El Gobierno nacional modificó el mecanismo con el que calcula el aporte destinado a financiar la Tarifa Social Federal del transporte público, una medida que no altera el descuento para los beneficiarios ni incorpora cambios en el universo de personas alcanzadas. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte y apunta a dar mayor previsibilidad al gasto que realiza el Estado para sostener este beneficio.
El cambio impacta principalmente en las jurisdicciones donde funciona el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el sistema concentra la mayor cantidad de usuarios del país y el transporte de jurisdicción nacional. Allí, los beneficiarios que cuentan con la SUBE personalizada continuarán accediendo al 55% de descuento sobre el valor del boleto, sin modificaciones en el beneficio.
En el resto del país, donde la SUBE también está implementada en decenas de ciudades, el alcance es diferente. La resolución no modifica las tarifas que fijan provincias y municipios ni elimina la Tarifa Social Federal, pero cambia la forma en que la Nación calcula el subsidio que financia ese descuento. A partir de ahora, el aporte nacional se determinará sobre una tarifa de referencia equivalente al valor del boleto vigente al 30 de junio de 2026, en lugar de actualizarse automáticamente cada vez que una jurisdicción aumente el pasaje.
Esto significa que, si una provincia o un municipio decide incrementar el precio del transporte público, el aporte del Estado nacional no crecerá de manera automática. En esos casos, las administraciones locales podrán absorber la diferencia con recursos propios, mantener beneficios adicionales o trasladar el aumento a los usuarios, ya que conservan la potestad de definir los cuadros tarifarios de los servicios bajo su jurisdicción.
La Tarifa Social Federal continuará alcanzando a más de 5,5 millones de personas en todo el país que utilizan una SUBE personalizada con el atributo social habilitado. Entre los beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, beneficiarios de becas Progresar, personas que perciben el Seguro por Desempleo y titulares de pensiones no contributivas, entre otros grupos definidos por la normativa nacional.
Según explicó la Secretaría de Transporte, el nuevo esquema busca establecer un criterio uniforme para administrar los recursos públicos destinados a la Tarifa Social Federal. El Gobierno sostuvo que, hasta ahora, cada aumento tarifario dispuesto por provincias o municipios generaba un incremento automático del aporte nacional, lo que dificultaba prever el costo del programa y planificar las partidas presupuestarias.
La resolución se enmarca en la política de subsidios impulsada por la actual gestión, que desde 2024 eliminó el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior y reemplazó parte de los aportes destinados a las empresas por un esquema de asistencia directa a los pasajeros que reúnen los requisitos para acceder a la Tarifa Social. De acuerdo con el Gobierno, actualmente la totalidad de la asistencia nacional al transporte automotor se concentra en este beneficio.
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