La empresa Servicios Urbanos SA (SUSA), firma parte del Grupo Z que controla el servicio metropolitano de colectivo urbano en Posadas, Garupá y Candelaria, comenzó el 2025 plagada de cuestionamientos y denuncias, que llevaron a pedir que le retiren la concesión exclusiva que posee en la emisión de las Tarjetas SUBE Misionero.
La primera gran polémica del año la dio a conocer en exclusiva PRIMERA EDICIÓN cuando se reveló que SUSA cobraba 10.000 pesos por emitir el plástico QR que la Provincia le financia. Además de ese pago, había decidido reducir su validez de un año a solo tres meses.
Como siempre pasa, la decisión de la compañía nunca fue comunicada oficialmente sino que los usuarios se encontraban con la “novedad” cuando llegaban a las oficinas para realizar el trámite.
La noticia tuvo rápido impacto y se metió de lleno en el debate legislativo del Concejo Deliberante. Fue así que a finales de marzo el edil del bloque Juntos por el Cambio, Santiago Koch, presentó un proyecto para quitarle la autorización otorgada a SUSA en razón de la tarjeta SUBE.
La iniciativa se fundamentaba en “razón de los perjuicios ocasionados a los usuarios del transporte público” y pedía “la realización de una auditoría sobre los costos y procedimientos implementados por la empresa SUSA en relación con el Sistema Único de Boleto Electrónico Misionero, a fin de evaluar posibles responsabilidades administrativas y económicas derivadas de las irregularidades detectadas”.
Entre las anomalías, se ponen como ejemplo “largas demoras en la entrega de los plásticos QR y la suspensión temporal de su emisión, lo que ha generado incertidumbre y dificultades para quienes dependen del transporte público a diario”.
“Por otro lado, los reiterados fallos en el sistema de pago por QR han afectado a un número significativo de pasajeros, quienes se han visto impedidos de utilizar el servicio de manera regular debido a problemas técnicos y administrativos. La falta de respuestas efectivas por parte de la empresa ha derivado en múltiples reclamos de los ciudadanos, quienes se ven forzados a afrontar sobrecostos o a recurrir a medios de pago alternativos, como el pago en efectivo a tarifas poco claras”, reza el documento al que accedió PRIMERA EDICIÓN.
Además, añade que “la ineficacia demostrada por SUSA en la administración del SUBE y el perjuicio económico que esto ha generado en los usuarios justifican plenamente la necesidad de que el Departamento Ejecutivo Municipal revoque la autorización otorgada a la empresa para la gestión del sistema de boleto electrónico”.
Otra irregularidad
Todo el escándalo mediático que se generó, obligó a SUSA a rever su decisión, aunque para eso pasaron varios días más.
Según pudo saber este Diario, ahora, a cuando se vence el QR, el usuario tiene que ir a cambiar por un nuevo plástico sin vencimiento. Es gratis y solo si lo tienen que reponer por un motivo mayor como pérdida o rotura se cobran los $10 mil.
Por todo ello es que las aguas parecían haberse calmado y el proyecto iba derecho a “cajonearse”, sin embargo nuevamente la firma volvió a ser noticia.
Como lo contó este diario, el pasado 15 de abril Yésica Quintana, madre de una niña de cuatro años con síndrome de Down, denunció en la comisaría de la Mujer, haber sido víctima de maltrato por parte del personal de SUSA.
La mujer intentó renovar la tarjeta SUBE de su hija, pero fue rechazada a pesar de presentar toda la documentación requerida por la ley.
El personal de la empresa justificó su negativa con una supuesta normativa interna que contradice el marco legal vigente, lo que culminó en la intervención policial para retirar a la mujer junto a sus hijos, uno de los cuales también tiene una discapacidad.
A este incidente se le sumaron numerosos relatos de otros padres, madres y tutores de niños con discapacidad, quienes denuncian un patrón de vulneración sistemática de derechos por parte de SUSA.
Fue así que la Fundación Familias TEA Misiones, en este contexto, solicitó una intervención urgente del Municipio, denunciando que SUSA incurre en prácticas discriminatorias, arbitrarias e ilegales, desconocimiento de la legislación vigente (Ley Provincial N.º 1, art. 18 inc. K) y limitación del derecho a la movilidad de los sectores más vulnerables de la sociedad.
En esta oportunidad, en sus redes sociales SUSA esbozó una defensa de su accionar en el caso de Quintana y reafirmó “su compromiso con la inclusión”. Rápidamente, los usuarios apuntaron contra la firma en los comentarios con más denuncias.
“‘Reafirma su compromiso con la inclusión’. Cuando hice el trámite les pedí por favor el carnet del QR y no quisieron, me mandan a la Municipalidad y de ahí de vuelta al shopping y no hubo caso … ¿Ahí esta tu inclusión SUSA?”, preguntó una usuaria.
Fue así que en la sesión del último jueves, el proyecto contra SUSA resurgió y se pidió un “pronto despacho” en Comisión.
“Desde el 2023 lo pedimos”
Marcos Contreras es presidente la Asociación Defender donde muchas veces los usuarios canalizan sus reclamos ante la falta de soluciones del Grupo Z y las autoridades.
Consultado por este Diario, marcó que desde el 2023 vienen pidiendo el fin de la concesión de SUSA, aunque cuestionó el “oportunismo político” de “personajes que nunca estuvieron en las audiencias” y hoy “levantan la bandera de los usuarios”.
Seguidamente, apuntó contra el “trato inhumano” contra Yésica Quintana y su hija.
“Tenemos que hacer propia la necesidad de la solución de este tipo de conflictos, y el primer elemento que debemos poner en juego para poder solucionar esto es quitar la concesión a una empresa que remarcadamente presenta deficiencia”, criticó.
Luego, prosiguió: “Nos encontramos ante una situación de dejamiento y destrato, de deshumanidad ante una madre, ante la situación de una familia, y ante un servicio que está siendo rentado y que se paga, porque por más que hablemos de un boleto gratuito, sale del bolsillo de todos los contribuyentes. O sea que acá no hay una relación de gratuidad plena, no es un beneficio abstracto. Esto es una contraprestación por una asistencia económica que brinda el Estado y que tiene la obligación de cumplir (…) SUSA y el Grupo Z deben ser erradicados de la provincia porque son un atraso”.
