La posibilidad de que el Gobierno nacional avance en diciembre con una reforma laboral encendió las alarmas del movimiento obrero misionero, que advirtió sobre el riesgo de un retroceso en los derechos conquistados. Dirigentes de distintos gremios coincidieron en que la propuesta “no moderniza el empleo” sino que busca fragmentar la negociación colectiva, flexibilizar las condiciones de trabajo y debilitar el poder de los sindicatos.
“No debe ser regresiva”
El secretario general de la Asociación Bancaria de Misiones, José Luis Ruiz Moreno, expresó que el proyecto “no debe ser regresivo ni atentar contra los derechos conquistados por los trabajadores”.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, sostuvo que el gremio sigue de cerca los borradores que se elaboran en la Comisión de Trabajo del Congreso, encabezada por Sergio Palazzo, donde buscan consensuar una alternativa “que actualice lo necesario sin destruir la organización sindical”.
Ruiz Moreno recordó que el convenio colectivo del sector bancario data de 1975 y que “hay artículos que perdieron vigencia por el paso del tiempo”. Sin embargo, subrayó que “una cosa es revisar puntos desactualizados y otra muy distinta es aceptar que se debilite a los gremios o se eliminen derechos logrados”.
A su entender, el Gobierno intenta reeditar políticas conocidas. “Seguramente, como en la época de Macri, van a pretender ir por las organizaciones gremiales”, dijo, recordando que entonces se intentó intervenir los sindicatos y quitar las cuotas sindicales y los aportes a las obras sociales.
El dirigente insistió en que el debate debe ser transparente y sin imposiciones. “Hay que discutir abiertamente, sin gritos ni presiones, con el objetivo de mejorar tanto la situación del trabajador como la del empresario”, manifestó. Aseguró además que los gremios están preparados para debatir el impacto de la tecnología en la actividad laboral, pero “siempre que los cambios sean progresivos y mejoren la calidad del empleo”.
Ruiz Moreno valoró que la Asociación Bancaria mantiene negociaciones permanentes con empresas privadas y con el Banco Nación, la única entidad estatal del sector.
En ese sentido, reclamó que se restablezcan las paritarias suspendidas. “Sin discusión salarial, lo único que hacemos es actualizar valores, pero no debatimos condiciones de trabajo ni desarrollo profesional”, observó.
También advirtió que la fragmentación sindical debilita al conjunto del movimiento obrero, aunque confió en que una amenaza general podría reactivar la unidad.
“Las organizaciones están divididas, pero si tocan a todos los trabajadores, va a haber una unidad necesaria, porque no se va a salvar nadie”, expresó.
“Un retroceso”
Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, consideró en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que el texto del proyecto “no representa una modernización del empleo, sino un retroceso en las conquistas históricas”.
Para él, la idea de paritarias por empresa implica una pérdida sustancial de fuerza sindical. “Negociar cara a cara con el empleador siempre deja al trabajador en desventaja. La negociación colectiva, nacional y unificada garantiza equidad y evita abusos”, explicó.
Cuestionó además el concepto de “salario dinámico” que el Gobierno propone, porque “abre la puerta a diferencias entre provincias y sectores”.
Según dijo, “hoy un empleado de comercio de Misiones gana lo mismo que uno de Buenos Aires o Ushuaia, pero con esta lógica cada empresa fijaría su propio nivel y eso rompe la igualdad”.
Gómez sostuvo que el mérito como criterio de mejora salarial “también genera discriminación”. En sus palabras, “si la empresa decide quién tiene más mérito, termina premiando según simpatías o conveniencias y no por justicia”.
El dirigente remarcó que Argentina tiene una de las jornadas laborales más extensas del mundo y que el llamado “banco de horas” agravaría la situación.
“El mundo está reduciendo las horas de trabajo para mejorar la calidad de vida. Aquí quieren ampliarlas y permitir que las empresas dispongan del tiempo del trabajador a su antojo. Eso afecta la salud mental, la educación y la vida familiar”, afirmó.
