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Proyecto Bien Restituido: buscan que activos de delitos sean volcados a diversos fines sociales

Lucas Manjón, coordinador de Bien Restituido de la ACIJ explicó a FM de las Misiones detalles del proyecto.

30 agosto, 2024

“El Proyecto Bien Restituido” para el demantelamiento patrimonial del crimen organizado y el fortalecimiento de la sociedad civil, es una una iniciativa por demás loable y viable a nivel país. La misma busca que activos —autos, barcos, casas, campos, aviones— que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales.

El programa está financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementado por Libera (Italia), el Círculo Giuridico di Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Multipolar.

La idea de las organizaciones impulsoras es que tenga un marco legal: para eso se presentó un proyecto de ley al Congreso.

Para conocer más acerca de este Proyecto de Ley de “Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados”, Lucas Manjón, Coordinador de Bien Restituido de la ACIJ, brindó detalles del mismo en un contacto con la FM 89.3 Santa María de las Misiones.

“Esta es la segunda vez que se presenta en el Congreso este Proyecto de Ley. La primera vez fue en 2022 y en 2024 perdió estado parlamentario, por lo que lo volvimos a presentar ahora. En 2022 lo habían firmado un total de 20 diputados de unos seis bloques; y ahora en mayo pasado ya lo firmaron unos 40 diputados de nueves bloques diferentes y estamos mejores encaminados que dos años atrás”, detalló Manjón.

“Ahora estamos al pendiente si los presidentes de las distintas Comisiones intervinientes, como ser la de Seguridad y Justicia, nos llamen a las reuniones informativas para brindarles las explicaciones pertinentes”, añadió.

Asimismo, se le preguntó a Manjón, ¿Se sabe o se tiene conocimiento en valores económicos los activos de la justicia en la Argentina, los cuales a la postre podrían ser reutilizados con fines sociales si este proyecto de Ley avanza?. “No se puede decir una cifra de los activos que hoy tiene la justicia argentina, ya que no hay un inventario real de los activos. Hay un inventario que lleva adelante cada Juzgado, un inventario que aglutina la Corte Suprema y un inventario que posee el Ministerio de Justicia, el cual no coincide con el que tiene la Corte; y eso ya es todo un problema”.

Pese a ello, “un equipo económico de la SAIJ trabajó estos tres últimos años en la recopilación de datos solamente de vehículos pertenecientes a causas federales, y el cálculo aproximado nos dio una cifra de: 100 mil millones de pesos. Todavía nos faltan recopilar: inmuebles, campos, departamentos, galpones y casas, entre otros”.

Además, agregó que “Hay un tema  que nos pareció importante también como lo son los granos (maíz-soja), en las zonas de fronteras, donde algunos jueces logran disponer qué hacer con esos granos de contrabando, esos granos se pudren, lastimosamente, porque no tienen un organismo a quién entregárselos”.

En otro tramo de la charla, se habló de los remates judiciales y al respecto este especialista recordó que “Solamente una ínfima parte de lo secuestrado va a remate judicial. Además, generalmente el remate es al 50 por ciento del valor de mercado de esos bienes incautados”.

De igual manera, aclaró que “hay algunos bienes que sí o sí deben ir a remate, al valor que sea, ya que son muy costosos en lo que se refiere a mantenimiento por parte del Estado. Hablamos de aviones, barcos o autos de alta gama. Si no se rematan en el corto plazo generan un gasto para el Estado y se  echan a perder. Pese a ello, el porcentaje de remate es muy bajo”.

Por otra parte, en cuanto a la reutilización de los bienes de decomisados por la justicia en favor de ayudas sociales hay un modelo a nivel mundial a seguir, y  Lucas Manjón recordó que “El modelo a nivel mundial a seguir es el de Italia, que en 2025 va a cumplir ya 30 años. No todos los bienes los reutiliza el Estado en dicho país europeo. En la Argentina queremos hacer algo similiar que no todos los bienes los reutilice el Estado, sino más bien el Estado y la sociedad civil.”

“Hasta el momento en Italia se reutilizaron unos 60 mil inmuebles y en el Estado logró recuperar unos 40 mil millones de euros, nada menos. Esta Ley está vigente desde 1995 en Italia. Si nosotros logramos que se sanciene esta Ley seríamos el segundo país en el mundo, despues de Italia de reutilizar estos bienes decomisados por la justicia”, remarcó.

 

 

 

Tags: FM 89.3ItaliaJusticiaLucas Manjón
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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