El Gobierno nacional concretó una serie de modificaciones a la Ley de Turismo que apuntan a desregular distintas funciones previamente en manos del Estado. Lo hizo a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Este apunta a que el Estado deje de gestionar la producción de servicios en aquellos sectores que no se corresponden con sus “funciones esenciales”. Así, entre otros puntos, se incluye el “financiamiento y capacitación” de la actividad turística.
Además, disolvieron una serie de programas y modificaron deberes y facultades de la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli.
Cambios en la Ley de Turismo: eliminación de dos áreas
Con el Decreto 216/2025, que lleva las firmas de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se establece, en principio, la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística y del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, ambos creados por la Ley 25.997 y sus modificatorias.
De acuerdo con los considerandos, este ente tenía “la responsabilidad de coordinar y garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas de las distintas entidades públicas de nivel nacional con competencias relacionadas y/o afines al turismo”.
Por su parte, el programa apuntaba a “contemplar las inversiones de interés turístico a ser financiadas por el Estado Nacional”.
El Ejecutivo argumenta que las obras públicas turísticas pueden ser desarrolladas por las jurisdicciones locales o la iniciativa privada, sin necesidad de financiamiento del Tesoro Nacional.
Redefinición de funciones de la Secretaría de Turismo
El texto oficial también se ocupa de modificar y definir nuevas funciones y facultades de la autoridad de aplicación de la norma, es decir, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
La justificación principal del Gobierno radica en la necesidad de “eliminar burocracia, optimizar el gasto público, evitar la distorsión del mercado turístico y enfocar la acción estatal en la promoción de la inversión y el desarrollo del sector”, respetando las competencias provinciales y municipales.
Entre las tareas que ya no tendrá asignadas, se incluye elaborar “planes de inversiones y obras públicas turísticas”, “fijar las tarifas y precios de los servicios que preste en todo lo referido al turismo social y recreativo en las unidades turísticas a su cargo”, “fiscalizar y auditar los emprendimientos subvencionados por la Nación, así como los fondos invertidos, que cuenten con atractivos y/o productos turísticos”.
Tampoco estará a cargo de “propiciar la investigación, formación y capacitación técnica y profesional de la actividad”, y de “promover una conciencia turística en la población”.
Nuevas funciones
- Fijar políticas nacionales para promover la inversión y el desarrollo, respetando la planificación federal.
- Proponer reglamentaciones, consultando al Consejo Federal de Turismo y la Cámara Argentina de Turismo.
- Coordinar, incentivar e impulsar la promoción turística a nivel nacional e internacional.
- Controlar el cumplimiento de la reglamentación.
- Gestionar la revisión de disposiciones que dificulten el desarrollo turístico.
- Favorecer el intercambio turístico mediante acuerdos internacionales.
- Preparar anualmente su plan de trabajos y presupuesto.
- Administrar el Fondo Nacional de Turismo.
- Fomentar la capacitación técnica y profesional a través de organismos provinciales y municipales.
Nuevas facultades de la Secretaría
Mientras tanto, el decreto también introduce como nuevas facultades, gestionar acuerdos con provincias, municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promover incentivos para la inversión en turismo, y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, entre otras responsabilidades.
“Diseñar y llevar a cabo campañas de marketing y promoción del turismo a nivel interno, utilizando los medios de comunicación gestionados por la Autoridad de Aplicación y/o aquellos que no generen ninguna erogación al Estado nacional”, establece el texto.
“Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”, agrega el decreto de Milei.
