Mediante el decreto N° 2402, con fecha del 31 de octubre, pero publicado el puen el Boletín Oficial, el Gobierno de Misiones revocó la autorización concedida a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Santa Ana Ltda. para la prestación del servicio de potabilización y suministro de agua potable en esa localidad, tras detectarse múltiples irregularidades en su administración y funcionamiento.
La entidad había recibido un permiso precario para operar el servicio, pero una reciente inspección reveló que incumplió compromisos asumidos, lo que motivó la intervención del Poder Ejecutivo provincial.
A partir de esta decisión, la Municipalidad de Santa Ana asumirá la responsabilidad de la prestación del servicio bajo un nuevo permiso de carácter precario.
La medida busca garantizar la continuidad del suministro de agua potable a la población, en un contexto donde el Ejecutivo local ya se hacía cargo de la mayoría de las operaciones debido a la inacción de la cooperativa, según el decreto que lleva las firmas del gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Adolfo Safrán.
Deficiencias detectadas
El proceso que derivó en la revocación de la autorización comenzó con una inspección realizada el 23 de julio pasado, cuyo informe técnico, fechado el 26 de julio, evidenció serias deficiencias en la gestión del servicio.
La principal irregularidad detectada fue la ausencia de trabajadores propios contratados por la cooperativa, ya que todo el personal operativo y los equipos utilizados para el funcionamiento del sistema pertenecen a la Municipalidad de Santa Ana.
Según el relevamiento, el plantel que opera las plantas de tratamiento y redes está conformado por doce empleados, además de dos administrativos en la sede de la cooperativa.
Asimismo, se comprobó que la compra de insumos para el tratamiento del agua cruda no es realizada por la cooperativa, sino por la Municipalidad de Santa Ana, lo que confirmaría la dependencia de la entidad concesionaria respecto del municipio.
A esto se suma la inexistencia de constancias de pago por el consumo eléctrico, lo que evidenció la falta de capacidad de gestión de la cooperativa.
Otro de los puntos críticos señalados en el informe es el cuadro tarifario vigente, que consiste en una tarifa única de $1.100 por mes para aproximadamente 3.400 usuarios y una tarifa reducida de $600 para jubilados y personas con discapacidad, que abarca a unos 500 usuarios.
Sin embargo, el nivel de cobro efectivo de estas tarifas es apenas del 15%, lo que compromete la sustentabilidad financiera del servicio y dificulta la realización de inversiones para su mantenimiento y mejora.
En términos de infraestructura, se constató la existencia de dieciséis perforaciones en funcionamiento, además de dos plantas compactas metálicas que dependen de una toma de agua ubicada en el río Paraná. No obstante, el estado de esta última instalación fue calificado como precario, lo que pone en riesgo la calidad del servicio.
Ante esta situación, el informe técnico recomendó la implementación de una serie de medidas correctivas.
Falta de cumplimiento
El proceso de transferencia del servicio a la cooperativa se había iniciado en mayo de 2022, cuando, mediante el Decreto N° 1275/22, se ratificó un convenio de ayuda institucional entre el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), la Municipalidad de Santa Ana y la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Santa Ana Ltda. Este acuerdo establece un marco de cooperación para facilitar el traspaso del servicio y garantizar su correcta administración.
En virtud de este convenio, el IMAS se comprometió a proveer insumos para el tratamiento del agua por un período de nueve meses, mientras que la Municipalidad de Santa Ana debía brindar asistencia técnica y aportar adscripto personal durante un plazo de dos años.
A su vez, la cooperativa asumió la responsabilidad de implementar todas las acciones necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio.
Sin embargo, transcurridos los plazos previstos en el acuerdo, la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó, en junio de 2023, un informe detallado sobre las adoptadas por la cooperativa para asegurar la calidad del servicio.
En dicha solicitud se requirió la presentación de documentación clave, como la constancia de inscripción en AFIP, los formularios de aportes previsionales de los últimos tres meses, la nómina de personal contratado, las constancias de pago de ART y facturas de consumo eléctrico, el cuadro tarifario vigente y un detalle de los insumos adquiridos.
Ante la falta de respuesta por parte de la cooperativa, se dispuso la realización de la inspección que posteriormente confirmó el incumplimiento de los compromisos asumidos.
El informe concluyó que, desde el otorgamiento del permiso, la cooperativa no implementó ninguna acción efectiva para garantizar la adecuada gestión del servicio, cuya continuidad dependía enteramente de los aportes municipales.
Decisión del Gobierno
Ante estas irregularidades, el Gobierno de Misiones resolvió revocar la autorización y el permiso precario otorgados a la cooperativa y transferir la prestación del servicio a la Municipalidad de Santa Ana.
El decreto establece que el Municipio asumirá la prestación del servicio bajo un permiso precario, que podrá ser revocado por resolución fundada del Poder Concedente, sin derecho a compensación alguna para el permisionario, en los términos del Artículo 13° de la Ley X – N° 19 (antes Ley 3.391).
Para formalizar la transferencia, el Concejo Deliberante de Santa Ana deberá otorgar la autorización correspondiente, permitiendo así la entrega oficial de las instalaciones a la Municipalidad. Con el objetivo de regularizar y mejorar la prestación del servicio, el decreto establece una serie de acciones a ser implementadas por el Ejecutivo local en el corto y mediano plazo. Entre ellas, se dispone la elaboración de un catastro actualizado de las conexiones existentes
Asimismo, la Municipalidad deberá definir un nuevo cuadro tarifario que le permita obtener los ingresos necesarios para cubrir los costos operativos del servicio de manera sostenible.
¿Podría haber más casos?
Previo al de Santa Ana, la Provincia ya había intervenido en las cooperativas de Bernardo de Irigoyen y Cerro Corá.
No obstante. desde Casa de Gobierno anticiparon a este Diario que no habrá nuevas revocaciones a las concesiones.
