Desde el regreso de la democracia en 1983 hasta hoy, la Argentina registró 46 paros generales. El de ayer, jueves 19, fue el número 46 en 42 años. A simple vista, la cifra podría parecer moderada: poco más de un paro por año. Sin embargo, cuando se desagrega el dato y se analiza a quiénes estuvieron dirigidas esas medidas de fuerza, la ecuación cambia de manera contundente.
Según el relevamiento del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, dirigido por Marcelo Bermolén, 30 de esos 46 paros -el 65%- fueron realizados contra presidentes no peronistas.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Bermolén explicó que el análisis no se limita a contabilizar huelgas, sino que incorpora variables como la velocidad de convocatoria, los destinatarios y las motivaciones políticas.
El dato adquiere mayor dimensión cuando se lo cruza con la duración de los mandatos. Los cuatro presidentes no peronistas de la etapa democrática -Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei- gobernaron en conjunto menos de 14 años de los 42 que lleva el período democrático. En ese lapso concentraron 30 huelgas generales. En cambio, los gobiernos peronistas -que suman 28 años en el poder distribuidos en siete mandatos- recibieron 16 paros, el 35% del total.
Dos de aquellos presidentes no peronistas, Alfonsín y De la Rúa, no lograron terminar sus mandatos. Macri sí completó el suyo, algo que durante su gestión generaba interrogantes, recordó Bermolén. Milei, por su parte, lleva dos años y dos meses de gobierno.
El informe no se limita a contar paros. También observa la velocidad con la que se activaron. El sindicalismo realizó el paro más rápido de la historia democrática contra Javier Milei: a los 45 días de iniciado el mandato. El contraste con el gobierno anterior es evidente. Alberto Fernández concluyó su presidencia sin enfrentar un solo paro general, pese a atravesar alta inflación, pérdida del poder adquisitivo y una situación económica compleja.
“¿Dónde estaba el sindicalismo en ese momento?”, se preguntó Bermolén. “Durmiendo, haciendo la modorra”. Para el director del Observatorio, la reacción inmediata tras el cambio de signo político revela un comportamiento selectivo.
El recorrido histórico refuerza esa idea. Raúl Alfonsín intentó democratizar el sindicalismo mediante la llamada ley Mucci, que buscaba desvincular a los gremios de una estructura partidaria y promover mayor transparencia interna. La iniciativa se perdió en el Senado tras un empate que se resolvió con el desempate negativo de un senador neuquino. Aquella derrota envalentonó a la dirigencia sindical. El resultado fue una seguidilla de 13 paros generales durante un solo mandato presidencial. En 28 años de gobiernos peronistas, en cambio, se realizaron 16.
Carlos Menem, aun siendo peronista, recibió dos paros cuando avanzó con intentos de flexibilización laboral. También Fernando de la Rúa enfrentó una huelga en febrero de 2000 en el marco de la reforma laboral. En aquel contexto emergió con fuerza un sindicalismo rebelde encabezado por Hugo Moyano, que terminaría consolidándose como figura central durante las décadas siguientes.
Del total de 46 paros generales registrados desde 1983, apenas cuatro estuvieron directamente vinculados a reformas laborales. El resto tuvo como principal motivación la política económica. Para Bermolén, el debate actual debería enmarcarse con mayor precisión. “Hablar de reforma laboral es grandilocuente. Lo que se aprobó es más bien una flexibilización o modernización”, sostuvo. Según su análisis, el núcleo de poder sindical -aportes solidarios, afiliación obligatoria y cajas de obras sociales- no fue tocado. “Los sindicalistas no han perdido poder. Negociaron con el Gobierno y mantuvieron sus cajas”, afirmó.
La huelga reciente, además, estuvo atravesada por tensiones internas. El conflicto en Fate funcionó como presión desde las bases hacia las cúpulas gremiales, obligando a la dirigencia a mostrarse activa frente a sus afiliados. Aun así, la medida tuvo una adhesión dispar. Sectores del transporte como la UTA y los ferroviarios resultaron determinantes, pero en buena parte del país la actividad privada continuó con relativa normalidad.
Bermolén interpreta ese fenómeno como una señal de desgaste. A su juicio, el sindicalismo atraviesa un proceso de descrédito.
“El ciudadano percibe. Ve que durante cuatro años no hubo paros y en pocos meses hubo dos. Ve dirigentes que se mueven como millonarios y dicen defender trabajadores”, señaló.
El análisis también incluye el impacto económico y social de las huelgas. “Un paro significa que algo está roto, que no hubo diálogo”, sostuvo. El costo lo paga el conjunto de la sociedad: trabajadores que pierden presentismo, comercios que resignan ventas y una economía que ya arrastra fragilidades estructurales.
La reforma laboral, ahora pendiente de revisión en el Senado por la controversia en torno al artículo 44 incorporado en Diputados, anticipa un nuevo frente de conflicto: la judicialización. “Habrá jueces a favor y jueces en contra. Vamos a ver una dinámica de suspensiones y aplicaciones parciales”, advirtió Bermolén, comparando el proceso con un “partido de tenis” donde la norma va y viene entre instancias judiciales.
En ese contexto, el director del Observatorio plantea una discusión más amplia sobre el llamado “costo argentino”. A su entender, reducir el problema exclusivamente al costo laboral resulta simplista. Más del 50% de la economía funciona en la informalidad, fuera del alcance de las regulaciones tradicionales.
Además, las nuevas generaciones no manifiestan la misma necesidad de protección sindical que las anteriores, especialmente en sectores como los servicios informáticos y el trabajo remoto para el exterior.
Para Bermolén, la Argentina necesita diálogo y acuerdos más amplios. “La normativa está vieja, cambiaron las formas de trabajo. Hay que aggiornarse todos”, planteó. Gobierno y sindicalismo, sostuvo, deberían sentarse a consensuar reglas que tengan estabilidad en el tiempo. De lo contrario, el país seguirá atrapado en ciclos de auge y caída, con conflictos recurrentes que erosionan la confianza y la previsibilidad.
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