Gómez también criticó la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas: “La indemnización es la garantía que impide que un empleador despida sin causa. Si te echan y te pagan en cuotas, perdés poder adquisitivo justo cuando más necesitás ese dinero para sostener a tu familia”, sostuvo.
En el mismo sentido, cuestionó la idea de fragmentar las vacaciones. “Van a poder darte diez días en abril, otros diez en agosto, cuando ellos quieran, sin considerar que los trabajadores tienen hijos y necesitan coincidir con el receso escolar”, explicó.
El referente mercantil consideró que los verdaderos problemas del empleo no se resuelven con reformas normativas sino con políticas económicas que impulsen el consumo: “Las empresas contratan más personal cuando hay ventas y reactivación, no cuando se recortan derechos”, afirmó. A su juicio, el país atraviesa una recesión que ya provocó despidos y precarización. “Hoy hay trabajadores que cobran la mitad en blanco y la mitad en negro. Eso no se soluciona cambiando leyes sino recuperando la actividad”, remarcó.
“Se trata de acordar, no someter”
José Milcíades Giménez, secretario general de la CGT Misiones y del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina – Seccional Misiones (SiCoNaRa), advirtió que la iniciativa del Gobierno nacional “pretende imponer condiciones que van en perjuicio total de los trabajadores”.
Aclaró que el sindicalismo no se opone a debatir cambios, pero sí a que se impongan sin consenso. “Que nos paguen por lo que somos capaces de producir. Se trata de acordar y no de someter”, manifestó.
El dirigente sostuvo que la propuesta oficial busca que cada empleado negocie individualmente con su empleador, algo que consideró inaceptable: “Eso nos lleva a una relación desigual donde el capital impone su fuerza. Lo que quieren es esclavizar al trabajador y dejarlo sin defensa”, advirtió.
Definió además que la eliminación del Salario Mínimo Vital y Móvil sería “un insulto al pueblo” y que “no se puede permitir que alguien trabaje por menos de lo que necesita una familia para vivir”.
Giménez también se refirió a la pérdida de poder adquisitivo tras la devaluación de diciembre de 2023: “El salario se desvalorizó un 100% y la moneda verde se fue para arriba. No pueden hacernos pagar al pueblo trabajador el costo del ajuste”, expresó.
También cuestionó el concepto de “banco de horas” por su impacto en la salud física y mental: “Es un atropello a la sociedad en su conjunto. Disponer del tiempo de las personas como si fueran piezas reemplazables destruye la vida familiar y el equilibrio emocional”.
El titular de la CGT provincial advirtió que la eventual flexibilización de las indemnizaciones o licencias médicas “ataca la dignidad humana”.
Según dijo, “tocar cuestiones sensibles como la salud, las vacaciones o el aguinaldo es desconocer la condición humana del trabajador”.
Rechazó además los intentos de desprestigiar a los sindicatos: “No son los gremios los que funden las industrias, sino la carga impositiva excesiva que ahoga al país. Hay que decir la verdad al pueblo y no mentirle más”, sostuvo.
Llamado al debate
Los tres dirigentes coincidieron en que la discusión laboral debe realizarse sin miedo, con responsabilidad y en defensa de los derechos conquistados. Ruiz Moreno remarcó que “no hay que temer al debate siempre que se escuchen todas las partes”. Gómez pidió que “la modernización no sea sinónimo de pérdida de derechos”. Giménez aseguró que “los trabajadores van a estar del lado de la justicia social y no permitirán ser esclavizados”.
En un contexto nacional de incertidumbre, el movimiento obrero misionero se muestra en alerta. No descartan movilizaciones o acciones conjuntas si el proyecto avanza sin consenso. Pero, sobre todo, reclaman diálogo y respeto. “Queremos una reforma que mejore, no una que retroceda”, sintetizó Ruiz Moreno.
