La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDiS) se encuentra en el ojo de una nueva tormenta por la detección de la utilización de sellos falsificados en auditorías de pensiones no contributivas (PNC) realizadas en la provincia de Misiones, una situación que se suma a una serie de irregularidades: como notificaciones fuera de término, citas en zonas inaccesibles para las personas con discapacidad, y hasta la quita de pensiones en algunos casos, sin notificación previa ni evaluación al pensionado/a.
La validez del procedimiento entra en aguas oscuras luego de que la semana pasada se detectaran que en San Ignacio y San Pedro las auditorías a las pensiones no contributivas se llevaron a cabo por personal no idóneo de la ANDiS.
Según se denunció, las entrevistas las realizaron supuestos militantes libertarios que no solicitaron documentación a los auditados, sin ningún profesional médico en los lugares citados, incluso con el sello de un doctor que denunció la falsificación de su sello y firma.
“Nos encontramos a lo largo y a lo ancho de la provincia con auditorías irregulares de pensiones no contributivas. Es una situación muy lamentable”, indicó en la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Soledad Varela, especialista en discapacidad.
Varias irregularidades y un trato “inhumano”
La licenciada Varela explicitó que “nos encontramos con que cuando citan a las personas, para justamente revalidar la pensión, lo hacen en lugares, primero y principal, que son inaccesibles, lugares que son bastante extraños porque lo citan en el medio de una ciudad, en un hostel, en un restaurant, en lugares que no tienen que ver con un procedimiento que debería ser ordenado y que debería ser de manera regular”.
En estas auditorías se debe corroborar que la persona que está recibiendo la pensión, realmente reúne las condiciones y los requisitos para cobrarla, pero no se está haciendo: “cuando las personas se presentan, no les piden documentación, no hay justamente un chequeo de documentación, no hay médicos tampoco que se presenten en el lugar y en el momento para verificar documentación. Lo que hacen es que le entregan una nota, un papel, que ya está firmado por una persona que supuestamente es un médico y en el papel dice que dentro de los 30 días deberán remitir la documentación a la Agencia Nacional de Discapacidad y dan una serie de alternativas para enviar la documentación, pero en el lugar no hay nada más que eso”, advirtió Varela.
“La verdad es que hay personas que realmente van en condiciones muy lamentables, porque hay personas en sillas de rueda que les cuesta trasladarse, hay personas que vienen de muy lejos, que quizás viven en zonas inaccesibles y les cuesta un montón trasladarse, no todas las personas con discapacidad tienen un familiar que los pueda trasladar también y eso nadie lo contempla, el trato que estamos recibiendo en el sector de parte del Gobierno Nacional realmente es inhumano y es inhumano desde el principio de la gestión de este gobierno, pero con esto creo que sale a la luz las cuestiones que están sucediendo”, apuntó.
Varela reiteró la “falta de humanidad” de Nación. “Una pensión no contributiva por invalidez laboral hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de una pensión que ni siquiera llega a los 300.000 pesos, ¿quién podría vivir con este ese monto?”, se preguntó.
Incertidumbre, un golpe mental y físico para los pensionados
En ese marco, dijo que el sector discapacidad está expectante y con los ojos bien abiertos por lo que pueda pasar porque “realmente la cantidad de gente que se ha presentado en esos lugares para intentar revalidar su pensión y que no se las corten, es muchísima, y hablamos de personas con diferentes tipos de discapacidad: personas con discapacidad más severas, que en definitiva cuando se encuentran con un procedimiento así, realmente se ven muy afectadas anímicamente, emocionalmente y físicamente”.
A esto, apuntó Varela que las personas que acuden a las auditorías “se van de esos lugares sin saber qué va a pasar, sin saber si realmente van a respetar la pensión que hasta el día de hoy reciben o si se les van a cortar de manera discrecional, porque en muchos casos fue así. En muchos casos se ha cortado sin que hayan recibido las dos cartas documento previas, sin previo aviso y se enteraron cuando fueron intentaron ir a cobrar y se encontraron con que no había no tenían fondos. Y en muchos casos ese es su único ingreso”, apuntó.
En muchos casos, comentó, “cuando fueron a corroborar de casualidad -porque se empezaron a enterar por esto que es de público conocimiento- le dijeron ‘sí, pero a vos ya te mandaron’ y al verificar el domicilio, mandaron a un domicilio que no tenía nada que ver, que eran en calles paralelas. Me tocó a acompañar un caso de una persona que ya vive hace varios años en Misiones, antes vivía en en otro lugar, y todavía la Agencia tenía el domicilio desde hace 4 años atrás, que era en otra provincia y no estaba actualizado”, ejemplificó.
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Falta de inclusión
En otro tramo, Varela apuntó contra la ANDiS por la falta de inclusión a la hora de convocar a las auditorías y de respuestas para que revea el mecanismo implementado. A pesar de las presentaciones, ya sea individuales o a través del Consejo Provincial de Discapacidad, no hay respuestas. “hemos tratado de comunicarnos de diferentes maneras con la Agencia Nacional de Discapacidad y pedir explicaciones, pedir que se revea el proceso de auditoría, que se contemple todos los tipos de discapacidad, de hacer entender de que cuando estamos hablando de que hay una persona ciega que quizás no tenga familia, ¿cómo hace para leer una carta documento?, ¿qué pasa con las personas con discapacidad múltiple?, ¿qué pasa con las personas con discapacidad cognitiva?”, expuso.
Entonces, “si solamente vos pones una herramienta para justamente tratar de chequear estas pensiones que estén llegando a quiénes corresponde y no contemplás diferentes realidades, entonces realmente yo lo que creo, por la experiencia que tengo en la temática, que lo que se trata de hacer una quita masiva de pensiones. Y en ese en ese contexto, lamentablemente, hoy estamos viendo que están cayendo también personas con discapacidad y personas con discapacidad visible, que se ve, que se palpa y que se puede fácilmente corroborar”, resaltó.
Acciones legales de la provincia y precedente nacional
La provincia de Misiones ha presentado un amparo judicial ante el juzgado federal. “El objetivo es que se revierta el procedimiento de auditorías, se verifique la manera en que se llevarán a cabo, y se dé de alta nuevamente a las pensiones de personas con discapacidad que fueron dadas de baja de manera incorrecta y cuya pensión es su única fuente de ingreso”, apuntó Varela al respecto.
“Acá no estamos hablando de colores políticos, sino de derechos humanos. Una pensión por invalidez no llega a los 300 mil pesos. En muchos casos viven en una situación muy complicada y con varios tratamientos, medicaciones que tomar. Entonces, la vida de una persona con discapacidad es muy compleja y cuanto más compleja es la discapacidad, más compleja es de llevar adelante. Entonces, creo que que esto es necesario”, aseguró.
Finalmente, Varela consideró que lo que ocurra en Misiones puede sentar un precedente en todo el país: “Esperamos que este caso marque un antes y un después. Lo que está en juego es la humanidad con la que se trata a las personas con discapacidad. No se puede seguir vulnerando derechos de esta manera”, cerró.
