La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner generó un vendaval de reacciones en toda Argentina. En Misiones, fue el Partido Agrario y Social (PAyS) el primero en salir al cruce, al encabezar el repudio desde el sector nacional y popular con un comunicado categórico: “La proscripción de Cristina Kirchner es un ataque a la democracia y a los derechos políticos de millones de argentinos”.
La fuerza conducida por Héctor “Cacho” Bárbaro denunció “un fallo político, amañado y sin pruebas” y llamó a alzar la voz “contra este atropello que pretende callar las voces opositoras a este régimen que deteriora cada vez más la calidad de vida del pueblo”. El documento exige respeto a la voluntad popular, justicia imparcial y una democracia sin restricciones ni exclusiones. “¡No a la proscripción! ¡Sí a la democracia!”, concluye.
La contundente posición del PAyS se da en un contexto donde los partidos del campo popular se reconfiguran frente a una avanzada judicial que, según múltiples actores, busca disciplinar a la oposición en un año clave. Para el espacio agrario y social, esta condena no solo afecta a una dirigente política sino que “instala un precedente peligroso de utilización del Poder Judicial como herramienta electoral”, según señalaron dirigentes en una gacetilla.
En tanto, el dirigente renovador Roque Gervasoni, con raíces peronistas, exdiputado y presidente del IMaC, fue contundente: “Si se meten con uno, se meten con todos. Más allá de las diferencias con Cristina, mi solidaridad con la compañera. No a la persecución política y judicial”. Fue uno de los pocos renovadores que se pronunció al respecto.
Incluso desde fuerzas con posturas críticas hacia el kirchnerismo como el Partido Obrero, se sumaron al rechazo de la proscripción.
Los referentes misioneros del PO difundieron un comunicado firmado por Gabriel Solano, Vanina Biasi y Néstor Pitrola, señalaron que “los fallos judiciales responden a intereses electorales” y no a un genuino combate a la corrupción. Aunque remarcaron que Cristina es “responsable de los hechos de corrupción” durante su gobierno, apuntaron que su exclusión del escenario electoral sirve a los fines de la derecha, que “necesita polarizar para sobrevivir”.
Como parte de una reacción federal, se lanzaron convocatorias a manifestaciones en plazas de todo el país. En Misiones, la plaza 9 de Julio fue designada como punto central de encuentro. Bajo el lema “Si condenan a Cristina, todos y todas a las plazas de Misiones. #TodosConCristina”, diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron en defensa de los derechos políticos y la democracia. Pero en la fría noche del martes no reunieron más de 50 personas.
“La dictadura judicial”
Otro de los pronunciamientos más firmes llegó del referente del peronismo camporista, Gonzalo Costa de Arguibel, quien advirtió que la resolución de la Corte representa “la consagración de un sistema de persecución de dirigentes opositores mediante causas armadas, medios de comunicación cómplices y tribunales subordinados al poder real”. El dirigente, que proviene de familia peronista y fue postulante a presidir el PJ sostuvo que “la dictadura judicial ya está en marcha” y llamó a los sectores populares a mantenerse en estado de alerta.
Además, desde la organización Argentina Humana y el espacio Patria Grande, el militante social Joel Ruberto consideró que “la democracia está rota” y planteó una reflexión sobre cómo el poder judicial se mezcla peligrosamente con el poder político. “Ahora con lo de Cristina, la conclusión que sacamos es que se está definiendo quiénes pueden competir electoralmente, no en base al voto popular, sino a decisiones judiciales”, señaló.
Unidad popular en alerta
Desde el Partido Justicialista de Misiones, el congresal nacional Raúl Arévalos emitió un mensaje enérgico: “Este no es un mes cualquiera para el peronismo. Hoy, tanto el gobierno de Milei como el poder económico y los tres jueces de Macri buscan proscribir a la principal figura del movimiento nacional”. En una extensa declaración, llamó a la militancia peronista a “mantenerse en estado de alerta y movilización permanente” y sostuvo que “la defensa de Cristina y de nuestra Patria son una misma lucha”.
“El peronismo se va a reorganizar y vamos a ganar”, anticipó Arévalos, quien además destacó que “Cristina es la principal referente de quienes ven vulnerados sus derechos y avasallado el futuro de la Patria”.
Desde el Partido Solidario, Julia Perié tildó la decisión judicial como un “mamarracho jurídico y vergüenza política”. La referente cuestionó que la Corte “saca de la cancha” a la principal opositora del gobierno de La Libertad Avanza y consideró que la sentencia tendrá “consecuencias impensadas para el futuro democrático del país”.
Gremios y organizaciones
El dirigente de Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, denunció que la Corte “selló su complicidad con el poder real” y calificó la condena como “un monumento a la injusticia”. Sereno agregó que el lawfare no es una teoría sino “una práctica sistemática que vuelve a quedar al desnudo”.
Por su parte, la CTA Autónoma de Misiones emitió un comunicado en el que se declaró en estado de “alerta y movilización en defensa de la democracia”. La central sindical señaló que “la utilización de la Justicia por parte de los poderes fácticos en Argentina, el armado de causas como forma de persecución – tal el caso de la llamada ‘Causa Vialidad’ y los últimos nombramientos ‘a dedo’ de integrantes del máximo tribunal argentino muestran el deterioro de la calidad institucional en nuestro país y deslegitiman al Poder Judicial como garante de transparencia e imparcialidad”.
La Central agregó que el fallo “muestra la fragilidad institucional del país” y acusó al Poder Judicial de haberse convertido en un instrumento del poder fáctico. “No se trata de un fallo legal, sino de una maniobra persecutoria y proscriptiva”, concluyeron.
Desde el movimiento Libres del Sur de Misiones, los referentes también repudiaron el fallo. En un comunicado, señalaron que la sentencia contra Cristina “posee una clara e indiscutible intencionalidad política”, en contraste con la inacción judicial frente a los delitos cometidos por el expresidente Mauricio Macri.
“No es casual que la Justicia no haya condenado en ninguna instancia a Macri, mientras que dos de los jueces de la Corte fueron puestos a dedo por su gobierno. Como decía el Martín Fierro: ‘La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja’”, afirmaron.
El espacio planteó que la democracia argentina atraviesa una etapa crítica y reivindicó experiencias como la mexicana, donde los jueces de la Corte son electos por voto popular, como mecanismo para transparentar el sistema judicial. “No es casual por ello, que un gobierno progresista como el que tiene hoy México haya reformado su Constitución y resuelto que los jueces, incluyendo los del máximo tribunal, deben ser electos por el voto de la ciudadanía y por un determinado período de tiempo. Es una manera concreta de que deje de ser una ficción y se transforme en una realidad la independencia de la Justicia”, expresó.
En la misma línea, el referente social Raúl Aramendy denunció que “este gobierno es cada vez más dictatorial” y definió la situación actual como una “dictadura de extrema derecha, criminal, que mata a niños, jubilados y persigue a los opositores”.
También rescató el “coraje extraordinario” de CFK por mantenerse activa políticamente y convertirse en un símbolo de resistencia.
Resistencia a la proscripción
El fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner reactivó en Misiones los reflejos combativos de amplios sectores del campo nacional y popular. Desde el Partido Agrario y Social hasta organizaciones kirchneristas, sindicales, sociales, de izquierda y del peronismo ortodoxo, el repudio fue transversal. Todos coinciden en una alerta común: el uso del Poder Judicial para condicionar la democracia y acotar la participación popular representa una amenaza que trasciende los nombres propios. En un clima de creciente tensión institucional, Misiones se suma a la resistencia nacional contra lo que muchos ya llaman sin ambages “proscripción”.
