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Marcelo Pérez: “El uniforme no puede ser usado para delinquir ni asociarse para cometer delitos”

El ministro de Gobierno apuntó contra los efectivos acusados de "sedición y conspiración", en un mensaje grabado que realizaron en conjunto los titulares de los tres Poderes del Estado provincial, junto a los jefes de Policía y Servicio Penitenciario.

20 septiembre, 2024

Los tres poderes del Estado misionero y la cúpula de la Policía se unieron este viernes para “defender a la democracia” y apuntar contra los ochos efectivos de la fuerza provincial- siete activos y uno retirado- que fueron detenidos acusados de “sedición y conspiración”.

El video se grabó esta tarde una vez que el ministro de Gobierno Marcelo Pérez regresó de Buenos Aires, donde participó de una reunión del Consejo de Seguridad Vial Federal.

El lugar elegido fue la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y se ubicaron en la primera fila el gobernador, Hugo Passalacqua; el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; el ministro Pérez y, detrás, los jefes del Servicio Penitenciario Provincial, Valeria Mereles y de la Policía de Misiones, Sandro Martinez.

En el mismo, el gobernador Passalacqua sostuvo que “tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones, el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”.

“Cuando eso se rompe, se distorciona, nos invita y obliga a la acción para que todo siga funcionando con normalidad. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, nuestro mandato”. agregó.

Luego, tomó la palabra Pérez quien marcó que “a raíz de una denuncia penal realizada por un oficial de policía respecto a otro oficial de policía que lo había llamado para realizar actos conspirativos y atentar contra el orden social, el doctor Verón ordenó la detención de ese oficial y el secuestro de su celular”.

 

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“De las pericias realizadas en ese celular, el doctor Verón determinó a priori que un grupo de funcionarios con rango policial y con estado policial se encontraban en situación de conspiración para realizar actos sediciosos, alterar contra la paz social, provocar disturbios, socavar la cadena de mando policial y en caso de ser responsables deberán rendir cuentas ante la justicia penal”, agregó.

El Ministro advirtió “que el uniforme no puede ser utilizado para delinquir ni para asociarse para cometer delitos. El uniforme no debe ser manchado y debe trabajar en pos de la seguridad de todos los misioneros”.

Sobre la finalidad del mensaje, el funcionario aseguró que “es para ratificar el cumplimiento irrestricto de las normas, que no pueden ser torcidas ni forzadas por nadie. Como dijo nuestro Gobernador, Misiones es una tierra de consensos y de convivencia, de dialogo y de paz social”.

 

“Organizarse para cometer delitos está lejos de ser una opinión”

Comisario general Sandro Martínez, jefe de la Policía de Misiones.

El jefe de la Policía de Misiones, Dr. Sandro Martínez, salió al cruce de las críticas de legisladores de la oposición publicadas en las redes sociales sobre el intento de coartar la libertad de expresión y reclamo salarial que habría detrás de las medidas.

Es que dirigentes de la UCR y el PRO cuestionaron la investigación judicial. Hasta llegaron a asegurar que se aplicaba un modelo similar a Venezuela de encarcelamiento a quienes criticaban al Gobierno provincial.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero, Sandro Martínez apuntó: “No entiendo cuál es el motivo de esa opinión. Acá hay una denuncia, un análisis realizado por un órgano que no es de la Policía, donde el juez consideró distintos elementos, y son de público conocimiento algunos chats que han trascendido”, afirmó.

“No tiene nada que ver con Venezuela ni mucho menos. Me parece que la opinión, la libertad de opinión está garantizada. Todo el mundo puede opinar pero el hecho de organizarse con el fin de cometer delitos está lejos de ser una opinión. Estamos frente a una investigación de delitos graves, que pone no solamente en riesgo de la institución policial en sí, sino de la sociedad misionera”, sentenció.

En cuanto a la supuesta confusión de los detenidos respecto a la gremialización de las fuerzas de seguridad para poder protestar con reclamos salariales o laborales tras el acampe de mayo, Martínez reiteró: “La Mesa se la reconoció y, a través del diálogo, hubo varias reuniones. La cuestión salarial es un problema nacional. Nosotros los policías no podemos tener sindicatos o gremios, no solamente por lo que dice el Jefe de Policía, sino porque la Organización Internacional del Trabajo lo limita. Nuestra función es esencial, no podemos parar ni tener estos espacios de discusión en cuanto a la parte salarial”.

