La Municipalidad de Leandro N. Alem puso en marcha un sistema de emergencia por 90 días para garantizar la continuidad del transporte urbano de pasajeros luego de que una de las empresas concesionarias del servicio decidiera no extender su prestación, al pedir más subsidios con “montos astronómicos” y tras rechazar las condiciones propuestas por el Ejecutivo local.
La medida busca asegurar el traslado de trabajadores y estudiantes mientras se desarrolla el proceso de una nueva licitación. Según el intendente Matías Sebely, el contrato de concesión vigente finalizó el pasado 31 de marzo y, desde entonces, el municipio trabajó junto al Concejo Deliberante y las empresas prestadoras para evitar la interrupción del servicio.
En comunicación con la FM 89.3, Sebely recordó que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un nuevo proyecto de licitación para las cinco líneas que actualmente funcionan en la ciudad. Mientras avanzaba el tratamiento legislativo, el municipio declaró la emergencia en el transporte y acordó una prórroga de 60 días con las dos empresas que operaban el servicio.
Sin embargo, según detalló, una de las compañías condicionó su continuidad a la recepción de mayores subsidios municipales. Tras varias negociaciones, no hubo acuerdo. “Las cifras fueron astronómicas y nosotros eventualmente no podemos desembolsar lo que nos solicitaban”, sostuvo el jefe comunal.
Ante la decisión empresarial de no continuar, el municipio resolvió implementar un esquema de emergencia y asumir directamente la operación de tres de las cinco líneas, el resto quedó en manos de la otra empresa, por el término de 60 días.
Actualmente, el sistema urbano de Alem cuenta con cinco líneas. Dos continúan siendo operadas por la empresa TALA SRL, que aceptó mantener el servicio en las condiciones actuales. Las otras tres eran cubiertas por una segunda firma que decidió no continuar.
Frente a esa situación, el municipio puso en marcha un esquema de emergencia para garantizar los recorridos Terminal-Centro-Villa Libertad, Terminal-Centro-Barrio Juan Pablo II y Barrio Janssen-Lopaczek-Illia.
“Hoy la gente tiene garantizado el transporte por 90 días. Hubo apenas algunas demoras menores en una línea, pero el servicio está funcionando”, señaló Sebely.
Mientras dure la emergencia, el municipio priorizará garantizar la movilidad de estudiantes y trabajadores. Además, el servicio será gratuito en esta primera etapa de transición. “Antes de pensar en cobrar, queremos estar seguros de que estamos brindando el servicio correctamente”, explicó el intendente.
Según precisó, las proyecciones económicas realizadas por el municipio muestran que la operación temporal podría mantenerse prácticamente equilibrada entre ingresos y gastos, sin generar un impacto significativo sobre las finanzas comunales. “Con que empatemos y prestemos el servicio, para nosotros ya es un buen resultado”, resaltó.
Una solución transitoria
El jefe comunal aclaró que la intención del municipio no es convertirse en prestador permanente del servicio. “La idea no es que el municipio termine teniendo el transporte de forma definitiva. Nosotros queremos concesionarlo para que lo preste una empresa privada. Por eso estamos avanzando con la licitación”, remarcó.
El proceso licitatorio sufrió una demora luego de que el Concejo Deliberante decidiera convocar a una audiencia pública para debatir el funcionamiento del sistema de transporte urbano, instancia prevista para el próximo 12 de junio.
Una vez realizada esa audiencia, el cuerpo legislativo deberá aprobar los pliegos definitivos para habilitar la convocatoria formal a empresas interesadas.
Desde el Ejecutivo estiman que la licitación podría resolverse en aproximadamente 30 días desde su publicación, siempre y cuando existan oferentes.
Sebely confirmó que ya hubo consultas de distintas empresas interesadas en el servicio y se mostró optimista respecto a la posibilidad de que se presenten propuestas.

El debate por los subsidios
Uno de los puntos centrales del conflicto fue el pedido de mayores subsidios por parte de la empresa que decidió retirarse.
Según relató el intendente, durante los últimos dos meses el municipio ya venía realizando aportes extraordinarios para sostener la continuidad del servicio mientras se resolvía la situación contractual. Sin embargo, al acercarse el vencimiento de la prórroga, la firma planteó nuevas exigencias económicas que el municipio consideró imposibles de afrontar.
“Las cifras que nos solicitaron eran astronómicas. Nosotros no podíamos desembolsar esos montos”, sostuvo.
Sebely defendió además la necesidad de discutir el esquema tarifario del transporte urbano en un contexto donde desaparecieron gran parte de los subsidios nacionales y aparecieron nuevas formas de movilidad.
“Tenemos que sincerar las tarifas. Hoy la realidad es distinta a la de hace diez o quince años. Existen plataformas como Uber o Didi que compiten directamente con el transporte público y eso también modifica el mercado”, explicó.
Actualmente el boleto urbano en Alem tiene un valor de 1.900 pesos y el municipio analiza una actualización que podría llevarlo a unos 2.200 pesos en los próximos meses.
Prioridad para estudiantes y trabajadores
El intendente sostuvo que la principal preocupación de la gestión fue evitar que los usuarios quedaran sin servicio de un día para otro. “Lo que más nos preocupaba era la gente que trabaja y la gente que estudia. No podíamos permitir que miles de vecinos se quedaran sin transporte”, afirmó.
Por esa razón, la Municipalidad decidió alquilar unidades y organizar un esquema operativo propio mientras dure la emergencia.
Aunque reconoció que la comuna no tiene experiencia directa en la prestación del servicio, destacó que el objetivo central era garantizar la continuidad de los recorridos.
“Lo importante era que hoy la gente pudiera salir de su casa y encontrar un colectivo que la lleve a trabajar o a estudiar. Hubiera sido mucho más grave que Alem amaneciera sin transporte y sin una solución para los usuarios”, señaló.
Mientras tanto, el municipio continuará operando las tres líneas intervenidas hasta que concluya el proceso licitatorio o hasta que aparezca una alternativa privada capaz de asumir el servicio antes de que finalice el plazo de emergencia establecido por la comuna.




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