En una convocatoria que tuvo lugar en la sede de la Municipalidad de Dos Hermanas, decenas de familias que habitan en esa localidad del norte solicitaron ayuda a las autoridades locales y provinciales para que intervengan ante los pedidos de desalojo inminentes que pesan sobre tierras que habitan y producen desde hace más de 30 años.
La reunión, que se extendió durante varias horas, reflejó la profunda preocupación de los habitantes de la zona conocida como Puente Alto. Allí, los afectados expusieron el desamparo que sienten al ver que las propiedades donde criaron a sus hijos y plantaron sus raíces hoy entran en litigio judicial por reclamos de los titulares registrales, quienes avanzan por la vía legal para recuperar los predios que, según los vecinos, les habían sido entregados.
Ante este escenario crítico, los vecinos plantearon a las autoridades que “si estás viviendo con el corazón en la boca pensando en que mañana te pueden sacar lo tuyo, no podés proyectar nada”, expresó uno de los productores participantes del encuentro, sintetizando el drama con el que conviven actualmente en el nuevo municipio que hace pocas semanas cumplió su primer año de vida y que pertenecía a Bernardo de Irigoyen.
Antecedente
La propuesta de los vecinos no partió de la improvisación, sino de la memoria histórica de la región. Durante el debate, los voceros comunitarios señalaron que la alternativa más viable para destrabar el conflicto es “replicar el mecanismo institucional que se aplicó en su momento con la Ley de Expropiación de Puente Alto y Colonizadora”.
El pedido fue recibido por un frente institucional, que en la mesa tuvo al intendente de Bernardo de Irigoyen, Edgardo Aquino; al interventor de Dos Hermanas, Luis Aquino, y al alcalde de Pozo Azul, Edgar González.
La presencia de los jefes comunales refleja que el problema de la tierra no reconoce fronteras municipales y requiere un abordaje regional coordinado. Los mandatarios coincidieron en que “el arraigo de estas familias es un derecho ganado con el trabajo de la tierra durante tres décadas”.
Por lo tanto, se comprometieron a canalizar el reclamo ante la Cámara de Representantes para evaluar la factibilidad de un nuevo marco normativo de expropiación que ponga un freno a la avanzada judicial.
Laberinto administrativo
La pata técnica y legal del encuentro estuvo a cargo del subsecretario de Asuntos Registrales y Tierras de la provincia, Daniel Behler, quien escuchó cada uno de los casos y se encargó de desmenuzar la compleja realidad jurídica que atraviesan los lotes en cuestión, marcando la diferencia entre los tiempos de la Justicia Civil y los resortes del Estado provincial.
Behler brindó precisiones sobre los aspectos administrativos y judiciales vigentes, explicando cuáles son los procesos legales vinculados a la regularización dominial.
El subsecretario remarcó la importancia de la mediación y el relevamiento técnico como pasos previos indispensables para cualquier estrategia de defensa legal o de expropiación legislativa.
El compromiso final de la jornada consistió en armar un registro unificado de los afectados, sumando también el apoyo de vecinos de localidades vecinas, quienes se acercaron a solidarizarse con esta compleja situación.
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