Martínez arriesgó que se está frente “a un grupo reducido de expolicías”, lo que puede anticipar el final laboral de los detenidos.

Insistió en que “esto no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en mayo, es una causa aparte, es una denuncia que se tomó el sábado y entendemos como Policía que ningún efectivo va a avalar este tipo de situaciones. Han trascendido audios por Whatsapp que mostraron que este grupo de personas tenían el único fin de cometer delito. Creo que a lo largo y ancho de la provincia, los efectivos no van a respaldad ni comprometerse con este tipo de situaciones”.

Para Sandro Martínez, las propuestas de cometer delitos como las que trascendieron en los chat del grupo “Solo Cola”, “están muy alejados del pensamiento de un efectivo policial y la Justicia hizo lo que tenía que hacer”.

 

Siete en Posadas, uno en Cerro Azul

La lista de los detenidos en la causa judicial que se investiga un intento de sedición y conspiración estuvo encabezada por el oficial Diego Hernán Correa, cuyo celular secuestrado y peritado determinó la existencia del grupo de Whatsapp “Solo Cola”, con mensajes de planificación de hechos vandálicos y delitos que iban a ejecutar esta semana.

Se sumaron el jueves por la noche el oficial ayudante Elias Coutto; el oficial ayudante Ivan Arrieta; el sargento Ramón Arrieta; el sargento Lisandro Cantero; el sargento Joaquín Orrego; el cabo primero Adolfo Girula y el suboficial Mayor (retirado) Ramón Oscar Amarilla que se entregó a la medianoche del jueves.

Respecto a la situación de los 8 detenidos, el jefe de la Policía “se avanza en la cuestión administrativa” para lo cual solicitaron al juez Verón una copia del expediente. “Estamos trabajando con el personal de Jurídicos y Asuntos Internos y probablemente en los próximos días tendremos resoluciones administrativas”, dijo.

Agregó que podrían ser echados de la Policía: “Están en situación pasiva, por eso queremos acceder al expediente. En caso de haber elementos probatorios, vamos a solicitaron la destitución o exoneración de la institución policial. Estamos trabajando en ese sentido en este momento”, admitió.

Sobre la posibilidad que haya más detenciones, sostuvo que dependerá de la actuación judicial del magistrado Verón. Aunque advirtió que la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) sigue analizando el contenido de los celulares secuestrados y podrían surgir novedades de un momento a otro.

Sobre la presencia ante el juez Verón tanto de Correa como de Amarilla, el titular de la Policía de Misiones contó que “tengo entendido que a Correa se le notificó la denegatoria de la excarcelación y volvió a la celda de la Comisaría Segunda. Y el suboficial retirado Amarilla, no se si declaró o no, pero fue trasladado al penal de Cerro Azul que se está haciendo en este momento. Seguramente es por una cuestión de seguridad y se están dando cumplimiento a la manda judicial”.

 

“Queremos sacar a estos delincuentes de la fuerza”

Finalmente, Martínez envió un mensaje a los efectivos policiales de la provincia: “Debemos seguir trabajando. Debemos revertir este tipo de situación y mostrar a la sociedad misionera que elegimos esta vocación de servicio y que el 99,9% de los efectivos que hicimos eso, hoy está trabajando, está en lugares muy lejanos con pocos recursos, haciendo Patria y sirviendo a la sociedad”.

Trajo a colación el caso del policía al que encontraron con más de mil kilos de marihuana: “También será destituido, exonerando sin mayores trámites. Lo dijimos desde el principio de la gestión: queremos sacar a estos delincuentes de la Policía y pedimos la ayuda al periodismo y a la sociedad”.

Y cerró diciendo que “esto se revierte con trabajo, es la única forma de hacerlo”.

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Tags: Hugo PassalacquaMarcelo PérezPolicía de MisionesPolicías y expolicías detenidosSedición y conspiración
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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