambiental contra el Estado, la comuna y varios productores del agronegocio.
El caso comenzó en 2016 cuando la familia Córdoba, residente en las afueras del pueblo, denunció afectaciones a su salud, especialmente de su hija Abigail, de 9 años, a causa de la exposición constante a fumigaciones. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de San Jorge reconoció los efectos genotóxicos de los agroquímicos utilizados y ordenó alejar las pulverizaciones del ejido urbano.
Además, declaró inconstitucionales dos artículos de la ley provincial y una ordenanza local que permitían fumigar a escasa distancia de viviendas, escuelas y centros de salud.
La sentencia también exige controles periódicos sobre los galpones y silos -espacios que deben contar con cortinas forestales para limitar el polvillo, según la Resolución Provincial 177/03-, y prohíbe la circulación de maquinaria de fumigación dentro del pueblo.
Los demandados fueron la Comuna de Piamonte y los titulares de silos, acopios y galpones: Iván Carignano, Luis y Roberto Cravero, Octavio Camusso, Román Vaira, Claudio Fiorito y las cooperativas de Pellegrini y de María Susana. “Hablamos de una situación de pluricontaminación: campos linderos a viviendas fumigados con agrotóxicos, circulación de maquinaria pulverizadora y silos que emanan sustancias nocivas. Todo dentro del pueblo”, explicó Boccio.
En línea con Misiones
Este fallo, que ya se considera un precedente a nivel nacional, cobra especial relevancia al ser leído en línea con la agenda ambiental que Misiones viene impulsando desde hace años.
La provincia, única del país con una Secretaría de Estado de Cambio Climático y un Ministerio de Ecología con rango constitucional, ha puesto el foco en el cuidado de la biodiversidad, el ambiente sano y el desarrollo de un modelo productivo agroecológico.
En este contexto, en la Cámara de Representantes de Misiones sancionó un proyecto de ley que propone la prohibición total del glifosato y sus formulaciones, convirtiendo a la provincia en la primera de Argentina en erradicar completamente este herbicida del territorio, tanto en su uso como en su comercialización y almacenamiento.
La iniciativa no es aislada: se articula con políticas públicas activas como el Programa de Producción Agroecológica Sostenible (PAS), el fortalecimiento de mercados de cercanía sin agrotóxicos, y el impulso a cultivos orgánicos en zonas de amortiguamiento del bosque atlántico misionero.
A diferencia de lo que ocurre en gran parte del país, donde el modelo agroexportador basado en monocultivos y químicos se impone sobre los derechos ambientales, Misiones busca consolidar un paradigma alternativo que ya empieza a mostrar resultados: más de 5.000 productores familiares vinculados a prácticas agroecológicas, experiencias exitosas de transición productiva y una creciente conciencia social sobre los riesgos del uso de agroquímicos.
El fallo de la Corte santafesina se convierte así en una confirmación judicial de lo que Misiones ya viene sosteniendo como política de Estado: que la salud de las personas y la integridad del ambiente están por encima de cualquier interés económico. En ese marco, las decisiones judiciales que establecen límites a las fumigaciones no hacen más que legitimar, desde el derecho, lo que muchas comunidades vienen reclamando desde hace años.
Con una política pública sostenida, acompañamiento institucional y consenso social, Misiones podría marcar el camino para que otras provincias avancen en regulaciones similares. Mientras tanto, casos como el de Piamonte siguen visibilizando los daños de un modelo extractivista que, en nombre de la productividad, pone en riesgo vidas humanas.
