En Misiones, beneficiarios y organizaciones sociales denunciaron graves irregularidades en las “auditorías” de Pensiones No Contributivas por Discapacidad que se están llevando adelante en distintas localidades de la provincia, entre ellas San Ignacio y San Pedro.
Las revisiones, convocadas mediante carta documento, se realizan en el marco del proceso impulsado por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI. Sin embargo, de acuerdo a las denuncias, los procedimientos presentan múltiples falencias que ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad.
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Según testimonios difundidos en redes sociales, como la palabra del Consejo Provincial de Discapacidad Misiones, las auditorías habrían sido realizadas en San Ignacio, por personas sin formación médica, entre ellos militantes de La Libertad Avanza contratados para atender a los convocados. “Reciben a la gente, no le piden documentación médica y entregan un comprobante con firma de médicos y les dicen que “solo es una entrevista”, no garantizaron la accesibilidad ni la salud de las y los titulares de Pensiones No Contributivas”.
Además, se cuestiona que no se garantizó la accesibilidad ni la atención adecuada para las y los titulares de pensiones. En total, al menos 140 personas fueron convocadas bajo estas condiciones.
Distintas voces advierten que esta situación no solo vulnera los derechos de los titulares de pensiones por discapacidad, sino que también afecta al conjunto de la comunidad, ya que impide conocer si efectivamente existen pensiones irregulares o si el procedimiento responde a otros fines. Días atrás se había propuesto en los últimos días que se brinde información pública clara sobre los días y lugares de atención, que se incorpore un canal accesible de consultas a través del chatbot TINA y que se otorguen prórrogas en los plazos de entrega de documentación médica, ya que los 10 a 15 días establecidos resultan insuficientes para conseguir turnos y estudios en el sistema público de salud.
“El gobierno nacional es responsable de la aplicación de estas auditorías: la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y el PAMI”, señalaron desde el CoProDis que tiene al frente a Tatiana Antúnez.
