El debate por la provincialización de rutas y la expansión del sistema de peajes sumó en las últimas horas un nuevo foco de análisis: el impacto directo sobre los costos de transporte y su efecto en la economía real. Lejos de quedar en una discusión jurídica o política, el problema empieza a trasladarse a la actividad productiva y al bolsillo de los usuarios.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, planteó que el esquema actual profundiza una tendencia ya instalada: cada vez es más caro circular, producir y transportar en el país.
“El usuario vial paga de todo: combustible, patente, seguro, VTV, impuestos. Ahora se suma esto, que no es un peaje sino un impuesto al tránsito”, afirmó, al cuestionar la acumulación de cargas sobre quienes dependen del sistema vial.
El problema, sin embargo, excede el costo individual. En un país donde más del 90% del transporte de cargas se realiza por ruta, cualquier incremento en la logística impacta de forma directa sobre la competitividad. Y ahí es donde aparecen los efectos más concretos.
Lasca puso como ejemplo el caso del sector forestal en el Litoral. Según explicó, el traslado de madera en bruto deja de ser viable a distancias relativamente cortas debido al aumento de costos. “No se puede transportar más de 200 kilómetros porque no dan los números”, señaló, en referencia a una actividad clave para economías regionales como Misiones.
A ese esquema se suma una distorsión de fondo. Según el referente, el Impuesto a los Combustibles -que recauda unos 3.000 millones de dólares anuales- debería destinarse a obras viales, pero en la práctica se desvía a otros fines, lo que agrava el deterioro del sistema. “La plata está, el problema es cómo se usa”, resumió.
En ese contexto, la discusión sobre los peajes adquiere otra dimensión. Para Lasca, el esquema proyectado no solo incrementa costos, sino que además no garantiza mejoras en infraestructura, especialmente en corredores con bajo caudal de tránsito donde la recaudación sería insuficiente para financiar obras de magnitud.
“Es una doble imposición y no hay caminos alternativos”, advirtió, al tiempo que cuestionó la viabilidad del sistema en gran parte del interior del país.
El escenario se complejiza aún más por la falta de alternativas. La ausencia de una red ferroviaria desarrollada o de una política integral de transporte hace que la presión recaiga casi exclusivamente sobre las rutas, en un país de grandes distancias y alta dependencia logística.
El resultado, según el especialista, es un esquema fragmentado y cada vez más costoso: “Vamos a un estado de garita, con peajes cada 90 kilómetros que encarecen el transporte sin mejorar la infraestructura”.
Aunque el foco de esta discusión se desplaza hacia el impacto económico, el trasfondo sigue siendo estructural. La combinación de altos costos, falta de planificación y uso ineficiente de recursos configura un escenario complejo, donde cada decisión sobre el sistema vial tiene efectos en cadena.
Así, más allá de cómo avance el debate sobre la gestión de las rutas, el dato que empieza a consolidarse es otro: moverse en Argentina es cada vez más caro, y producir también. Y ese costo, tarde o temprano, termina trasladándose a toda la economía.
