El Gobierno argentino implementó una serie de cambios en la gestión de los derechos económicos de autor, afectando directamente a entidades como la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES) y SADAIC. A través del Decreto 138/2025, se permite a los titulares de derechos de autor gestionar sus derechos de manera colectiva o individual, rompiendo con el rol tradicional de las sociedades de gestión colectiva (SGC).
Este decreto establece que “los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán asociarse a una o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos en forma individual”. Además, permite a los creadores celebrar acuerdos bilaterales sin la intervención obligatoria de las SGC, lo que les da más autonomía en la gestión de sus obras.
Previamente, ARGENTORES era una entidad clave en la gestión de los derechos económicos de autor, especialmente para obras literarias, dramáticas, musicales y cinematográficas. Sin embargo, la nueva normativa otorga a los autores la libertad de acordar directamente con terceros sobre el uso de sus obras.
La normativa también introduce requisitos de transparencia en la gestión de los derechos de autor. Se establece que las sociedades de gestión colectiva deben distribuir los ingresos de manera transparente, con un límite máximo del 30% para gastos administrativos, asegurando que la mayor parte de los ingresos llegue a los autores. Además, se fija un plazo de dos meses para la recaudación y distribución de los pagos, que deben ser proporcionales al uso de las obras.
Para garantizar la eficiencia en la distribución de los derechos, la normativa dispone que los fondos no cobrados en un plazo determinado sean redistribuidos entre los autores representados. Por ejemplo, si transcurridos cuatro meses no se puede individualizar al titular beneficiario, el dinero se distribuirá entre los titulares nacionales y extranjeros representados por la entidad, en proporción a las sumas que hubieren recibido por la utilización de sus obras.
El Ministerio de Justicia asume un papel central en la fiscalización de ARGENTORES, reemplazando al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en esta función. Esto busca simplificar y optimizar el proceso de auditoría y fiscalización, eliminando la duplicidad de funciones entre organismos estatales.
aviso_322760Fuente: Infobae
