La demanda de asistencia por situaciones de violencia familiar y de género crece en Posadas y empieza a tensionar los dispositivos de contención estatal. Según confirmó Sandra Galeano, subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, la línea 137 registra actualmente alrededor de 60 casos más que el año pasado en la capital provincial, en un contexto marcado por el deterioro económico, el avance de consumos problemáticos y la creciente complejidad social de los abordajes.
El aumento no solo se refleja en la cantidad de llamados, sino también en la intensidad de las intervenciones que deben desplegar los equipos técnicos. Mientras en Oberá y Eldorado la demanda se mantiene relativamente estable, en Posadas las solicitudes de ayuda muestran una aceleración sostenida.
“Vemos un leve aumento mes a mes de los casos, de las llamadas, de pedidos de intervención y de contención”, explicó Galeano en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Los números muestran la dimensión del fenómeno: si durante marzo se registraron cerca de 120 llamados, en abril la cifra trepó a 180. Es decir, un crecimiento cercano al 50% en apenas un mes. “Son 60 personas más que están pidiendo intervención del Estado”, resumió la funcionaria.
Detrás de cada llamado se activa un engranaje institucional que involucra a la Policía, comisarías, medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial y jueces especializados en violencia. Pero el escenario actual ya no se limita únicamente a episodios de agresión física.
“La violencia siempre fue y va a seguir siendo una conducta multicausal”, sostuvo Galeano, quien describió un escenario atravesado por factores estructurales y sociales que agravan los conflictos dentro de los hogares. Entre ellos, aparecen cada vez con más frecuencia las adicciones y la presión económica derivada de las dificultades para sostener ingresos y llegar a fin de mes.
“El área de adicciones y las conductas adictivas están marcando mucho nuestras intervenciones. La cuestión económica también es un detonante”, afirmó. A eso se suman los problemas de salud mental, que obligan a profundizar el trabajo articulado con el Ministerio de Salud Pública, el IPS y el Ministerio de Prevención de Adicciones.
Según explicó la subsecretaria, la mayoría de las situaciones requieren hoy un abordaje integral que incluye no solo contención psicológica y medidas judiciales, sino también asistencia habitacional, gestión de cuotas alimentarias y protección de niños y adolescentes afectados indirectamente por la violencia.
“En una sola situación tenemos que trabajar la parte habitacional, los derechos de los niños y muchas veces incluso casos de hombres que quedan en situación de calle tras exclusiones del hogar”, describió.
La complejidad creciente de los casos también impacta directamente sobre la capacidad operativa del sistema de asistencia. Galeano reconoció que los recursos disponibles “nunca alcanzan” frente a escenarios cada vez más profundos y con historias de violencia muy arraigadas.
En Posadas, muchas intervenciones requieren incluso el despliegue territorial de brigadas técnicas que asisten directamente en los domicilios. Y para sostener las estrategias de contención a largo plazo, el organismo debe articular permanentemente con Desarrollo Social, municipios y organizaciones comunitarias.
En ese entramado, el rol de la sociedad civil empieza a ocupar un lugar central. Según remarcaron desde el área, creció significativamente el involucramiento de vecinos, familiares y terceros que realizan denuncias o alertan situaciones de vulnerabilidad.
“Estamos viendo un crecimiento muy importante en el involucramiento de la sociedad”, destacó Galeano. Ese fenómeno se refleja tanto en llamados realizados por particulares como en denuncias efectuadas por funcionarios obligados por ley a intervenir frente a posibles situaciones de violencia o vulneración de derechos.
La subsecretaria sostuvo que ese cambio de conducta social es clave para prevenir hechos más graves. “Un llamado al 137, al 911 o una denuncia realizada a tiempo puede salvar vidas”, remarcó.
En paralelo, el organismo también depende cada vez más del acompañamiento de comisiones vecinales, iglesias, voluntarios y vecinos que colaboran con recursos y donaciones para asistir a víctimas. “Esto no puede hacerlo solamente el Estado. Se necesita empatía y compromiso social”, afirmó la funcionaria.
Como parte de las estrategias de prevención y fortalecimiento comunitario, los equipos técnicos continuarán esta semana con jornadas de capacitación y trabajo con familias en municipios del interior como San Pedro y San Vicente.
